La reciente evaluación de RAMI, plataforma creada por Conservación Amazónica (ACCA) para monitorear la minería ilegal, advierte sobre un incremento de infraestructuras mineras en tramos clave de la Amazonía.
En julio, el monitoreo detectó nuevas balsas y zonas de extracción en ríos como Cenepa, Santiago y Aguaytía, señales de la expansión de la minería aurífera en diversas regiones del país. Las imágenes revelan un patrón de ocupación de cauces que abastecen a comunidades locales, lo que aumenta los riesgos para la salud de la población y la integridad de los ecosistemas.
En el marco de la acción local, la Policía Nacional del Perú (PNP) informó sobre intervenciones recientes a mineros informales en la cuenca del Huallaga, parte de la región San Martín y su entorno. Sin embargo, trascendidos oficiales indican que, en un giro polémico, el Ejecutivo habría ordenado al mando policial no intervenir en ciertos asuntos ambientales. Esta directiva, de confirmarse, podría debilitar la capacidad de respuesta ante actividades extractivas que amenazan bosques y la calidad del agua.
Impacto ambiental y social
- Pérdida de bosques y disturbios en ecosistemas ribereños: la minería ilegal genera sedimentación, alteración de caudales y fragmentación de hábitats.
- Contaminación de ríos y recursos hídricos: el uso de sustancias y la presencia de balsas en cauces afectan la potabilidad y la vida acuática.
- Riesgo para comunidades locales: la contaminación y el estrés hídrico comprometen el acceso al agua para consumo y proyectos productivos comunitarios.
Respuestas y retos
En materia de gobernanza y control, se requiere una coordinación más estrecha entre fuerzas de seguridad, autoridades ambientales y comunidades para vigilar y sancionar actividades ilegales sin afectar el derecho al agua y a la vida de las comunidades.
En cuanto al marco normativo y fiscalización, es clave mejorar las inspecciones en ríos estratégicos, con uso de tecnología de monitoreo y sanciones efectivas para frenar la depredación.
Respecto a la participación comunitaria, es necesario fortalecer la vigilancia local y la transparencia de las acciones gubernamentales para evitar vacíos de responsabilidad y garantizar la protección de bosques y ríos.
RAMI utiliza imágenes satelitales para identificar nuevas infraestructuras mineras y cambios en cobertura forestal, con foco en la Amazonía. La transparencia en la información y la verificación independiente son esenciales para generar confianza pública en las decisiones que impactan el entorno y la vida de las comunidades.
