Defensoría del Pueblo. “Preocupa que aproximadamente dos millones de niñas y niños que aún no han sido inmunizadas/os.”
Frente al inicio del año escolar en las escuelas privadas y el retraso en el regreso a clases presenciales en las escuelas públicas, la Defensoría del Pueblo señala.
La costumbre de iniciar el año escolar simultáneamente en las escuelas públicas y privadas, desde los primeros días del mes de marzo, se ha perdido con los años, abriendo una brecha de atención entre estudiantes de ambos sistemas. En efecto, una revisión histórica de las directivas en la materia muestra que el Ministerio de Educación dispuso para el año escolar 2008 que el inicio de clases en escuelas públicas sería el 3 de marzo; en el 2009, el 2 de marzo; y, en los años 2010 y 2011, a partir del 1 de marzo.
Posteriormente, en los años previos a la pandemia, el inicio de clases en los colegios privados se ha mantenido en la primera semana de marzo, pero en las escuelas públicas fue aplazado a mediados del mismo mes. Dicha situación empeoró este año porque el Minedu estableció que las escuelas públicas podrán abrir hasta el 28 de marzo de 2022. En tal sentido, advertimos que el Estado peruano ha ido retardando el inicio de clases para el sistema público. Esto no debe volver a suceder. El inicio del año escolar en el 2023 debe ser simultáneo y desde el primer día hábil de marzo para el sector público y privado, de forma tal que garantice el desarrollo adecuado de aprendizajes en tiempo suficiente.
La grave situación del sistema educativo provocada por la pandemia, requería que el Minedu establezca una normativa que coadyuve a la pronta recuperación de aprendizajes. Para ello debía plantear un calendario escolar que garantizara un regreso a clases presenciales que no genere, en la práctica, una desigualdad en el acceso educativo entre estudiantes de colegios privados, que volvieron el martes 1 de marzo, y estudiantes de escuelas públicas, quienes empezarán hasta el 28 de este mes. Ello significa, prácticamente, un mes de clases presenciales menos para las/os estudiantes de escuelas públicas.
Resulta imperativo cerrar la brecha entre la educación pública y la privada, para lo cual urge realizar todos los esfuerzos lo más pronto posible. Asimismo, es imperioso alinear y articular las acciones de las entidades del Gobierno nacional, regional y local, así como de los gremios, sociedad civil y comunidad educativa, con la finalidad de que el Perú deje de ser uno de los últimos países en la tasa de regreso a clases presenciales y en calidad educativa.
Para cumplir con ello es fundamental que el Minedu actúe conforme al principio de máxima transparencia, de manera que desde el 1 de marzo se rinda cuentas periódicamente sobre las metas, plazos y avances para reactivar la educación presencial completa a nivel nacional, sobre la recuperación de los aprendizajes y el cierre de brechas entre la educación privada y la pública. El Gobierno nacional debe priorizar estas tareas y demostrar eficacia en sus intervenciones, y comunicarlas de manera clara y sincera a la ciudadanía.
La tarea es ardua sin duda. En una reciente supervisión nacional a 212 instituciones educativas públicas, la Defensoría del Pueblo constató deficiencias en la gestión escolar, demora en la entrega de materiales educativos y contratación docente, falta de ejecución de los recursos del programa de mantenimiento y, sobre todo, incumplimiento de las condiciones sanitarias para la reapertura de escuelas como la falta de ventilación, además de insuficiente vacunación de personal docente. Por ello, demandamos a las autoridades educativas hacer su máximo esfuerzo para acondicionar las escuelas.
Finalmente, señala el comunicado, alentamos el pronto regreso a clases -con alegría, esperanza y compromiso- para recuperar los aprendizajes perdidos y los espacios de socialización de niñas, niños y adolescentes. Asimismo, felicitamos a las escuelas que abrieron sus puertas desde el primer día de marzo y a las familias que han vacunado a sus niñas y niños para que estén protegidas/os contra el COVID-19. No obstante, expresamos nuestra preocupación por aproximadamente dos millones de niñas y niños que aún no han sido inmunizadas/os.