Minería ilegal, narcotráfico y tala clandestina avanzan de manera articulada en Ucayali, Loreto y Madre de Dios. Advierten que estas actividades no solo destruyen los ecosistemas, sino que también incrementan la inseguridad y ponen en riesgo a las comunidades amazónicas.

La expansión de las economías ilícitas en la Amazonía peruana constituye una amenaza que va más allá de la destrucción de los recursos naturales. La minería ilegal, el narcotráfico y la tala clandestina avanzan de manera articulada, generan inseguridad y afectan directamente la vida de las poblaciones que dependen de los bosques y ríos.

Durante un análisis sobre la situación ambiental del país, se cuestionó la falta de coordinación entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, señalando que sus constantes enfrentamientos terminan perjudicando a la población y retrasando las decisiones que el Perú necesita para proteger sus recursos naturales. También se expresó preocupación por la aprobación de normas que, bajo argumentos de formalización o promoción de actividades productivas, podrían terminar favoreciendo a organizaciones que operan al margen de la ley.

En ese sentido, se remarcó que la agricultura debe desarrollarse de manera sostenible, sin promover la destrucción de los bosques ni poner en riesgo la biodiversidad. No se trata únicamente de generar ganancias económicas, sino también de proteger recursos naturales cuyo valor es invaluable para las futuras generaciones.

La preocupación se extiende a diferentes territorios amazónicos. Si antes Madre de Dios era uno de los principales focos de atención por la minería ilegal, ahora esta actividad también alcanza a los ríos de Loreto y Ucayali. A ello se suma la extracción y comercialización de madera que, según lo señalado, estaría saliendo de Ucayali sin ser debidamente declarada. Asimismo, se alertó sobre el crecimiento del narcotráfico en zonas alejadas, donde las condiciones geográficas favorecen los cultivos ilegales y dificultan la intervención de las autoridades.

Uno de los aspectos más preocupantes es que estas actividades no funcionan de manera aislada. Por el contrario, pueden compartir financiamiento, logística, transporte e infraestructura. Se mencionó como ejemplo el uso de avionetas y vías de acceso para facilitar tanto el traslado de oro como de productos vinculados al narcotráfico. También se advirtió que la construcción de carreteras sin una adecuada planificación y fiscalización puede facilitar el ingreso de maquinaria, combustible e insumos utilizados por las organizaciones ilegales.

En ese contexto, se recordó el impacto de la carretera Interoceánica en Madre de Dios. Si bien esta infraestructura representó una oportunidad de integración comercial, también facilitó el ingreso de recursos utilizados por la minería ilegal, evidenciando la necesidad de que las grandes obras estén acompañadas de mecanismos efectivos de control estatal.

Otro problema señalado es que la capacidad logística y presupuestal de las organizaciones ilegales muchas veces supera la capacidad de respuesta del Estado. La Policía, la Marina y el Ministerio Público enfrentan dificultades para intervenir en zonas alejadas debido a la falta de embarcaciones adecuadas, equipamiento, personal y recursos económicos. Esta situación permite que las organizaciones consoliden su presencia en territorios donde las autoridades tienen dificultades para llegar.

La expansión de estas actividades también está relacionada con el incremento de la inseguridad ciudadana, con delitos como extorsiones, homicidios y robos agravados. Las comunidades nativas, por su parte, enfrentan una situación de vulnerabilidad, pues algunas terminan siendo presionadas para facilitar las actividades ilícitas o incorporarse a ellas ante la falta de oportunidades económicas y la presencia de organizaciones que utilizan sus territorios y recursos.

Finalmente, se sostuvo que la respuesta del Estado no debe limitarse a operativos e interdicciones contra la minería ilegal, el narcotráfico y la tala clandestina, sino que debe incorporar educación ambiental, inversión social y oportunidades económicas sostenibles para las comunidades amazónicas.

En esa línea, se destacó que el mensaje de la Iglesia católica sobre el cuidado de la naturaleza y la protección de la Amazonía no debe interpretarse como una posición política, sino como un llamado que involucra a toda la sociedad. El respeto a los recursos naturales, la dignidad humana y la protección de las comunidades amazónicas son responsabilidades compartidas.

Por Karina Garay, Sociedad Zoológica de Frankfurt – FZS Perú