Es imprescindible emprender políticas de educación sexual orientadas a brindar toda la información a niños y adolescentes sobre la prevención de los embarazos y la violencia sexual.
El embarazo adolescente es un problema social y de salud pública muy serio en nuestro país. Acarrea graves consecuencias en la vida de las menores y problemas de salud físicos y emocionales, además de truncar en muchos aspectos sus proyectos de desarrollo personal y condicionarlas a caer o permanecer en situación de pobreza.
Las estadísticas nos ayudan a tener un panorama amplio sobre esta realidad. De acuerdo con la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar del 2021, aproximadamente, 9 de cada 100 adolescentes de entre 15 y 19 años, es decir el 8.9%, son madres o están embarazadas.
Asimismo, del total de adolescentes de entre 12 y 17 años, el 2.9% son madres o están embarazadas. En relación con el nivel educativo, la mayoría de estos casos (42%) se presentan en aquellas jóvenes solo con instrucción primaria. En contraparte, el 6% de adolescentes con educación superior quedaron embarazadas.
Por último, en el 2020 se registraron en el ámbito nacional 48,575 nacimientos cuyas madres se encontraban en el grupo etario de entre 0 y 19 años.
Las cifras nos muestran un problema social de máxima observancia para nuestras autoridades. Por consiguiente, las políticas de salud públicas deben contar con componentes que ayuden a este sector de la población a no ver truncados sus proyectos de vida por un embarazo muchas veces resultante de actos de violencia sexual.
Es imprescindible, en consecuencia, emprender políticas de educación sexual orientadas a brindar toda la información a niños y adolescentes sobre la prevención de los embarazos y la violencia sexual, especialmente en aquellos entornos vulnerables en los cuales este tipo de casos registra mayor incidencia en el país.
En tal contexto, el Ministerio de Educación anunció la puesta en marcha del Plan Piloto Interinstitucional del Programa de Educación Sexual Integral, el cual comprende acciones orientadas a prevenir los embarazos adolescentes y la violencia sexual en estudiantes de secundaria de doce colegios de Lima, Ucayali y Loreto, tres de las regiones más impactadas por el problema.
Sin duda, son acciones pertinentes que deben incidir en una educación basada en los derechos humanos, la igualdad de género y que transmita información útil sobre el proceso de reproducción, el comportamiento sexual de riesgo y la prevención de enfermedades, entre otros aspectos.
Nuestro país requiere que este tipo de políticas se pongan en marcha a escala nacional. Asimismo, es conveniente rechazar aquellos planteamientos provenientes de sectores conservadores cuya finalidad es limitar el acceso de los adolescentes a información científica que les permitirá contar con un desarrollo sexual y personal sano y responsable. Tal actitud decimonónica es inaceptable en una sociedad moderna y justa como a la que aspira convertirse la peruana.