En un proceso complejo: Falta comunicar para elegir mejor

A menos de un año de las Elecciones Generales 2026, el padrón electoral revela no solo dónde votarán los 27 325 432 peruanos habilitados, sino también las profundas asimetrías territoriales que siguen marcando el sistema democrático del país. De acuerdo con cifras oficiales de RENIEC, Lima concentra 8 651 028 electores, casi un 32 % del total nacional, consolidándose como el principal eje de decisión política. Le siguen La Libertad (1 552 691), Piura (1 534 085) y Arequipa (1 226 525), mientras que el voto en el extranjero alcanza 1 210 813 ciudadanos, una cifra que ya supera a varias regiones del país.

En este escenario, San Martín aparece con 723 605 electores, ubicándose en la mitad baja del ranking nacional. Esta posición refleja una realidad estructural: la región no tiene un peso decisivo por volumen electoral, pero sí un valor estratégico cuando el voto se fragmenta y las elecciones se definen por márgenes estrechos.

En contextos de alta polarización o dispersión partidaria, regiones intermedias como San Martín pueden inclinar la balanza, siempre que exista organización política, propuestas claras y una ciudadanía informada.

La ley electoral vigente en el Perú, que asigna representación congresal principalmente en función del número de electores por circunscripción, favorece a las regiones más pobladas y debilita la incidencia política de los territorios amazónicos y andinos. Así, mientras Lima elige más de un tercio del Congreso, regiones como Madre de Dios (147 577 electores), Moquegua (164 628) o Tumbes (181 317) tienen una representación mínima, lo que limita su capacidad de influir en la agenda nacional. Esta lógica, si bien respeta el principio de proporcionalidad, abre el debate sobre si la democracia peruana garantiza realmente igualdad política entre ciudadanos de distintas regiones.

Entre las fortalezas del sistema destaca la existencia de organismos electorales técnicamente sólidos como JNE, ONPE y RENIEC, que aseguran procesos ordenados, padrones actualizados y resultados confiables. Sin embargo, una de las principales debilidades es la escasa presencia de estos organismos en campañas masivas de comunicación y educación electoral, especialmente en regiones alejadas, rurales o amazónicas. En una elección compleja – con múltiples candidaturas, reformas recientes y desconfianza ciudadana – la ausencia de información clara favorece la desinformación, el voto emocional y la manipulación política.

San Martín, como otras regiones intermedias, enfrenta un doble desafío: por un lado, romper su baja visibilidad en el debate nacional, y por otro, fortalecer una ciudadanía crítica que no solo vote, sino que comprenda el valor de su voto dentro de un sistema desigual.

Sin educación cívica sostenida y sin una estrategia comunicacional liderada por el Estado, la democracia se reduce a un acto formal y no a un ejercicio consciente de poder ciudadano.

En este contexto, la pregunta sigue abierta y es inevitable: ¿en qué medida la ley electoral vigente es realmente beneficiosa para la democracia peruana? La respuesta no pasa solo por el número de electores, sino por la capacidad del sistema para comunicar mejor, incluir a todos los territorios y garantizar que elegir bien sea una posibilidad real y no un privilegio de pocos.