Antes de elegir, piense: que su voto no sea un voto emotivo. Si con sus hijos no cumplieron, ¿tendrán responsabilidad si llegasen a gobernar?

A medida que se acercan las Elecciones Generales 2026, los procesos de selección interna de los partidos políticos vuelven a quedar bajo la lupa pública. Un informe del portal Congrezoo.pe revela que al menos 184 candidatos, pertenecientes a 35 organizaciones políticas, registran sentencias vigentes o antecedentes judiciales por deudas de alimentos, de acuerdo con resoluciones del Poder Judicial. Los casos incluyen desde omisión de asistencia familiar hasta procesos de reconocimiento de paternidad, evidenciando incumplimientos de obligaciones básicas con hijos menores de edad.

El reporte precisa que la mayoría de expedientes corresponde a pensiones alimenticias impagas, aunque también se identifican postulantes con múltiples procesos, incluso con hijos de distintas relaciones. Esta situación atraviesa a casi todo el espectro político, con excepción de Un Camino Diferente y Salvemos al Perú, este último con participación electoral reducida.

Alianza Para el Progreso (APP) encabeza la lista con 15 candidatos sentenciados, entre ellos su líder César Acuña Peralta, así como los congresistas y aspirantes al Senado Eduardo Salhuana y Jorge Marticorena. En regiones como Puno, algunos casos se agravan por fallos de reconocimiento forzoso de paternidad. Le sigue Fuerza Popular, con 12 candidatos, seis de ellos postulantes a la Cámara Alta, entre los que figuran Raúl Huamán Coronado y Carlos Mesía. Podemos Perú ocupa el tercer lugar con 11 casos, destacando César Gonzales Tuanama y Roger Nájar, vinculados a retenciones judiciales y demandas por aumento de pensión.

Otros partidos como País Para Todos, Renovación Popular y la alianza Unidad Nacional registran nueve candidatos cada uno con antecedentes similares. En Perú Libre, el congresista Flavio Cruz Mamani, candidato a la primera vicepresidencia, también figura con procesos por alimentos. Asimismo, el Apra, Somos Perú y Ahora Nación reportan siete casos cada uno, reflejando una débil exigencia ética en la selección de cuadros.

En conjunto, el informe vuelve a plantear una interrogante clave para el electorado: si no cumplieron con sus responsabilidades familiares más elementales, ¿qué garantías existen de que asuman con responsabilidad la conducción del Estado?