La extracción ilegal de oro en la Amazonía peruana
La extracción ilegal de oro en la Amazonía peruana está causando una devastación que va más allá de los daños ambientales, carcomiendo la base de la sociedad al destruir la infancia en vastos territorios. La Fiscalía ha emitido una grave alerta: la edad de las víctimas de trata se ha reducido significativamente en los campamentos mineros de Madre de Dios. En esta región, y también mediante falsas ofertas de trabajo difundidas en TikTok, se está atrayendo y captando a menores de edad, señala un reciente informe de ojopublico.
La expansión de esta actividad ilícita ha provocado un aumento alarmante de la prostitución infantil y de los casos de VIH en distritos como El Cenepa y Río Santiago, en Condorcanqui (Amazonas). Además, ha disparado la deserción escolar en las comunidades indígenas de Loreto y Ucayali.
El testimonio de jóvenes como Carolina, quien dice tener 19 años, ilustra esta realidad. Ella trabaja en la discoteca La Esquina en el centro poblado de La Poza, a orillas del río Santiago. Originaria de una comunidad wampis cercana a la frontera con Ecuador, Carolina sueña con estudiar enfermería, pero se ve obligada a trabajar hasta el amanecer, atendiendo mesas y sirviendo alcohol a los clientes, ganando solo S/15 por cada caja de cerveza vendida. Un equipo de OjoPúblico constató su situación en febrero durante un recorrido por la zona.
La razón de esta vulnerabilidad es clara: la pobreza estructural, la precariedad y la falta de empleo en los territorios indígenas de la Amazonía son factores que favorecen la expansión de la minería ilegal. El distrito de Río Santiago, un territorio mayoritariamente indígena (90% de población wampis y awajún), es un ejemplo de esta dinámica. Vecinos y dirigentes indígenas advierten que los mineros ilegales acuden a bares como donde trabaja Carolina para gastar sus ganancias en alcohol y en sexo, que, según denuncian, involucra a menores de edad. De hecho, en diciembre de 2024, la Municipalidad de Río Santiago identificó a tres adolescentes trabajando en bares ilegales.
El contexto de pobreza se confirma con datos del PNUD. Dieciocho de los 20 distritos amazónicos con más del 50% de población indígena se encuentran por debajo del promedio nacional de índice de desarrollo humano (IDH). Además, cinco de los siete distritos con población indígena superior al 80% se hallan entre los 10 con menor índice de densidad del Estado (IDE), que mide la cobertura de servicios públicos esenciales. Esta precariedad estructural es el caldo de cultivo perfecto para la explotación.
Según Janer Vásquez Sunka, presidente de la Organización de Jóvenes Wampis Tarimiat (Orjowat), la promesa de dinero rápido y las limitadas oportunidades están llevando a más adolescentes a ofrecerse como mano de obra a los mineros, solo para terminar explotados con jornadas extenuantes y expuestos a la violencia.
Las alertas en el territorio indican que esta actividad afecta directamente a la infancia y adolescencia con: Aumento de la trata de menores de edad – Incremento de la deserción escolar – Mayor número de contagios de VIH – Aumento del consumo de alcohol.
Trata de Menores
La minería ilegal opera como un ecosistema criminal que facilita la explotación laboral y sexual y la trata de personas, conforme a un informe del Ministerio Público, la UNODC, y el Gobierno de Canadá publicado en junio de 2025. La débil presencia del Estado en enclaves mineros de Madre de Dios, Loreto y Amazonas permite la proliferación de prostíbulos clandestinos controlados por redes criminales.
El Tribunal Constitucional ya confirmó en una sentencia de 8 de abril de 2025 que esta actividad genera condiciones propicias para la trata. El MIMP ha informado que la explotación de adolescentes en socavones se extiende también a Cusco, Puno y La Libertad.
Las denuncias por trata de personas han crecido sostenidamente: de 1.644 en 2022 a 2.058 en 2024 (27% de aumento). En el primer semestre de 2025, ya se habían recibido 942 casos. La cifra más preocupante es la participación de menores: el porcentaje de presuntas víctimas menores de 18 años pasó del 28% en 2023 al 33% en 2025, lo que significa que una de cada tres víctimas de trata tiene menos de edad. Es importante notar que, pese a los registros del Ministerio Público, el Ministerio del Interior y el MIMP, la falta de un sistema unificado y de cruce de datos genera discrepancias en el reporte de las 7.790 denuncias registradas entre 2020 y 2025. Fuente: ojopúblico – Mañana: Dragas, Droga VIH –
