Abog. Kathleen K. Zegarra Delgado – Especialista en desarrollo sostenible
Menonitas 2020: un caso de deforestación

Alcanzamos el año 2026 en una bifurcación que define tanto nuestro mapa natural como nuestra integridad institucional. El Perú, nación que en foros internacionales se presenta como defensora de la megadiversidad y los bosques tropicales, enfrenta una profunda contradicción interna que debilita su credibilidad ambiental. No se trata de una simple alternancia entre avances y retrocesos, sino de un conflicto estructural entre una transición energética incipiente y una regresión normativa que erosiona la gobernanza ambiental.

La Amazonía en subasta: el impacto de la Ley N.° 31973

La denominada “Ley Antiforestal” constituye el retroceso más significativo en materia de protección de bosques. La Ley N.° 31973 no surge de una reforma técnica, sino de un mensaje de rendición política. Al eliminar la obligatoriedad de clasificar las tierras conforme a su Capacidad de Uso Mayor (CTCUM), el Estado abandonó su rol de custodio de la frontera forestal.

Para organizaciones indígenas como AIDESEP, esta norma no es un mero error administrativo, sino una amenaza directa a los territorios ancestrales, pues legitima la deforestación previa y premia a quienes invadieron el bosque bajo la promesa implícita de futuras amnistías. Aunque el Tribunal Constitucional intentó en 2025 limitar los aspectos más graves —como la omisión de la consulta previa—, el daño a la confianza de las comunidades ya estaba hecho.

Se ha instalado peligrosamente la idea de que “toda inversión es buena” y que cualquier límite ambiental es antidesarrollo. Este discurso, hoy recurrente en la narrativa oficial, ha debilitado la autonomía del Ministerio del Ambiente, relegándolo a un rol mayormente consultivo frente a decisiones de alto impacto.

El oro de la violencia y el REINFO como escudo

Si la legislación forestal es una herida abierta, la minería ilegal es el cáncer que se expande por las cuencas amazónicas. El Registro Integral de Formalización Minera (REINFO), concebido como una herramienta de tránsito hacia la legalidad, se ha transformado en un paraguas que protege economías criminales.

La advertencia de expertos como Nicolás Zevallos sobre el riesgo de que el capital del oro ilegal —capaz de financiar múltiples campañas presidenciales— capture espacios de poder en las elecciones del 2026 resulta alarmante. Las consecuencias de este modelo no son solo ambientales, sino también profundamente humanitarias. En zonas como la cuenca del Nanay (Loreto) y Madre de Dios, el uso intensivo de mercurio y la proliferación de dragas comprometen la salud de poblaciones que dependen exclusivamente de estas fuentes hídricas.

El Estado, aferrado a prórrogas sucesivas del REINFO, parece incapaz de distinguir entre el minero artesanal que busca subsistir y el crimen organizado que desertifica la selva con maquinaria pesada.

La paradoja energética: ¿avance o nuevo extractivismo?

En medio de este panorama, la transición energética aparece como el principal hito positivo. El Perú se encamina a duplicar su capacidad solar y eólica hacia fines del 2026, posicionándose como referente regional en energías limpias. Un ejemplo emblemático es la planta de energía solar en Arequipa, presentada como símbolo del avance hacia una matriz energética más sostenible.

Sin embargo, este progreso exige una lectura crítica. Desde la Amazonía, las voces indígenas advierten que una transición energética no es justa si se limita a sustituir petróleo por paneles solares, sin cuestionar un modelo de consumo que continúa excluyendo a los más vulnerables. La creciente demanda global de cobre y litio para la “revolución verde intensifica la presión sobre territorios con pasivos históricos. La sostenibilidad no puede reducirse a una etiqueta comercial, sino que debe convertirse en un ejercicio real de justicia territorial.

La urgencia de una institucionalidad sólida

El balance al 2026 deja una lección clara: el patrimonio natural del Perú no se protegerá con metas declarativas presentadas ante organismos internacionales. La verdadera resiliencia climática requiere una institucionalidad ambiental fuerte, concebida no como traba burocrática, sino como garantía mínima de supervivencia colectiva, blindada frente a economías ilícitas y con una visión de largo plazo que priorice la estabilidad ecosistémica por encima del lucro inmediato.