El distrito de Shunte (Tocache) es sacudido por el avance de mineros ilegales desde Pataz que contaminan el río Huallaga, desplaza a comunidades y amenaza a 73 comunidades y 225 ríos y quebradas. Pese a operativos de la PNP e incautaciones por S/29 millones, las rondas campesinas denuncian que el “efecto globo” expulsa a los ilegales de un punto para que aparezcan en otro. La inacción estatal deja a San Martín frente a un enemigo cada vez más organizado.

Este territorio se ha convertido en nuevo epicentro de dragas, retroexcavadoras y motobombas que destruyen bosques y ríos, contaminan con mercurio y desplazan comunidades, mientras el Estado responde con lentitud, atrapado en su propia burocracia.

El boom del oro sigue alimentando esta expansión. Solo en 2024, las exportaciones ilícitas de este mineral alcanzaron US$6.840 millones, según datos de Vigilante.pe.

El pasado julio, el gobernador Walter Grundel solicitó declarar en emergencia a Shunte por la llegada masiva de mineros ilegales provenientes de Pataz (La Libertad), pero el Ejecutivo aún no responde. El riesgo es mayúsculo: 73 comunidades y 225 cuerpos de agua están expuestos a contaminación y violencia, de acuerdo con la Fundación para la Conservación y el Desarrollo.

La minería ilegal en San Martín no es nueva, pero su escalada desde 2020 genera alarma. En distritos como Chipurana, Huimbayoc y Santa Lucía, unas 15.000 personas sufren directamente los impactos: deforestación, aguas turbias y suelos degradados. El costo económico también es brutal: pérdidas de hasta S/50 millones anuales en agricultura, según CooperAcción.

La formalización minera tampoco despega. El 89,5% de los 238 mineros en proceso de formalización en la región están suspendidos por incumplimientos. El sistema del REINFO está colapsado, y el 93% de quienes se inscribieron trabajan en concesiones ajenas, generando conflictos legales y territoriales.

Mientras tanto, los intentos institucionales son limitados. En julio de 2025, la Corte Superior de San Martín inauguró un Juzgado Especializado en Delitos Ambientales en Tarapoto, presentado por la presidenta del Poder Judicial Janet Tello. Pero la falta de fiscales especializados y la corrupción en algunos directorios regionales reducen su impacto.

En la II Cumbre Nacional del Medio Ambiente en Moyobamba, se prometió un Observatorio de Amenazas Ambientales, pero sin presupuesto ni cronograma es solo papel mojado. “El Estado llega tarde y con las manos atadas”, denuncia Rosa María Álvarez, lideresa nativa de Huimbayoc.

Los operativos policiales se intensifican, aunque sin resultados sostenibles. En agosto de 2025, la PNP incautó bienes valorizados en S/29 millones en operaciones simultáneas en San Martín, Ucayali y Madre de Dios. En la cuenca del río Huallaga, efectivos destruyeron dragas en Shunte y Puerto Pizana, pero días después nuevas embarcaciones volvieron a operar en los mismos puntos.

El problema se multiplica: las rondas campesinas de Tocache han denunciado públicamente que, pese a los operativos, los mineros ilegales regresan con más fuerza, amenazando a dirigentes comunales. “Se van de un río, pero aparecen en otro: es el efecto globo que sacude el sur de San Martín”, advierte un vocero rondero.

A este escenario se suma la sombra del crimen organizado. Diversos reportes en redes sociales y medios locales vinculan la minería ilegal en Tocache al Clan del Golfo, lo que refuerza la idea de que ya no se trata de pequeños extractores, sino de redes transnacionales con capacidad de corromper autoridades.

Frente a este panorama, surgen propuestas alternativas. La Asociación de Contribuyentes del Perú (ACP) plantea el Programa MANA, que busca ordenar la minería artesanal con medidas como la eliminación del REINFO, un mapeo geológico con inteligencia artificial a cargo del Ingemmet, la creación del Fondo Nacional de Exploración Básica (FONEXPLO) y la entrega de derechos temporales de explotación sujetos a estándares ambientales y tributarios. El objetivo: romper el círculo vicioso de la informalidad y reducir los conflictos por superposición de suelos.

Mientras tanto, la resistencia local crece. La reciente II Cruzada por el Agua en Tocache reunió a agricultores, rondas campesinas y comunidades indígenas para exigir protección a sus ríos. Pero las marchas y discursos no bastan si el Estado no actúa con contundencia. San Martín necesita más que un juzgado o un observatorio. Requiere políticas integrales, tecnología de monitoreo satelital, sanciones efectivas y proyectos sostenibles que fortalezcan a las comunidades frente a esta amenaza.

Sin acciones concretas, el oro ilegal seguirá enriqueciéndose a costa de la Amazonía, mientras Shunte espera soluciones que no llegan.