¿Reforma o retroceso?

Mientras algunos sectores plantean reducir el aparato estatal, especialistas advierten que debilitar la institucionalidad ambiental podría tener altos costos sociales, económicos y humanos para el país.

En medio de propuestas de reforma del Estado y reducción del número de ministerios, la eventual eliminación o fusión del Ministerio del Ambiente (Minam) ha vuelto al centro del debate político en el Perú. La discusión no es aislada: en los últimos tres años, Bolivia (2025), Ecuador (2025) y Argentina (2023) han tomado decisiones similares, degradando o integrando sus carteras ambientales bajo argumentos de eficiencia administrativa o austeridad fiscal.

En Bolivia, el Gobierno decidió absorber el Ministerio de Medio Ambiente y Agua dentro del Ministerio de Planificación del Desarrollo, argumentando una mejora en la coordinación y gestión pública. Sin embargo, organizaciones indígenas y expertos cuestionaron la medida por considerar que debilita la institucionalidad ambiental en un contexto marcado por el avance de la deforestación, incendios forestales y minería ilegal.

Un escenario similar se registró en Ecuador, donde el Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica fue fusionado con el Ministerio de Energía y Minas como parte de un plan de reducción del gasto público. Diversas organizaciones, como la Coordinadora Ecuatoriana de Organizaciones para la Defensa de la Naturaleza y el Ambiente, calificaron la decisión como un “retroceso sin precedentes” que afecta derechos fundamentales y el marco constitucional.

En Argentina, la degradación del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible a una subsecretaría respondió también a criterios de austeridad, en un contexto político marcado por posturas negacionistas frente al cambio climático por parte del presidente Javier Milei.

En el caso peruano, la discusión no es nueva. En diciembre de 2023, la congresista Katy Ugarte, de Unidad y Diálogo Parlamentario, presentó un proyecto de ley para la reducción y fusión de ministerios, incluyendo la integración del Minam con el Ministerio de Energía y Minas (Minem). En el actual escenario electoral, el candidato Rafael López Aliaga ha propuesto reducir los ministerios de 18 a 6, y anteriormente planteó el cierre del Minam para que sus funciones sean absorbidas por la Presidencia del Consejo de Ministros. A ello se suma la propuesta del candidato Carlos Espá, quien sugirió eliminar el Ministerio de Cultura (Mincul) e integrarlo al sector Educación.

No obstante, especialistas advierten que una medida de este tipo implicaría un retroceso significativo. Antes de la creación del Minam en 2008, la gestión ambiental en el Perú era fragmentada y sectorial, con ministerios que actuaban simultáneamente como promotores de inversión y fiscalizadores, generando conflictos de interés y desconfianza ciudadana.

La creación del Minam permitió unificar criterios técnicos, fortalecer la rectoría ambiental y dotar de presupuesto propio a la gestión ambiental, además de contribuir a reducir la conflictividad socioambiental en el país. También consolidó instituciones clave como el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp) y el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace).

Para Carol Mora, directora de Política y Gobernanza Ambiental de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), eliminar el Minam enviaría “un grave mensaje político” al relegar los temas ambientales a un rol marginal. Según la especialista, esta decisión representaría “un retroceso ambiental injustificable” y una amenaza directa a derechos fundamentales como la vida, la salud pública y el derecho a un ambiente sano.

Mora advierte además que esta medida podría afectar los compromisos internacionales y comerciales del Perú, así como debilitar la capacidad del Estado para garantizar el uso sostenible de los recursos naturales. En esa línea, cuestiona que estas propuestas respondan a un enfoque “meramente extractivista”, donde la naturaleza es valorada solo por su rentabilidad económica.

Si bien reconoce que la existencia del Minam no ha sido suficiente para resolver todos los problemas ambientales del país, la especialista sostiene que la solución no pasa por eliminarlo, sino por fortalecerlo. “Sacrificar la institucionalidad ambiental implicaría suprimir reglas de juego construidas en los últimos quince años”, enfatiza.

Asimismo, recuerda que la creación del Senace en 2012 respondió a un consenso social y técnico en un contexto de alta conflictividad, precisamente para evitar que los sectores promotores de inversión sean los mismos que evalúan los impactos ambientales. Retroceder hacia un modelo sectorial, señala, implicaría desconocer una historia marcada por conflictos, víctimas y degradación ambiental.

Finalmente, Mora subraya que cualquier reforma debe basarse en el principio de “mejora continua” recogido en la Ley General del Ambiente, así como en el principio internacional de “no regresión”, que obliga a los Estados a no retroceder en sus estándares de protección ambiental.

En un contexto donde la minería ilegal, la deforestación y otros delitos ambientales continúan expandiéndose en el territorio peruano, el debate sobre el futuro del Minam plantea una pregunta de fondo: ¿es posible enfrentar la crisis climática debilitando la institucionalidad encargada de proteger el ambiente?