Hay hombres que, cuando reciben un cargo, no solo estrenan una oficina, una silla giratoria y una tarjeta con su nombre. Algunos parecen estrenar también una fantasía: la de creerse superiores a los demás. Como si el puesto público viniera acompañado de una licencia para hacer lo que les venga en gana.
Y ahí comienza el problema.
Porque una cosa es tener autoridad y otra, muy distinta, creerse dueño de la voluntad ajena. Una cosa es ocupar un puesto público y otra imaginar que ese puesto convierte a las mujeres en territorio disponible para satisfacer caprichos, insinuaciones o avances que nadie ha autorizado.
El cargo no le da permiso. El título no le da permiso. La influencia no le da permiso. Y el supuesto prestigio, mucho menos.
La reciente denuncia difundida por medios de comunicación en San Martín contra un funcionario de Picota y exconsejero regional, por presuntos tocamientos indebidos contra dos mujeres, nos obliga a detenernos en una conversación incómoda. No para convertir una acusación en condena, porque eso corresponde a las autoridades y al debido proceso, sino para preguntarnos qué hay detrás de esa conducta que tantas veces se normaliza, se minimiza o se intenta justificar.
El problema no comienza cuando una denuncia se vuelve noticia. Comienza mucho antes, cuando alguien cree que puede cruzar los límites de otra persona sin consecuencias.
Y cuidado con confundir prudencia con silencio. Respetar la presunción de inocencia no significa desentenderse de las denunciantes, ridiculizar sus testimonios ni mirar hacia otro lado. Significa exigir una investigación seria, proteger a quienes denuncian y dejar que la justicia determine las responsabilidades. Todo al mismo tiempo. Sin linchamientos, pero también sin encubrimientos.
Una denuncia no es una sentencia, pero tampoco debería convertirse en una excusa para desacreditar automáticamente a quien se atreve a hablar.
Hay una vieja costumbre, tan machista como conveniente, de examinar primero a la mujer y después, si queda tiempo, al hombre señalado. ¿Por qué estaba ahí? ¿Por qué viajó sola? ¿Por qué no gritó? ¿Por qué no reaccionó de otra manera? ¿Por qué lo contó después?
Las preguntas se multiplican, pero casi siempre apuntan en la misma dirección: poner bajo sospecha a quien denuncia, como si la obligación de evitar una agresión recayera sobre la potencial víctima y no sobre quien debe respetar sus límites.
Mientras tanto, al hombre se le buscan atenuantes. Que fue una broma. Que hubo un malentendido. Que es una persona importante. Que tiene trayectoria. Que ocupa un cargo.
¡Ah, el cargo! Ese comodín que algunos sacan de la manga cuando los cuestionan. Como si una resolución de designación pudiera funcionar también como certificado de superioridad moral.
No, señores. La investidura pública no convierte a nadie en intocable. Si acaso, debería recordarle que su conducta está sometida a una responsabilidad mayor. Quien ejerce una función pública tiene obligaciones frente a la ciudadanía. El respeto no se exige por el puesto: se demuestra con los actos.
Y aquí hay algo todavía más grave: la idea de que una mujer puede ser abordada, tocada o intimidada porque el hombre considera que tiene suficiente poder para hacerlo. A veces es el poder de un cargo; otras, el dinero, la influencia, la fuerza física o la simple convicción de que nadie se atreverá a cuestionarlo.
El poder no siempre necesita levantar la voz. A veces se manifiesta en una insistencia que no acepta un no, en una mano que cruza un límite o en la seguridad arrogante de quien cree que la otra persona callará por miedo, vergüenza o por las consecuencias de enfrentarse a alguien influyente.
Pero hay algo que esos hombres deberían entender de una vez: el cuerpo de una mujer no forma parte de los beneficios del cargo ni es una extensión de la autoridad de nadie.
El consentimiento no se presume por la cercanía, no se obtiene mediante la presión y no aparece por arte de magia porque alguien se considere poderoso. Ninguna mujer le debe atención, afecto, silencio ni disponibilidad a un hombre por el simple hecho de que él se crea importante.
Tampoco se trata de afirmar que todos los hombres son iguales. Hay hombres que respetan, acompañan y entienden que la igualdad no les quita nada. La responsabilidad es individual; la cultura que tolera estas conductas, en cambio, nos compromete a todos.
Por eso debemos mirar también a las instituciones. ¿Qué ocurre cuando una denuncia alcanza a alguien con responsabilidades públicas? ¿Se investiga con la misma diligencia que cualquier otro caso? ¿Se protege a las denunciantes? ¿Se evita que la cercanía política, la amistad o la jerarquía interfieran?
Esas preguntas no buscan condenar anticipadamente a nadie. Buscan recordar que la justicia no debería tener apellidos privilegiados ni puertas que se abran según el cargo de quien está bajo investigación.
La verdadera autoridad se demuestra respetando los límites. La verdadera fortaleza no consiste en imponerse, sino en comprender que el poder no compra voluntades ni otorga derechos sobre el cuerpo de otra persona.
Y si alguien necesita un cargo para sentirse superior, quizá el problema no sea el cargo. Quizá sea la pequeñez que intenta esconder detrás de él.
Ojalá que este caso se investigue con seriedad, que las personas involucradas reciban las garantías que corresponden y que la verdad se establezca sin presiones ni privilegios. Pero ojalá también dejemos de esperar a que una denuncia se vuelva viral para conversar sobre el respeto, el consentimiento y el abuso de poder.
Porque ninguna mujer debería tener que demostrar que merece ser respetada. Ese respeto tendría que venir de fábrica, no depender de su carácter, de su reacción ni de su capacidad para enfrentarse a quien pretende intimidarla.
A quienes confunden autoridad con impunidad, convendría recordarles algo sencillo: los cargos terminan, las oficinas cambian de ocupante y las tarjetas institucionales acaban guardadas en un cajón. Lo que permanece es la conducta. Y ninguna investidura alcanza para borrar la responsabilidad por los propios actos.
El poder puede abrir muchas puertas, pero no le da derecho a cruzar los límites de otra persona.
Con Aroma a Café: porque el café puede tomarse amargo, pero el respeto nunca debería dejarse a gusto de quien se cree dueño de la taza ajena.



