Nunca se había visto en la historia de la Contraloría General de la República que su máximo representante esté metido en un escenario que está entre el político y policial al mismo tiempo. Lo vergonzoso es que, un sujeto que ha demostrado su pusilanimidad hasta niveles escalofriantes, tenga en vilo a un gobierno que nos ha demostrado, también; este gobierno que dice estar compuesto por tecnócratas de lujo cuyo calificativo y eficacia desdice de su valor: un grupo privilegiado que son hijos de la diosa Fortuna y que son puro cascarón. Como diría Jorge Quevedo Chávez: ¿A quién le han ganado?
Lo que ocurre con Alarcón no es más que el exceso del formalismo de la acción política: lo que los sinvergüenzas dicen “el debido proceso” y que es el recurso para esa parafernalia que dilata la toma de decisiones para no prescindir de un tipo que ha demostrado su carencia de moral y escrúpulos. Tanto que, Augusto Álvarez Rodrich, en su columna del viernes pasado en La República, dice: “Alarcón debe ser removido a la brevedad posible porque ha demostrado ser, de muchas maneras, un bribón y un rufián, es decir, una persona sin honor, perversa y despreciable”. Por su parte, Carmen McEvoy, escribe en El Comercio, el sábado pasado, en referencia a lo mismo: “Las patéticas declaraciones de esa vergüenza nacional llamada “´contralor general de la República”. ¿Expresarse peor? Imposible.
Actitudes como las del Contralor es la demostración irrefutable de que es un pobre hombre que no ha comprendido su rol. Desde el inicio de su gestión, con sus declaraciones, su afán protagónico y su irracional figuretismo, su interés de querer coparlo todo, su desesperación por querer poner auditores supervisando las ejecuciones presupuestales ya eran las primicias de un sujeto desubicado, que no había tenido la capacidad de entender la filosofía del Estado y la función pública. Al querer tener a un auditor detrás de todo funcionario respirándole en la, simplemente el pobre y triste Alarcón no había entendido la filosofía del Sistema de Control Interno, que la misma Contraloría viene impulsando actualmente.
La reforma del Estado debe comprender la reforma total de la Contraloría General de la República, como ya muchos insinúan y recomiendan –en donde el caso Alarcón podría ser solo una anécdota y accidente pero que está fregándolo todo–. Dicha reforma no debe limitarse a formas y procedimientos, sino tener como objetivo la creación de un nuevo ciudadano que crea y practique valores, que tenga capacidad para elegir a gente idónea, creando un Estado con metas y destinos para que reine la igualdad, la justicia, aunque soñar no cuesta nada.
Con un Estado moderno, en donde haya más Estado, en donde los ciudadanos podamos ponerle frenos al abuso y las componendas y no permitir que las superestructuras estén a favor de los poderosos, podemos aspirar a tener mejores representantes, evitando personajes siniestros que, como Edgar Alarcón Tejada, pierdan el control, aunque el tipo podría hacer un esfuerzo de decencia y renunciar.