La sentencia recuerda que el ejercicio de la función pública exige transparencia y que aprovechar un cargo para obtener beneficios personales constituye una grave vulneración de la confianza ciudadana.

La lucha contra la corrupción sumó un nuevo precedente en Mariscal Cáceres, luego de que el Juzgado Penal Unipersonal de Mariscal Cáceres condenara a Percy Dioses, asistente administrativo de la Gerencia de Administración Tributaria de la Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres, por el delito de concusión en agravio del Estado peruano, tras acreditarse que solicitó de manera indebida S/ 200 a una ciudadana simulando que se trataba de un cobro oficial por un trámite municipal.

La sentencia fue emitida a pedido de la Fiscalía Anticorrupción de Juanjuí, cuyo representante, el fiscal adjunto provincial José Manuel Peche Gonzales, demostró durante el juicio oral que el funcionario se aprovechó de su cargo para inducir a la usuaria a entregar el dinero, haciéndole creer que correspondía al pago por un supuesto derecho de búsqueda y cálculo del autovalúo de un predio. Los hechos ocurrieron el 9 de enero de 2024, cuando la agraviada efectuó el desembolso convencida de que cumplía con una obligación establecida por la municipalidad.

Durante el proceso judicial, la Fiscalía sustentó la responsabilidad del acusado con la declaración de la agraviada, los testimonios de funcionarios municipales y la resolución administrativa que anteriormente había dispuesto la suspensión por tres meses sin goce de haber del servidor investigado, elementos que permitieron al juzgado establecer la existencia del delito y la responsabilidad penal del procesado.

Como resultado, Percy Dioses fue condenado a dos años y seis meses de pena privativa de libertad, suspendida por el mismo período bajo reglas de conducta. Además, deberá pagar 180 días multa, equivalentes a S/ 1,537.20 a favor del tesoro público, cumplir cinco años de inhabilitación para ejercer función o cargo público y abonar S/ 5,000 por concepto de reparación civil a favor del Estado peruano.

La resolución judicial reafirma que ningún servidor público puede utilizar el cargo que desempeña para obtener beneficios económicos personales, y que este tipo de conductas será sancionado conforme a la ley, fortaleciendo el mensaje de que la integridad y la transparencia deben prevalecer en la administración pública para recuperar y preservar la confianza de la ciudadanía.