Las nacientes de agua y los bosques de protección agonizan entre la burocracia estatal y la indiferencia electoral. Hoy, la selva no pide votos: exige una tregua definitiva.

En el departamento de San Martín, la crisis ambiental ha dejado de ser una advertencia científica para convertirse en una realidad cotidiana que se manifiesta en el desabastecimiento de agua y la degradación acelerada de los ecosistemas. Las alertas sobre umbrales de sostenibilidad irreversibles hoy se reflejan en la agonía de nacientes, quebradas, ríos y humedales, mientras áreas estratégicas como el Bosque de Protección Alto Mayo y las Áreas de Conservación Regional (ACR) enfrentan el avance de la minería ilegal, la agricultura migratoria y una expansión urbana sin planificación que invade las zonas de recarga hídrica.

Inacción institucional bajo la lupa

Pese a los discursos oficiales, la ciudadanía percibe que las acciones de la Autoridad Regional Ambiental (ARA) y la Dirección Regional de Agricultura (DRASAM) resultan insuficientes y reactivas. Mientras el Gobierno Regional de San Martín reporta avances tecnológicos para detectar amenazas ambientales, en el territorio la tala ilegal y la contaminación de ríos como el Cumbaza y el Shilcayo continúan sin control. La institucionalidad parece atrapada entre planes, presupuestos y cronogramas que no llegan al núcleo del problema: la protección física y legal de las cabeceras de cuenca.
“San Martín es cabecera de cuenca de la selva; en épocas de sequía, el poco caudal se pierde por la pendiente debido a la deforestación”, advierten voces técnicas desde la región.

La preventa electoral de la Amazonía

En el umbral de las Elecciones 2026, emerge un riesgo mayor: la instrumentalización política de los recursos naturales. Algunos candidatos ofrecen títulos de propiedad en zonas de bosques de protección o promueven la expansión de la frontera agrícola sobre ecosistemas frágiles como estrategia para captar votos rápidos. Esta visión cortoplacista ignora una verdad elemental: sin agua no hay agricultura, ni economía, ni futuro.
Desde la sociedad civil se exige a los postulantes posiciones claras y compromisos verificables, entre ellos: rechazo a la minería en áreas protegidas, soluciones técnicas para el tratamiento de aguas residuales y respeto irrestricto a la zonificación ecológica económica, sin concesiones políticas.

San Martín como laboratorio de un nuevo bienestar

La región enfrenta la oportunidad —y la urgencia— de construir un modelo propio de bienestar, que priorice la vida digna y el equilibrio ambiental por encima del crecimiento económico inmediato. El tiempo apremia y las medidas deben asumirse en el corto y mediano plazo, porque el largo plazo podría ser demasiado tarde.
Entre los ejes estratégicos se plantea: gestionar el desarrollo desde la realidad amazónica, integrar a todas las provincias sin exclusiones, educar para la supervivencia ambiental, gobernar desde la diversidad territorial y medir el éxito por el bienestar social y ecológico, no solo por indicadores económicos.

Un voto consciente frente al colapso

La riqueza ambiental de San Martín, que alberga 84 % de Zonas de Vida, no puede ser moneda de cambio electoral. La informalidad productiva debe transformarse en una economía real y sostenible, donde el pequeño productor sea aliado y guardián del bosque, y no su depredador por necesidad.
Si el electorado no sanciona la demagogia ambiental en las urnas, el próximo desastre no será una metáfora: será el silencio de los bosques, las quebradas secas y la pérdida irreversible de nuestras fuentes de vida.