Ex alcalde Huamán Chinchay entre los implicados. Para que denuncia no sea archivada, será necesario que el procurador y la sociedad civil se mantenga atenta ante cualquier decisión.

En un documento formal presentado ante el Procurador Público de la Municipalidad Provincial de Moyobamba, el abogado Marcelino Romero Mendo, solicitó de manera expresa que se inicien acciones administrativas, civiles y penales para la reversión de predios urbanos ubicados en la zona del barranco, al final del Proyecto de la Av. Amazonas, frente a la Carretera Fernando Belaúnde Terry, a una distancia aproximada de 30 metros lineales, en el Sector FONAVI II, Barrio Belén, distrito y provincia de Moyobamba, a favor de la Municipalidad Provincial de Moyobamba.

El petitorio, sustentado en el artículo 116 del Texto Único Ordenado de la Ley N.° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante D.S. N.° 004-2019-JUS, advierte que dichos terrenos, por su naturaleza y ubicación, deberían mantenerse como bienes de dominio municipal, razón por la cual se solicita su reversión inmediata y la adopción de medidas legales para recuperar la propiedad estatal.

Asimismo, el denunciante solicita que se formule denuncia penal contra Maricela Zavaleta Torres de Estela, Norbil Estela Campos, Gastelo Huamán Chinchay Marcial Fustamante Díaz, Deisy Dávila Nuncebay, así como contra los funcionarios o ex funcionarios públicos que resulten responsables, por la presunta comisión de delitos contra la administración pública.

Entre las figuras penales invocadas se encuentran “usurpación”, “tráfico de terrenos del estado”, “otorgamiento ilegítimo de derechos sobre inmuebles”, “peculado” y “falsificación de documentos”, tipificadas en los artículos 204°, 376-B°, 387° y 427° del código penal, hechos que, de confirmarse, comprometerían seriamente la legalidad de actos administrativos pasados y la actuación de servidores públicos.

La denuncia pone nuevamente en el centro del debate ciudadano la defensa del patrimonio público municipal, el manejo de terrenos ubicados en zonas de riesgo como barrancos, y la responsabilidad de las autoridades de no permitir que bienes del Estado sean apropiados de manera irregular.

Ahora, la expectativa recae en la Procuraduría Pública Municipal, que deberá determinar si inicia las acciones correspondientes, como el seguimiento correspondiente del caso y el juzgado en el que se investigara el caso o si este caso se suma a la larga lista de denuncias que, pese a su gravedad, terminan archivadas, sin responsables ni sanciones. Que no se repita la historia.