La trazabilidad y la transparencia institucional son las únicas herramientas capaces de evitar que el oro peruano continúe lavando dinero ilícito bajo la fachada de una falsa formalidad.

Según un informe elaborado por el ingeniero Víctor Arturo Miranda Alfaro, docente universitario y secretario de la comisión de GRD del Colegio de Ingenieros del Perú – Lima y publicado en la fuente Diario sin fronteras/Vivir Bien la minería ilegal no se combate únicamente en los socavones, sino que exige seguir el rastro del dinero, controlar los insumos y revisar las decisiones políticas que debilitan la fiscalización.

El problema central radica en que el oro extraído de zonas remotas recorre carreteras secundarias y plantas de beneficio sin que el Estado pueda demostrar su procedencia legal, abriendo paso al lavado de activos, la evasión tributaria, la corrupción y la extorsión. Ante este panorama, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) recomienda aplicar procesos de debida diligencia en toda la cadena de suministro. Respecto al marco legal, la inscripción en el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO) no equivale a una formalidad absoluta ni acredita por sí sola el origen lícito del mineral. Para ordenar este proceso, la Ley Nº 32213 fortaleció la rectoría del Ministerio de Energía y Minas (MINEM) y estableció el marco del Sistema Interoperable de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (SIPMMA), cuyo reglamento ya fue aprobado.

Asimismo, la Ley Nº 32537 fijó la vigencia del proceso de formalización hasta el 31 de diciembre de 2026 o hasta la entrada en vigor de la Ley MAPE. Por otro lado, la dimensión política y de seguridad ciudadana es crítica; en agosto de 2025, la Defensoría del Puebloadvirtió sobre deficiencias en el control de explosivos que alimentan un mercado negro vinculado a organizaciones criminales y operaciones como laOperación Águila-Pataz.

En el ámbito legislativo, se cuestionan los efectos de normas como la Ley N° 31989 y la Ley Nº 32412sobre insumos químicos, exigiendo mayor transparencia de los congresistas y actores políticos durante el proceso electoral de2026.

Para contrarrestar esto, el especialista propone tres claves fundamentales: primero, una formalización verificable con etapas claras; segundo, la creación del Sistema Integrado de Trazabilidad, Control y Análisis de Riesgo de la Minería Artesanal y de Pequeña Escala como arquitectura complementaria al SIPMMA, el cual se compone del Pasaporte Digital Único del Mineral, el Mecanismo de Conciliación Minero-Financiera y el Índice Integrado de Riesgo Minero, contando con el rol fundamental de la SUNAT; y tercero, el control estricto de la cadena logística e insumos mediante comandos unificados territoriales bajo la coordinación de la PCM, la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas.

El oro no debería poder cambiar de identidad en cada tramo de su recorrido; hacer que cada gramo sea rastreable, fiscalizable y responsable es el único camino para recuperar la confianza en el Estado.