El 96,7% de vertimientos provienen de descargas residuales y el silencio institucional preocupa

Mientras vecinos de Juan Antonio exigen soluciones inmediatas, los informes oficiales advierten que más del 36,6% del agua del río Mayo es de mala a pésima calidad. Urgen decisiones coherentes y sostenidas; la población observará y decidirá.

La problemática del alcantarillado y la contaminación por aguas residuales en el sector Juan Antonio – Playas del Río Mayo, en Moyobamba, volvió a ponerse en agenda tras la microaudiencia organizada por la Sunass en la EPS Moyobamba, en el marco del programa Participa Vecino. En el encuentro, vecinos del sector, representantes de la empresa prestadora y la Municipalidad Provincial de Moyobamba acordaron ejecutar acciones de limpieza, mantenimiento y reparación de tuberías, así como realizar seguimiento a los compromisos asumidos para mejorar el servicio y proteger la salud de cerca de 960 usuarios directamente afectados por los constantes aniegos y descargas de aguas servidas.

Sin embargo, el problema supera largamente la coyuntura de una tubería colapsada. De acuerdo con el Plan de Gestión Integrada de Recursos Hídricos de la Cuenca del Río Mayo, elaborado por el Comité de Subcuenca Mayo, el vertedero de Juan Antonio fue advertido en marzo de 2024 como el más grande del Alto Mayo en términos de descargas contaminantes, constituyéndose en uno de los principales focos de coliformes fecales y agentes biológicos que afectan la calidad del agua del río. El documento técnico analiza escenarios de cantidad y riesgos ante el cambio climático y la débil gobernanza del agua, evidenciando una realidad alarmante.

Los estudios citados en el plan determinan que más del 36,6% del agua del río Mayo se clasifica entre mala y pésima, lo que restringe su aprovechamiento y obliga a recurrir a sistemas complejos y costosos de tratamiento para uso doméstico. Más grave aún, el análisis de la gestión de aguas residuales revela que existe una inadecuada gestión de los vertimientos provenientes de los servicios de saneamiento y de actividades productivas, representando estos el 96,7% de las fuentes contaminantes de la subcuenca, y dentro de ese universo, el sector saneamiento concentra el 88,2% de los vertimientos no autorizados.

El marco normativo es claro. Según la Ley Marco modificada por Decreto de Urgencia N.° 11-2020 y la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, corresponde a los Gobiernos Regionales formular, aprobar, evaluar, actualizar e implementar los Planes Regionales de Saneamiento, alineados con el Plan Nacional de Saneamiento, los planes de desarrollo concertado y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Estos planes, con horizonte de cinco años —actualmente el periodo 2021-2025—, debieron identificar proyectos de inversión, fuentes de financiamiento y responsables para cerrar brechas de acceso, calidad y sostenibilidad. No obstante, la brecha entre la norma y la realidad es evidente en las riberas del río Mayo.

La articulación entre niveles de gobierno, fiscalización efectiva y ejecución presupuestal siguen siendo tareas pendientes.

Mientras tanto, en Juan Antonio, los vecinos ante la incertidumbre sobre el futuro del río que históricamente ha sido fuente de vida y desarrollo. Las microaudiencias son un paso, pero no sustituyen la responsabilidad estructural de planificar, invertir y fiscalizar con rigor.

La Amazonía no puede seguir siendo el patio trasero de la desidia institucional. Urgen decisiones coherentes, sostenidas y transparentes. La población observa, compara y, llegado el momento, decidirá.