El 2024 fue crítico para uno de los ecosistemas más importantes del Perú y el mundo.
En 2024, la Amazonía enfrentó una crisis medioambiental y social que expuso la fragilidad de sus ecosistemas y la indiferencia de sus gobernantes. Incendios forestales sin precedentes, normas que facilitaron la deforestación y el avance inexorable de economías ilegales, principalmente la minería y la tala, han colocado a uno de los pulmones más importantes del planeta en un punto muy cercano al del no retorno.
Diferentes voces, entre ellas, líderes indígenas, defensores ambientales y expertos en derecho y conservación, han coincidido en un diagnóstico sombrío: la selva tropical del Perú se halla al borde de la pérdida irreversible, mientras el Estado peruano permanece de espaldas a uno de los mayores tesoros naturales del planeta.
Julia Urrunaga y César Ipenza resaltaron la urgencia de respuestas efectivas ante la presión de intereses que amenazan la supervivencia de este pulmón del planeta.
La “ley antiforestal”: la chispa que habría incendiado el bosque
En septiembre y octubre de 2024, más de cinco mil hectáreas de bosque ardieron en las regiones amazónicas del país, dejando tras de sí una estela de destrucción en ecosistemas críticos y afectando gravemente a las comunidades locales. Hasta el 24 de septiembre, los reportes oficiales de Indeci dieron cuenta de más de 20 fallecidos, 150 heridos, miles de damnificados y cuantiosos daños materiales. Aunque factores como la sequía, el incremento de temperaturas y los fuertes vientos contribuyeron a la propagación de los incendios, varios especialistas han señalado que el clima no es la única causa detrás de esta tragedia.
La Ley 31973, conocida por sus críticos como la “ley antiforestal”, ha sido identificada como un catalizador clave de este caos. Según Julia Urrunaga, directora en Perú de la Agencia de Investigación Ambiental (EIA), esta norma ha funcionado como un incentivo para que grandes intereses y actores informales prendieran fuego a superficies boscosas con el fin de “limpiar” el terreno y legalizarlo posteriormente, explico Urrunaga:
“Lo que leemos nosotros y un gran sector de expertos es que la ley antiforestal ha sido uno de los factores que ha disparado notablemente, geométricamente, la cantidad de incendios. Se ha convertido en un incentivo para deforestar, para ser titulado y luego legalizar esas tierras” anota.
El informe Parcelando la Amazonía, publicado por EIA en febrero, documenta cómo empresas agroindustriales – alejadas del perfil de “pequeños agricultores” que en teoría eran los principales beneficiarios de la ley 31973 – utilizaron esta normativa para adquirir vastas extensiones de bosque y regularizar actividades que antes eran ilegales, con total complicidad del gobierno peruano. Urrunaga detalla: “Estas empresas venían operando de modo ilegal y no había forma de que pudieran legalizarse con la legislación vigente. La única salida era cambiar la ley”.
Así, la narrativa oficial de que la norma buscaba proteger a campesinos contrasta con los hallazgos de este informe, que muestra cómo importantes intereses económicos hallarían en la nueva legislación una vía para legitimar la deforestación y asegurar futuras inversiones poco compatibles con la conservación de la Amazonía.
Inacción del gobierno frente al pulmón ardiente
Mientras los incendios consumían todo a su paso, las comunidades afectadas clamaban desesperadamente por ayuda. Sin embargo, el gobierno peruano respondió tarde y con mensajes erráticos que profundizaron el malestar. En un primer momento, el entonces premier Gustavo Adrianzén minimizó la gravedad de la situación, afirmando que los incendios no eran “tremendos ni terribles” en comparación con años anteriores y atribuyendo las llamas a “prácticas ancestrales” de las comunidades nativas.
“Tremendos y terribles fueron los incendios de años anteriores, mucho más numerosos y perversos,” declaró Adrianzén en una entrevista con RPP, añadiendo que “los incendios que se iniciaron, casi todos fueron por obra humana” no ameritaban una respuesta urgente.
A pesar de estas declaraciones, la presión de la ciudadanía y de autoridades locales obligó al Ejecutivo a declarar el estado de emergencia días después, aunque de forma limitada, abarcando únicamente las regiones de Ucayali, San Martín y Amazonas. Julia Urrunaga denunció la desconexión del gobierno con la realidad de las comunidades afectadas: “Teníamos a los hermanos de la Amazonía implorando, llorando en redes sociales, clamando por apoyo, mientras el gobierno estaba en negación total”.
La minería ilegal, avanza
La crisis amazónica de 2024 también estuvo marcada por la expansión de la minería ilegal y el narcotráfico. El Reinfo (Registro Integral de Formalización Minera), que supuestamente regularía las actividades mineras, resultó ser, según las denuncias de diversas organizaciones, un camino para consolidar la informalidad:
“El proceso de formalización minera no garantiza un modelo de sostenibilidad; más bien facilita la deforestación y la destrucción nuevamente de este gran ecosistema,” indicó a Infobae César Ipenza, abogado en derecho ambiental, quien actualmente litiga una demanda de inconstitucionalidad sobre este asunto.
La minería ilegal, por otro lado, no sólo contamina ríos con mercurio—afectando irreversiblemente la biodiversidad y la salud humana—sino que promueve delitos asociados como la trata de personas, la explotación laboral y el sicariato. Ipenza advirtió a Infobae que los departamentos de Pasco, Junín, Ucayali y Huánuco se han convertido en “zonas rojas” donde el incremento de la minería ilegal coincide y se retroalimenta con el cultivo ilícito de hoja de coca, con consecuencias mortales para líderes indígenas y defensores ambientales.