La democracia no se protege únicamente en las urnas. También se fortalece cuando instituciones y ciudadanía cumplen las reglas, respetan las restricciones electorales y garantizan que cada voto se emita libre de presiones, propaganda o interferencias.
Desde las primeras horas de la madrugada de este sábado 6 de junio, cuando el reloj marcaba las 3:00 a. m., la maquinaria institucional encargada de resguardar la transparencia electoral ya estaba en movimiento. En un escenario donde cada detalle cuenta para preservar la legitimidad del proceso democrático, la Fiscalía Provincial de Prevención del Delito de Moyobamba inició la supervisión del despliegue del material electoral destinado a los diversos locales de votación de la provincia de Lamas y a los centros más alejados de las provincias de Moyobamba y Rioja, con el propósito de contribuir al normal desarrollo de la segunda vuelta electoral.
La labor preventiva estuvo encabezada por la fiscal provincial Olga Uberlith Salazar Delgado, quien, junto con el equipo fiscal, verificó la presencia y participación de representantes de la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE), efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP), fiscalizadores del Jurado Electoral Especial (JEE) y funcionarios de la Contraloría General de la República, instituciones que cumplen funciones complementarias para garantizar que el proceso electoral se desarrolle dentro de los márgenes de la legalidad y la transparencia.
Mientras el material electoral avanzaba hacia los distintos puntos de votación bajo estrictas medidas de seguridad, otra tarea preventiva se desarrollaba paralelamente en la ciudad de Tarapoto. En el marco de la elección presidencial de este domingo 7 de junio, la Fiscalía Provincial Especializada de Prevención del Delito de Tarapoto ejecutó un operativo conjunto para verificar el cumplimiento de las disposiciones electorales relacionadas con la propaganda política.
Acompañados por fiscalizadores del Jurado Electoral Especial de San Martín, efectivos de la Comisaría PNP de Tarapoto y agentes del Serenazgo de la Municipalidad Provincial de San Martín, los representantes del Ministerio Público recorrieron diversos puntos estratégicos de la ciudad con el objetivo de constatar que no existiera propaganda electoral en las inmediaciones de los locales de votación. La intervención permitió corroborar la eficacia de las acciones preventivas adoptadas previamente y verificar la inexistencia de propaganda dentro de las áreas de influencia de los centros de sufragio supervisados.
Las exhortaciones formuladas oportunamente por la Fiscalía permitieron que el Jurado Electoral Especial de San Martín adoptara medidas para retirar publicidad política cercana a los locales de votación, evitando posibles infracciones y garantizando condiciones de neutralidad para el ejercicio del voto ciudadano.
Las acciones de control cobran especial relevancia debido a las restricciones establecidas para el proceso electoral. Desde las 00:00 horas del sábado 6 de junio, quedó suspendida toda forma de propaganda política en medios de comunicación, redes sociales y espacios públicos, medida cuyo incumplimiento puede ser sancionado con pena no menor de dos años de prisión. Asimismo, desde las 08:00 horas del sábado 6 de junio quedó prohibida la venta de bebidas alcohólicas, disposición que se mantiene hasta las 08:00 horas del lunes 8 de junio, período durante el cual también deben permanecer cerrados los establecimientos dedicados a su expendio y no pueden realizarse espectáculos ni reuniones ajenas al proceso electoral. El incumplimiento de esta medida puede acarrear hasta seis meses de prisión y multas superiores a S/ 3 390.
Durante la jornada electoral del domingo 7 de junio, entre las 7:00 a. m. y las 5:00 p. m., también está prohibida la realización de reuniones políticas en un radio menor de 100 metros de los locales de votación, infracción sancionada con hasta dos años de prisión.
Las autoridades recordaron además que constituyen delitos electorales conductas como la suplantación de votantes, la compra de votos y la coacción al elector, sancionadas con hasta cuatro años de prisión; la propaganda electoral durante el día de la votación o dentro de los locales de sufragio, castigada con hasta dos años de cárcel; la alteración o destrucción de material electoral, que puede alcanzar hasta ocho años de prisión; y la perturbación o impedimento del proceso electoral, considerada una de las infracciones más graves y castigada con penas de entre tres y diez años de prisión.
Con estas intervenciones preventivas, el Ministerio Público reafirma su compromiso de velar por un proceso electoral transparente, neutral y ajustado a la ley. Más allá de las sanciones previstas, el verdadero desafío radica en la construcción de una cultura democrática basada en la responsabilidad colectiva. En una jornada decisiva para el país, el respeto de las normas por parte de ciudadanos, organizaciones políticas e instituciones constituye la mejor garantía para que el sufragio se ejerza de manera libre, informada y sin interferencias, fortaleciendo así la confianza en la democracia y en sus resultados.
