Frente a una crisis de confianza sin precedentes, organizaciones de la sociedad civil advierten que no hay espacio para la improvisación política. Piden a la ciudadanía un voto pensado y responsable, y a los candidatos acciones coherentes para enfrentar la corrupción que erosiona la democracia.

En un contexto político marcado por la desconfianza ciudadana y el descrédito institucional, el presidente del Consejo Directivo de Proética, Julio Pérez Albán, lanzó una advertencia durante el evento “Un Perú sin corrupción: diálogo con los candidatos”, organizado por Proética con miras a las Elecciones Generales 2026. Según explicó, el país enfrenta una realidad preocupante revelada por la última Encuesta Nacional de Corrupción, donde casi el 89% de la población considera que el Perú es hoy más corrupto que antes, una cifra que calificó como “lamentable y alarmante para la salud democrática del país”.

El encuentro reunió a representantes de la sociedad civil, especialistas y algunos candidatos presidenciales para discutir doce medidas urgentes contra la corrupción, propuestas que han sido elaboradas durante meses en coordinación con gremios empresariales, academias y organizaciones civiles. La iniciativa busca colocar la agenda de integridad pública en el centro del debate electoral, en un momento en que la ciudadanía exige respuestas concretas frente a uno de los problemas estructurales más persistentes del país.

Durante la actividad, el director ejecutivo de Proética, Jorge Luis Gargurevich, presentó la agenda de reformas por la integridad y la lucha contra la corrupción, subrayando que “todos tenemos un rol por la integridad”, el Estado, el sector privado, los medios de comunicación y la ciudadanía. El objetivo, explicó, es que las propuestas no queden en el papel, sino que se conviertan en compromisos verificables de los candidatos presidenciales que aspiran a conducir el país en el próximo quinquenio.

Uno de los mensajes más críticos provino del presidente ejecutivo de la Asociación Civil Transparencia, Alvaro Fensler advirtió que el escenario político que emergerá tras las elecciones podría redefinir profundamente el sistema de partidos. Según señaló, de los 38 partidos políticos inscritos actualmente, es probable que la gran mayoría pierda su inscripción, quedando entre 2 y 6 agrupaciones con representación real en el Congreso. “Habrá que ver qué tipo de alianzas se construyen en el Senado y en la Cámara de Diputados: si serán alianzas para la integridad o alianzas para la opacidad”, sostuvo.

Fensler remarcó que el éxito de cualquier agenda anticorrupción dependerá no solo de la voluntad política, sino también del fortalecimiento de la sociedad civil y del periodismo de investigación, actores clave para fiscalizar el poder. En ese sentido, recordó que en el país existen tres instituciones especializadas en la lucha anticorrupción, entre ellas Proética y el Consejo Privado Anticorrupción, que desarrollan su trabajo con recursos extremadamente limitados. “Entre las tres organizaciones no llegan ni a 5 millones de soles anuales de presupuesto, lo que evidencia una enorme brecha entre el discurso y el financiamiento real para enfrentar la corrupción”, afirmó.

El representante de Transparencia cuestionó además la escasa participación del sector privado en el sostenimiento de estas iniciativas. “Sin recursos no hay coherencia. Si realmente creemos que la lucha contra la corrupción es prioritaria, el sector privado peruano debe respaldarla con recursos significativos”, indicó, enfatizando que el país necesita pasar de las declaraciones a las acciones concretas.

Otro punto clave es la necesidad de dejar de trabajar de manera aislada, evitando lo que los especialistas denominaron “pequeñas iniciativas isla”. Para los organizadores, el desafío consiste en articular esfuerzos entre Estado, empresas, academia y sociedad civil para construir una política nacional de integridad que trascienda gobiernos y coyunturas electorales.

En medio de un clima de escepticismo generalizado, las organizaciones convocantes recordaron que la lucha contra la corrupción no puede seguir siendo un eslogan de campaña, sino una política pública sostenida. Con el 89% de peruanos convencidos de que la corrupción ha empeorado, el desafío es enorme: recuperar la confianza en las instituciones y demostrar que la política puede volver a ser un instrumento de servicio público.

En vísperas de las Elecciones Generales 2026, el llamado es claro: no más improvisación ni promesas vacías. El país necesita liderazgos con trayectoria, coherencia y compromiso real con la integridad, porque – como coincidieron los participantes – sin instituciones honestas no hay democracia posible ni desarrollo sostenible. Por Beto Cabrera Marina