Primera parte

Por: Médico Neptalí Santillán Ruiz

En el Perú, cada vez que el poder pronuncia la palabra “desarrollo”, conviene revisar inmediatamente quién pondrá los recursos, quién asumirá los riesgos y quién terminará recogiendo las ganancias, la experiencia enseña que casi siempre el estado aporta carreteras, garantías, territorios, estabilidad jurídica y dinero público, las empresas aportan discursos sobre eficiencia, y la población aporta agua, tierras, paciencia y muertos.

La propuesta de materia delegada sobre desarrollo productivo e innovación parece, a primera vista, un catálogo de buenas intenciones. Habla de agricultura, crédito, mecanización, pesca, minería, energía, infraestructura, ambiente, turismo y modernización financiera. Promete activar la producción nacional, cerrar brechas y llevar competitividad a territorios históricamente abandonados, pero debajo de esa retórica aparece un proyecto mucho más reconocible: Convertir al país entero en una plataforma de negocios, reducir la capacidad reguladora del estado y entregar recursos estratégicos a la lógica privada bajo el argumento de que toda cautela constituye atraso.

no es una política de desarrollo, es una licencia general para reorganizar el territorio según las necesidades de la rentabilidad y todo mediante decretos legislativos, sin debate sectorial suficiente, sin participación territorial efectiva y sin deliberación pública proporcional a la magnitud de los cambios. La materia es tan extensa que podría contener el programa económico completo de un gobierno. Agua, minería, hidrocarburos, agricultura, pesca, electricidad, tasas de interés, áreas protegidas, infraestructura y peajes, todo cabe dentro del mismo paquete. Cuando una delegación incluye casi toda la economía real, deja de ser una herramienta excepcional y comienza a parecerse a una transferencia del poder legislativo hacia el Ejecutivo.

El campesino como decorado

El proyecto comienza hablando de desarrollo agrario y rural, promete crédito, seguros, mecanización, innovación, asistencia técnica, adaptación climática y seguridad alimentaria. Nada de eso resulta cuestionable por sí mismo. El pequeño productor peruano necesita financiamiento, tecnología, infraestructura y protección frente a sequías, inundaciones y mercados abusivos, el problema es que en el Perú toda política agraria que no establezca límites claros a la concentración termina beneficiando a quienes ya poseen tierra, capital, transporte, información y acceso al poder.

La agricultura familiar aparece en los discursos como protagonista, pero en las decisiones termina convertida en paisaje, se anuncia crédito, pero no se explica quién controlará las condiciones, se ofrece maquinaria, pero no se garantiza que llegue a las comunidades más pobres, se habla de acceso a mercados, aunque esos mercados estén dominados por intermediarios y grandes cadenas, se promete innovación, pero no se protege al productor frente al sobreendeudamiento, el acaparamiento de tierras o la apropiación privada de semillas.

La mecanización puede elevar productividad, también puede destruir empleo rural si no forma parte de una política integral de industrialización descentralizada. El resultado podría ser previsible: menos campesinos, más migración, mayor concentración de tierras y ciudades recibiendo nuevos contingentes de trabajadores expulsados de un campo que el mercado considera improductivo hasta que una corporación decide explotarlo. así funciona la modernización neoliberal: primero declara atrasado al pequeño productor y después entrega su territorio a quien posee suficiente capital para volverlo rentable.

El agua según el mercado

Pocas cosas revelan mejor la naturaleza del proyecto que el tratamiento de los recursos hídricos, el agua aparece como si fuera otro componente de la infraestructura productiva, un insumo que debe administrarse con mayor eficiencia, simplificar permisos y adaptarse a las necesidades económicas. Pero El agua no es un insumo cualquiera, es vida, es salud, es agricultura, es equilibrio ecológico, es territorio y es cultura.

Y en un país atravesado por sequías, deshielos, contaminación minera y desigualdad territorial, modificar su gobernanza mediante facultades amplias constituye una irresponsabilidad política de enormes proporciones. ¿Quién decidirá entre una comunidad que necesita agua para consumo humano y una empresa que la necesita para extraer minerales? ¿Quién tendrá prioridad cuando entren en conflicto agricultura, generación eléctrica y explotación minera?

El discurso hablará de eficiencia, la realidad responderá con relaciones de poder, la gran empresa tendrá abogados, estudios técnicos y acceso directo a ministerios, la comunidad tendrá asambleas, protestas y, probablemente, policías. La mercantilización del agua nunca se presenta como despojo, se presenta como modernización de la gobernanza hídrica, hasta que el río deja de llegar.

El mar también tiene propietarios

La pesca artesanal recibe promesas semejantes, fondos de compensación, apoyo productivo y articulación con otras unidades pesqueras. Pero un fondo financiado con aportes voluntarios de grandes operadores puede convertirse en una elegante forma de dependencia. quien financia termina influyendo, quien aporta exige participar y quien posee mayor capacidad económica adquiere también mayor capacidad para definir prioridades.

El mar peruano ya conoce la concentración, conoce las cuotas, conoce la depredación, conoce la enorme distancia entre la riqueza producida por sus recursos y la pobreza de miles de pescadores artesanales. Sin límites efectivos, la articulación puede significar absorción, la cooperación puede terminar en subordinación y la formalización puede convertirse en un mecanismo para expulsar a quienes no pueden cumplir exigencias diseñadas desde oficinas donde nunca se ha remendado una red.

La minería sin obstáculos

En materia minera, el lenguaje se vuelve especialmente sincero, simplificar requisitos, agilizar concesiones, ordenar el catastro, facilitar permisos y resolver la propiedad superficial, todo parece orientado a despejar el camino. El problema es que, en minería, aquello que el inversionista considera un obstáculo suele ser precisamente lo que protege a la comunidad. La evaluación ambiental es un obstáculo, la consulta ciudadana es un obstáculo, la propiedad comunal es un obstáculo, la cabecera de cuenca es un obstáculo, la protesta social es un obstáculo y, siguiendo esa lógica, el desarrollo consistiría en eliminar todos los obstáculos hasta que entre la empresa y el yacimiento no quede nada, ni comunidad, ni bosque, ni agua, ni estado.

La simplificación minera puede facilitar la superposición de derechos, prolongar concesiones improductivas, debilitar evaluaciones ambientales y legitimar procesos de formalización sin trazabilidad ecológica, y cuando llegan los conflictos, el mismo estado que fue débil para regular será extraordinariamente fuerte para reprimir. ese es el equilibrio perfecto del modelo: incapacidad frente al capital y firmeza frente a la comunidad.

El petróleo de ellos y los pasivos de todos

El capítulo de hidrocarburos incluye contratos de exploración y explotación, regalías, retribuciones y promoción del gas. Modificar estos elementos mediante delegación legislativa significa intervenir en decisiones que comprometen recursos públicos y rentas nacionales durante décadas.

Una reducción de regalías puede presentarse como incentivo, una garantía contractual, como señal de confianza, una obligación ambiental más flexible, como mejora competitiva, pero al final la traducción suele ser sencilla: el inversionista exige estabilidad para sus ganancias y el estado conserva la inestabilidad de los costos.

Cuando el negocio funciona, las utilidades se reparten entre privados, cuando aparece un pasivo ambiental, una infraestructura abandonada o una crisis de abastecimiento, se llama al Estado. el capital exige libertad para entrar y garantías para no perder, el país recibe contaminación, dependencia y arbitrajes internacionales y eso también se llama seguridad jurídica, aunque solo parezca segura para una de las partes.