Hay días en que uno necesita dos cafés para procesar una noticia. Y hay otros en los que ni con la cafetera completa alcanza.

El domingo, Trujillo amaneció con cuatro muertos, una persona secuestrada y una escena que, si no fuera porque dejó sangre y familias destrozadas, podría confundirse con el rodaje de una película sobre crimen organizado.

Solo que aquí no había actores.

Ni cámaras gritando: “¡acción!”.

Ni director diciendo: “¡corten!”.

Había delincuentes. Y, según los primeros testimonios, algunos hasta vestidos como policías.

Qué ironía tan macabra: los que deberían perseguir al crimen ahora son imitados por quienes lo ejecutan.

 Sujetos armados interceptaron una camioneta  en la avenida Húsares de Junín en Trujillo,  asesinaron a cuatro personas y se llevaron a un empresario minero. Las investigaciones apuntan a un secuestro planificado y la Policía analiza la posible participación de organizaciones criminales que operan en la zona.

Trujillo parece haber llegado a ese punto incómodo en el que la delincuencia dejó de tocar la puerta porque, sencillamente, ya entró a la casa.

Y se instaló.

Puso sus cosas.

Aprendió las rutas.

Conoció los horarios.

Estudió a sus víctimas.

Consiguió armas.

Consiguió vehículos.

Y ahora, hasta se consiguió uniforme.

¡Qué eficiencia!

Mientras nosotros hacemos lo que mejor hemos aprendido a hacer: sobrevivir.

Ya no salimos. Nos desplazamos.

Ya no caminamos. Vigilamos.

Ya no despedimos a nuestros hijos con un simple “nos vemos”. Agregamos un “avísame cuando llegues”.

Porque en este país hasta llegar a casa se ha convertido en una hazaña.

El caso de Jens Marty Lara Tantaquilla añade una dimensión todavía más inquietante.

El empresario, de 31 años y natural de Chillia, Pataz, está vinculado al sector minero y su nombre apareció años atrás en investigaciones relacionadas con una presunta red de comercialización de oro de origen ilegal.

Pero aquí hagamos una pausa. Investigado no significa condenado. Y un antecedente policial o fiscal no convierte automáticamente a una persona en culpable.

La justicia tendrá que determinar responsabilidades. Lo que sí corresponde preguntarnos es otra cosa:

¿Qué clase de economía criminal se ha desarrollado alrededor del oro, de la minería ilegal, de la extorsión y del poder territorial para que un empresario pueda ser interceptado en plena ciudad, bajo una falsa intervención policial, y cuatro personas terminen asesinadas?

Porque detrás de cada sicario suele haber una estructura. Y detrás de una estructura hay dinero. Mucho dinero.

El problema es que hemos aprendido a perseguir las balas, pero todavía no terminamos de perseguir el dinero que compra las armas.

Y entonces ocurre lo absurdo: los delincuentes se profesionalizan mientras el Estado improvisa.

Ellos estudian a la víctima. El Estado llega después a reconstruir la historia.

Ellos planifican. Las autoridades reaccionan.

Ellos tienen estrategia. Nosotros todavía discutimos quién tiene la responsabilidad.

Y mientras tanto, el crimen se moderniza.

Antes bastaba una pistola. Ahora hay logística.

Antes había asaltos. Ahora hay secuestros selectivos.

Antes se ocultaban. Ahora simulan ser policías.

Mañana, quién sabe. Quizá tengamos que pedirles credencial antes de dejar que nos roben. Aunque, pensándolo bien, tal vez también la tengan.

Ese es el nivel de la tragedia.

Y no ocurre solamente en Trujillo. Lima tiene sus propias cicatrices. Pataz conoce desde hace años el rostro más brutal de la disputa por el oro.

Y otras ciudades de la costa, sierra y selva  empiezan a descubrir que la inseguridad no pregunta dónde vivimos ni cuánto ganamos.

El miedo se democratizó.

Le toca al empresario.

Al comerciante.

Al estudiante.

A la madre que espera.

Al padre que trabaja.

Al niño que mira por la ventana.

A todos.

Nos han ido robando algo mucho más profundo que un celular, una cartera o un vehículo: nos están robando la tranquilidad.

Porque la delincuencia organizada no solo dispara balas. Dispara miedo.

Y cuando una sociedad empieza a mirar hacia atrás antes de doblar una esquina, cuando teme contestar una llamada desconocida, cuando piensa dos veces antes de salir de noche y cuando una madre espera despierta hasta escuchar la llave en la puerta, la delincuencia ya consiguió algo que ninguna estadística registra: se metió en nuestra cabeza.

Por eso resulta insuficiente escuchar después de cada crimen que “se realizarán las investigaciones”.

Claro que hay que investigar.

Hay que capturar.

Hay que sancionar.

Pero también hay que prevenir.

Control territorial.

Investigación financiera.

Desarticulación de organizaciones.

Control de armas.

Fiscalías fortalecidas.

Jueces que comprendan la dimensión del crimen organizado.

Y un Estado que deje de aparecer únicamente cuando ya hay cadáveres.

Porque mientras el Estado llega a levantar evidencias, el delincuente ya levantó su negocio.

Y aquí está quizá la pregunta que más debería incomodarnos:

¿En qué momento permitimos que el miedo se volviera parte de nuestra rutina?

No quiero acostumbrarme.

No quiero que nos acostumbramos. Porque acostumbrarse al miedo es una forma silenciosa de rendirse. Y el Perú no puede rendirse.

No solamente asesinaron a cuatro personas. También dispararon contra nuestra sensación de seguridad.

Y mientras cuatro familias lloran, una ciudad vuelve a preguntarse si mañana será ella la protagonista de la siguiente noticia.

Ojalá no.

Pero ya sabemos que la delincuencia no duerme.

Planifica.

Se organiza.

Se disfraza.

Y, al parecer, hasta ensaya.

 ¿Nosotros como sociedad y como Estado, seguiremos llegando tarde a la función?

Porque la película ya empezó.

Y esta vez, señores, no podemos permitir que el final lo escriban los delincuentes.