Gerente de ACOPAGRO, hace un llamado urgente al Estado peruano para que tome acciones preventivas ante la posible caída de exportaciones.
La Unión Europea ha establecido nuevas normativas que restringen la importación de productos agrícolas provenientes de zonas deforestadas en los últimos cinco años. Entre los productos afectados se encuentran el cacao, el café y la palma aceitera, cruciales para la economía amazónica peruana. Gonzalo Ríos Núñez, gerente de ACOPAGRO, destaca las implicaciones directas de estas normativas sobre los agricultores de la región San Martín, y hace un llamado urgente al Estado peruano para que tome acciones preventivas ante la posible caída de exportaciones.
Uno de los puntos clave del informe de Ríos Núñez es la previsión de que entre el 90% y 95% de la producción cafetalera de San Martín no podría cumplir con la legislación europea. Este dato es preocupante, dado que la economía de la región depende significativamente de la exportación agrícola. El café de calidad, uno de los productos bandera del Perú, se encuentra en riesgo de perder su principal mercado si no se ajustan a las regulaciones. Este es un punto crítico que debe ser analizado con profundidad, ya que implicaría una crisis para los pequeños y medianos productores que dependen de estos ingresos.
Además, si el acceso al mercado europeo se ve restringido, la alternativa de exportar a otros países, como menciona Ríos Núñez, podría derivar en un regateo de precios, reduciendo los márgenes de ganancia y profundizando la vulnerabilidad de los agricultores. Este escenario plantea interrogantes sobre la capacidad de resiliencia de los productores peruanos en un contexto global de alta competencia, particularmente contra gigantes como Brasil y Colombia.
Acciones del Estado y el Marco Legal
Ríos Núñez subraya la pasividad del Estado peruano frente a esta problemática, destacando la urgencia de políticas más efectivas para combatir la deforestación y proteger los intereses de los agricultores. Si bien existen mesas técnicas y reuniones, la falta de acción concreta podría agravar la crisis. Aquí surge un punto crítico de debate: ¿Está el Estado realmente preparado para enfrentar las exigencias ambientales internacionales?
Además, el informe alude a un potencial conflicto interno, ya que desde el Congreso peruano se podría estar promoviendo una normativa favorable a los deforestadores. Esta contradicción dentro de las políticas públicas refleja una falta de cohesión entre los objetivos de protección ambiental y los intereses comerciales, lo que genera un vacío que podría ser aprovechado por sectores con menor compromiso con la sostenibilidad.
El Rol de la Geolocalización
Un aspecto técnico importante es la implementación de la geolocalización satelital para monitorear la deforestación. Esta herramienta es vital para cumplir con las regulaciones europeas y evitar la penalización de agricultores que practican una agricultura sostenible. Sin embargo, tal como Ríos Núñez menciona, muchos agricultores desconocen o ignoran este control, lo que agrava la situación. Esto plantea la necesidad de capacitación y educación para que los agricultores entiendan los beneficios y riesgos del uso de tecnología en la verificación de sus tierras.
El hecho de que el monitoreo satelital pueda diferenciar a los agricultores responsables de aquellos que no lo son plantea un dilema ético y práctico: ¿Cómo garantizar que todos los agricultores tengan acceso a la información y recursos necesarios para ajustarse a las normativas?
¿Está el Perú preparado para enfrentar la crisis?
El llamado de Ríos Núñez a que los agricultores siembren en áreas que no requieren deforestación, como las «purmas» (tierras en descanso), revela una estrategia de mitigación local. Sin embargo, esto también evidencia una brecha estructural en la planificación territorial y agrícola. Muchos agricultores han llegado a la Amazonía desde otras regiones y recurren a la tala indiscriminada sin entender las consecuencias a largo plazo. Esto pone en duda la capacidad del modelo actual de desarrollo agrícola en zonas amazónicas, donde no parece haber un equilibrio claro entre crecimiento económico y sostenibilidad ambiental.
Un problema de largo alcance
El informe de Gonzalo Ríos Núñez pone sobre la mesa una serie de cuestiones que necesitan atención urgente. Si bien ACOPAGRO parece estar preparada para enfrentar las normativas europeas, el caso no es el mismo para la mayoría de los productores de la región. La deforestación en la Amazonía peruana es una bomba de tiempo que podría detonar una crisis mayor si no se toman medidas inmediatas.
El Estado peruano, junto con gobiernos locales, debe adoptar una postura más activa y firme, no solo para cumplir con los estándares internacionales, sino también para garantizar la sostenibilidad económica y ambiental de una de las regiones más biodiversas y vulnerables del país. (César Gonzaga)