11 ministros en los últimos cinco años y 19 en la última década, reflejo de una institucionalidad deteriorada.

La brecha educativa en el Perú no solo revela carencias históricas, sino también propuestas políticas desconectadas de la realidad fiscal y de ejecución, en un sector golpeado por la inestabilidad y la falta de liderazgo.

El sistema educativo peruano atraviesa una de sus etapas más críticas, marcada por profundas brechas estructurales en infraestructura, calidad docente, equipamiento y acceso a educación superior pertinente. Un reciente informe del Instituto Peruano de Economía (IPE) advierte que, aunque agrupaciones políticas como Fuerza Popular, Juntos por el Perú y Renovación Popular reconocen la urgencia de reformas, sus propuestas carecen de sustento técnico, omiten las restricciones presupuestarias y no plantean estrategias claras de implementación. Todo ello en un contexto de alta rotación ministerial que ha debilitado la continuidad de políticas de los gobiernos, “no existe política nacional de educación”

Uno de los problemas más alarmantes es el estado de la infraestructura educativa. A finales de 2025, alrededor de 27 mil locales escolares, equivalentes al 48% del total, requieren una sustitución total por representar un alto riesgo para 1.2 millones de estudiantes. Esta situación golpea con mayor dureza a las zonas más pobres, donde hasta el 60% del alumnado estudia en condiciones precarias, el doble que en distritos con mayores recursos. Según el Ministerio de Educación (Minedu), la brecha de infraestructura asciende a S/ 172 mil millones, una cifra que equivale a 20 veces el presupuesto anual de inversión proyectado para 2026.

En este escenario, las propuestas políticas parecen desalineadas. Fuerza Popular plantea el programa “Escuelas Seguras” y la construcción de 3 mil nuevas instituciones, una medida cuestionada por su baja eficiencia, considerando que menos del 1% del ausentismo escolar se explica por la falta de centros educativos cercanos. Por su parte, Juntos por el Perú propone reducir la brecha en un quinto al 2031, elevando la inversión al 6% del PBI, una meta considerada inviable frente al actual 0.8%, que implicaría presiones severas sobre la sostenibilidad fiscal. En tanto, Renovación Popular menciona el uso de inversión privada para refacción, pero sin detallar mecanismos concretos ni incluir estrategias formales en su plan de gobierno.

Otro eje crítico es el gasto en remuneraciones docentes. Entre 2021 y 2025, estos incrementos explicaron cerca de la mitad del crecimiento del presupuesto educativo, con aumentos promedio de 5.1% anual, superiores a los de cualquier otro funcionario público. Sin embargo, este esfuerzo no se ha traducido en mejoras en el aprendizaje: en 2024, apenas 3 de cada 10 estudiantes de cuarto de primaria alcanzaron niveles satisfactorios en matemáticas y lectura, según evaluaciones del Minedu. Pese a ello, ninguna de las tres agrupaciones plantea frenar esta tendencia. El caso más crítico es el de Juntos por el Perú, que propone que ningún docente gane menos de 1 UIT (S/ 5,500) y que el 90% sea nombrado, lo que incrementaría significativamente el gasto permanente. Además, las tres fuerzas políticas respaldaron el aumento de pensiones a maestros jubilados, medida que costaría al menos S/ 8 mil millones anuales, de acuerdo con el Consejo Fiscal.

El déficit también se extiende al equipamiento escolar. Para el 22% de los peruanos, según el INEI, este es el principal problema del sistema educativo, incluso por encima de la infraestructura. En respuesta, Fuerza Popular propone adquirir 6 millones de laptops o tablets, pero sin un plan de mantenimiento que garantice su operatividad, en un contexto donde 1 de cada 5 dispositivos ya no funciona, según el Censo Escolar 2025. Ni Juntos por el Perú ni Renovación Popular presentan propuestas concretas en este ámbito.

En educación superior, los avances en cobertura contrastan con una creciente desconexión con el mercado laboral. En 2024, 3 de cada 10 peruanos habían culminado estudios superiores, frente a poco más del 21% a inicios de los 2000. Sin embargo, el porcentaje de egresados que trabaja en ocupaciones que no requieren formación superior ha aumentado significativamente: entre jóvenes de 25 a 35 años, pasó de 46% en 2004 a 57% en 2024. Esta situación se agrava por el debilitamiento de la Sunedu tras la aprobación de la Ley N° 31520 en 2022, respaldada por Fuerza Popular, Renovación Popular y el bloque magisterial, lo que ha facilitado la creación de nuevas universidades sin garantías de calidad.

Fuerza Popular y Juntos por el Perú proponen implementar sistemas de aseguramiento de calidad y alinear la oferta educativa con la demanda laboral, aunque sin detallar mecanismos de articulación con herramientas ya existentes como Ponte en Carrera (2015) y Mi Carrera (2025). Renovación Popular, en cambio, no presenta iniciativas.

En el ámbito de becas, se reconoce su impacto positivo en los ingresos laborales: culminar la secundaria incrementa los ingresos en aproximadamente 13%, mientras que una carrera universitaria los eleva en cerca de 50%. En 2025, Pronabec duplicó los beneficiarios de Beca 18, pasando de 10 mil a 20 mil, y alcanzando un total de 30 mil becas, 1.6 veces más que en 2024. Las tres agrupaciones coinciden en expandir estos programas, aunque con metas ambiciosas: Juntos por el Perú propone llegar a 120 mil beneficiarios al 2031, mientras Renovación Popular plantea ampliarlo a 50 mil y crear el programa Crédito 23 para estudios de posgrado en el extranjero. No obstante, el desafío radica en garantizar sostenibilidad fiscal y calidad educativa en las instituciones.

En este contexto, Carlos Gallardo Torres, gerente general del IPE, advierte que la crisis política ha socavado la institucionalidad. Recuerda que el quiebre se acentuó con la salida del exministro Jaime Saavedra en 2016, y se profundizó con decisiones posteriores que privilegiaron intereses políticos sobre la continuidad de reformas. Incluso durante el gobierno de Pedro Castillo, pese a su origen docente, no se lograron avances significativos en aprendizaje, infraestructura ni meritocracia, concentrándose principalmente en incrementos salariales.

El Perú enfrenta así un escenario donde los principales desafíos – cerrar brechas de infraestructura, mejorar la calidad educativa, fortalecer el desempeño docente y articular la educación con el mercado laboral – siguen postergados. Sin liderazgo político sólido ni propuestas viables, la educación siendo una promesa incumplida. El próximo gobierno tendrá la responsabilidad de romper este ciclo y priorizar una reforma integral que transforme el sistema educativo en un verdadero motor de desarrollo. De lo contrario, la educación seguira siendo, solo una expectativa lejana.