En democracia, la confianza es tan importante como el voto, y hoy, ambas parecen estar en disputa.

En medio de retrasos en la distribución del material electoral y la difusión anticipada de encuestas, el proceso electoral 2026 enfrenta un escenario de alta tensión institucional donde la confianza ciudadana y la legitimidad de los resultados quedan seriamente cuestionadas.

La jornada electoral del 2026 en el Perú ha dejado al descubierto una combinación peligrosa de errores logísticos, disputas entre encuestadoras y tensiones entre instituciones, configurando un escenario que compromete seriamente la credibilidad del proceso. Para el analista Eloy Marchán y director de “El Foco”, lo ocurrido no solo evidencia fallas operativas, sino que pone en juego el prestigio de actores claves como Ipsos y Datum, cuyas proyecciones a boca de urna presentaron resultados divergentes.

“Una encuesta se está jugando el prestigio”, advierte Marchán, al subrayar que, tras este episodio, una de las dos quedará seriamente desacreditada ante la opinión pública. La premura en la difusión de los resultados, especialmente por parte de Datum y su amplificación en medios como América Televisión y el grupo de El Comercio, abre interrogantes sobre una posible intención de influir en el electorado, particularmente en un contexto donde aún había ciudadanos votando.

El impacto no es menor. Se estima que más de 55 mil personas acudieron a sufragar en medio de esta incertidumbre informativa, mientras que otros miles no pudieron hacerlo debido a un problema aún más grave: la falta de material electoral en varios centros de votación de Lima. Esta situación, atribuida inicialmente al proveedor, ha terminado por recaer políticamente sobre la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y su jefe, Piero Corvetto, cuya continuidad en el cargo “pende de un hilo”.

El cuestionamiento es contundente. La ONPE había asegurado, incluso mediante videos institucionales y notas de prensa, que el material electoral estaba completamente distribuido. Sin embargo, la realidad en Lima desmintió esa versión. Más grave aún, se habría incumplido el protocolo que establece que el material debe “dormir” en los locales de votación, lo que configura una posible infracción grave dentro del manual de procedimientos electorales.

La crisis se profundiza con la intervención de la Junta Nacional de Justicia, que ya anunció el inicio de una investigación preliminar contra Corvetto, en respuesta a las denuncias ciudadanas y la cobertura mediática. Este proceso podría derivar en una eventual suspensión, abriendo un escenario inédito en plena contienda electoral.

En paralelo, el papel del proveedor – la empresa Galaga SAC- también está bajo la lupa. Aunque ha rechazado responsabilidad exclusiva, especialistas coinciden en que la ONPE debió activar planes de contingencia ante cualquier incumplimiento contractual. “Si el proveedor falla, la responsabilidad sigue siendo del Estado”, se enfatiza desde el análisis.

El contexto político añade la presión de figuras como Keiko Fujimori exigiendo públicamente la ampliación del horario de votación, medida que finalmente fue adoptada, evidenciando una reacción institucional más forzada que planificada. A ello se suma la figura de Rafael López Aliaga, cuya narrativa previa sobre fraude encuentra ahora un terreno fértil para amplificar cuestionamientos.

El problema, sin embargo, no se limita a lo ocurrido el día de la votación. Existe un grupo indeterminado de ciudadanos que, pese a acudir a sufragar, no pudo ejercer su derecho debido a la ausencia de material electoral. Muchos de ellos no regresaron, y sus votos simplemente no existirán en el conteo final, generando un vacío que podría ser determinante en una elección ajustada.

A esto se suma la evidente descoordinación entre la ONPE y el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), que, aunque exhortó a no difundir encuestas, no logró impedir su publicación. La falta de sincronía en los tiempos y decisiones de ambas instituciones agrava la percepción de desorden y debilidad institucional.

En este contexto, la ONPE queda como árbitro final de un proceso cuestionado desde múltiples frentes. La paradoja es evidente: la institución encargada de garantizar la transparencia es hoy el principal foco de dudas. Con una segunda vuelta en el horizonte, la gran pregunta no es solo quién pasará, sino si el sistema electoral llegará con la legitimidad suficiente para sostener el resultado.

Nuestro país, enfrenta un desafío mayor que la simple elección de autoridades. Lo que está en juego es la reconstrucción de la confianza en el sistema democrático. Para ello, no basta con corregir errores logísticos o ajustar protocolos técnicos; se requiere transparencia real, responsabilidad informativa y un compromiso ético de todos los actores involucrados, desde las autoridades electorales hasta los medios de comunicación.

Porque al final, una democracia debilitada no colapsa de un día para otro. Se erosiona lentamente, en cada error no corregido, en cada dato mal difundido, en cada ciudadano que deja de creer. Y ese es un riesgo que el país ya no puede darse el lujo de ignorar.

El episodio deja una lección clara: en democracia, la confianza es tan importante como el voto, y hoy, ambas parecen estar en disputa.