No cabe duda de que el impacto de la pandemia de la Covid-19 disparó el crecimiento del sector del juego online en Perú. Los datos muestran cómo en 2020 fueron más de cinco millones de peruanos que decidieron probar suerte en esta parcela, generando a su vez un flujo de mil millones de dólares anuales que no son declarados al fisco nacional. Con este escenario de por medio, el presidente de la República, Pedro Castillo, acaba de publicar formalmente la nueva ley que se ocupa de regular los juegos y las apuestas deportivas que funcionan a través de internet.
Se trata de una medida que llega para fijar un marco impositivo que favorezca la recaudación, siempre teniendo en cuenta que toca fortalecer el sector público. Además de esto, la normativa servirá para proteger a las compañías legales y a los usuarios mediante políticas en favor del juego responsable y contra los delitos informáticos y la proliferación de la economía sumergida.
Control tributario y reparto de impuestos
Tanto el Congreso como el poder Ejecutivo se han ocupado de perfilar un texto legal que busca mantener el control tributario sobre los operadores. La idea es que estos paguen sus correspondientes impuestos por el desarrollo de su actividad económica, como sucede en otros países de Latinoamérica, Estados Unidos y Europa. En este caso, el organismo encargado de dar cauce a toda la gestión relativa al juego online en Perú será el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), cuyas funciones pasarán sobre todo por autorizar, regular, fiscalizar y sancionar esta actividad tan importante.
En su capítulo diez, la ley establece que el impuesto fijado para las plataformas de juegos de azar sea del doce por ciento de los ingresos brutos percibidos, lo que se traduce, según los cálculos del gobierno, en una recaudación de ciento sesenta millones de soles al cabo del año. La administración de esta cuota correrá a cargo de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria, es un organismo técnico adherido al Ministerio de Economía.
Cabe destacar que todo ese dinero será repartido entre las distintas entidades públicas de la manera más equilibrada posible. En concreto, un veinte por ciento irá destinado al Tesoro Público; otro veinte por ciento estará reservado para el Ministerio de Salud, que invertirá la cifra en iniciativas de salud mental; un cuarenta por ciento recaerá sobre Mincetur, que a su vez dedicará una cuarta parte a tareas de control y fiscalización, y tres cuartas partes al desarrollo y la promoción del turismo. El veinte por ciento restante será para el Instituto Peruano del Deporte.
Exigencias más importantes para evitar sanciones
La promulgación de esta nueva ley encierra un mecanismo diseñado para establecer un contexto de igualdad entre los casinos en línea Perú que se ajustan a la legalidad y aquellos otros que ejercen sus funciones sin licencias ni autorización de ningún tipo. A partir de ahora, para formar parte del circuito nacional de estas plataformas será inevitable cumplir con una serie de requisitos tecnológicos. Los más importantes son: estar provisto de los sistemas de control de acceso de jugadores adecuado, contar con los protocolos de seguridad que protejan efectivamente los datos personales de los usuarios y tener las conexiones y aplicaciones informáticas necesarias para que la transmisión de esos datos se produzca en tiempo real.
De igual modo, la normativa deja claro que el incumplimiento de cualquiera de los artículos que integran esta ley lleva aparejado un nutrido menú de sanciones, donde destacan por ejemplo las amonestaciones económicas, la suspensión temporal de actividades, la inhabilitación permanente, etcétera.
Fue en el Pleno del Congreso donde tuvo lugar el pasado doce de agosto la promulgación de esta ley que regula la explotación de los juegos a distancia y apuestas deportivas a distancia. La ceremonia previa contó con la participación de los congresistas, que dejaron noventa y un votos a favor, cero en contra y siete abstenciones. Con este resultado, no fue necesario realizar una segunda votación, por lo que la propuesta acabó automáticamente en manos del Ejecutivo para que la publicara de manera oficial. Desde ese instante, la ley entrará en vigor al cabo de los sesenta días, teniendo además Mincetur un plazo de tres meses para reglamentarla.
El Jefe del Estado, Pedro Castillo, ha declarado que se trata de un texto regulador que llega para actuar en beneficio del país, y es que el Estado dispondrá de un mayor número de herramientas para que los contribuyentes cumplan con sus obligaciones económicas y sociales. De esta forma, se consuma un escenario en el que, a diferencia de lo que sucedía hasta la fecha, se procederá a la fiscalización de estas actividades. Tanto las compañías operadoras que actúan bajo la legalidad como los jugadores de estos entornos saldrán favorecidos de todo este asunto.