¿Quién otorga las licencias y cuál es el negocio detrás de la extracción de material agregado?
Con el lema “Cuidas el río, cuidas tu vida”, la Defensoría del Agua y Bosques (ADABS) el 24 de octubre la II Jornada de Vigilancia del Corredor Río Tónchima, afluente del río Mayo, una movilización ciudadana que busca articular esfuerzos entre autoridades y población para proteger uno de los cauces más importantes de la región San Martín.
El punto de concentración será la Municipalidad del Pueblo Mayor de San Marcos, desde donde los participantes se dirigirán hacia el río Tónchima, debajo del puente que conecta San Marcos (Moyobamba) con Nuevo Tabalosos (Rioja).
La jornada busca establecer una hoja de ruta participativa para la defensa integral del río Tónchima, promoviendo el uso sostenible del agua y el cumplimiento de la normativa ambiental en las actividades económicas que se desarrollan en el corredor.
La agenda de la ADABS se enfoca en tres ejes centrales: la protección de la faja marginal para prevenir la erosión y el riesgo de inundaciones; el uso sostenible y equitativo del recurso hídrico; y la exigencia del cumplimiento ambiental por parte de empresas y gobiernos locales. La convocatoria ha sido respaldada por instituciones como los municipios de Moyobamba, Soritor y Rioja, la Autoridad Local del Agua (ALA Alto Mayo), el Ministerio Público, la Policía Nacional del Perú, así como Rondas Campesinas y Juntas Administradoras de Servicios de Saneamiento (JASS).
Durante la presentación de la jornada, el presidente de la ADABS, Rómulo Fernández Medina, expresó su firme rechazo a la minería metálica en la región. “La posición como defensor de agua y bosques es no a la minería metálica en la región San Martín. De ninguna manera en ningún espacio de nuestra región”, enfatizó.
Fernández alertó que en las riberas del río Tonchima se ha detectado extracción de materiales con maquinaria pesada, lo que genera preocupación por el impacto ambiental y la falta de control preventivo. “Si nosotros no tenemos prevención en cuanto a la defensa ribereña y el manejo de las fajas marginales de nuestros ríos, vamos a enfrentar consecuencias muy graves”, advirtió.
No obstante, aclaró que la organización sí apoya la minería no metálica, como la extracción de arena y piedra, siempre que cumpla con la ley, garantice la gestión ambiental y beneficie directamente a las comunidades a través del pago de tributos y compensaciones.
La II Jornada de Vigilancia del Corredor Tónchima–Mayo busca también exigir explicaciones de las autoridades competentes sobre los permisos y licencias para la extracción de material agregado, así como identificar los actores que se benefician económicamente de esta actividad.
En la actualidad, la Autoridad Nacional del Agua (ANA), a través de sus oficinas descentralizadas, es la entidad encargada de otorgar las autorizaciones para la extracción de materiales de acarreo en los ríos, mientras que las municipalidades provinciales y distritales participan en el otorgamiento de licencias de operación y comercialización.
El negocio detrás de esta actividad – la extracción y venta de material agregado como arena, grava o piedra – mueve miles de soles diarios en el mercado local de la construcción, muchas veces sin control ni fiscalización efectiva. Por ello, la ADABS busca que los recursos obtenidos por el uso de los ríos se traduzcan en beneficios directos para las comunidades, fortaleciendo la gobernanza ambiental y la responsabilidad de las autoridades locales.
La movilización de este 24 de octubre pretende ser más que una protesta: un llamado conjunto a proteger los ríos Tónchima, Río Negro, Yuracyacu y Tío Yacu, que conforman la red hídrica que abastece y da vida a miles de familias del Alto Mayo.
¿Quién otorga las licencias y cuál es el negocio detrás de la extracción de material agregado?
Autoridad Nacional del Agua (ANA): A través de sus Administraciones Locales del Agua (ALA), es la entidad que autoriza el retiro de materiales de acarreo (arena, grava, piedra) en cauces, riberas o márgenes de los ríos. La autorización se otorga mediante una resolución administrativa sustentada en un estudio técnico y ambiental, además del pago por derecho de uso del recurso hídrico.
Municipalidades Provinciales y Distritales: Tras la autorización de la ANA, los gobiernos locales deben otorgar las licencias de funcionamiento y comercialización, así como recaudar tributos municipales por el aprovechamiento del material. En la práctica, muchas municipalidades otorgan permisos sin coordinación con la ANA, generando conflictos y superposición de competencias.
El negocio: En zonas como el Alto Mayo, una volquetada de material agregado cuesta entre S/ 150 y S/ 250, dependiendo del transporte y la calidad del material. Algunos operadores informales llegan a mover más de 40 camiones al día, generando ingresos superiores a S/ 10,000 diarios. Sin embargo, gran parte de esta actividad ocurre sin control tributario ni ambiental, lo que provoca erosión de riberas, contaminación y pérdida de hábitats ribereños.
Los vacíos de control: Aunque la ANA, los municipios y el Ministerio de Energía y Minas (MINEM) comparten competencias, la fiscalización ambiental recae principalmente en el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) y en las Direcciones Regionales de Energía y Minas (DREM). La falta de articulación y recursos deja amplios márgenes para la informalidad y la sobreexplotación.
Crisis al descubierto
La situación del río Tónchima revela una crisis de gobernanza ambiental en la región San Martín, donde las competencias se cruzan, los controles son débiles y el interés económico suele imponerse sobre la sostenibilidad. Mientras las instituciones discuten sus atribuciones, los ríos se erosionan, el agua se degrada y las comunidades ribereñas quedan expuestas. La jornada convocada por la Defensoría del Agua y Bosques no solo busca visibilizar estos riesgos, sino también recuperar el sentido de corresponsabilidad ciudadana frente a los bienes comunes. En un contexto de creciente presión sobre los ecosistemas amazónicos, la defensa del río Tónchima es, en realidad, la defensa del derecho al agua y a un futuro sostenible para el Alto Mayo
ANTECEDENTE
En Junín, ante el peligro inminente por el período de lluvias el 2020 y como medida de prevención, el Ministerio de Agricultura y Riego, a través de la Autoridad Nacional del Agua (ANA), recomendó a las municipalidades distritales y provinciales de la región Junín la suspensión de todo trabajo de extracción de material de acarreo en los ríos de la cuenca del Mantaro, entre los meses de enero y abril del presente año.
La ANA, mediante Administración Local del Agua (ALA) Mantaro, adopta esta medida para prevenir posibles afectaciones a los caudales de los ríos, vulneraciones a las defensas ribereñas o infraestructuras hidráulicas y, sobre todo, salvaguardar la integridad de la población adyacente y las viviendas.
