Pese a los esfuerzos para proteger a las niñas de abusos y embarazos no deseados, se sigue luchando con la nefasta figura del matrimonio infantil.
El embarazo y la maternidad temprana son expresión de una serie de desigualdades generacionales, socioeconómicas, territoriales, entre otras, en cuya base se encuentra la desigualdad de género.
El estudio del Fondo de Población de las Naciones Unidas, destaca que el embarazo adolescente tiene consecuencias negativas tanto para las adolescentes como para sus hijos e hijas, incluyendo mayores riesgos de mortalidad materna e infantil, así como mayores desafíos en términos de acceso a servicios de salud y educación.
Esta se manifiesta en episodios de violencia y abuso sexual, en el control hegemónico sobre el cuerpo, y en las limitaciones al ejercicio del derecho a la información y educación sexual de calidad acorde a la edad de las niñas y adolescentes, así como a la salud sexual y reproductiva, que resulta en maternidades no intencionales.
Los efectos de la maternidad temprana son duraderos y pueden ser definitivos. Inician con la deserción escolar, y conllevan a dificultades para acceder a un trabajo decente, resultando en condiciones de vida de exclusión y pobreza que pueden transmitirse a las siguientes generaciones.
Adicionalmente, las complicaciones propias del embarazo y el parto, incluido el aborto que ocurre en condiciones inseguras, así como el limitado acceso a la atención médica de urgencia, pueden derivar en muerte, discapacidad o deterioro de la salud física y mental con lesiones autoinfligidas, particularmente cuando el origen del embarazo es el abuso sexual.
La publicación sobre el Mapa del embarazo y la maternidad en niñas y adolescentes en el Perú muestra lamentables matices y tendencias. El incremento de la maternidad de las niñas de 10 a 14 años va de la mano con un aumento de los reportes de violencia sexual, aunque sabemos que estos últimos no representan la totalidad de las violencias sexuales de las niñas y tampoco todos los abusos sexuales terminan en una maternidad. Pese a los esfuerzos para proteger a las niñas de abusos y embarazos no deseados, se sigue compitiendo con la nefasta figura del matrimonio infantil.
En el Perú, cada año más de 1,500 niñas de 10 a 14 años se convierten en madres (1,611 en el 2022).
Un análisis de los presupuestos de las regiones del país para prevención del embarazo adolescente realizado por EC Data muestra que, en promedio, las regiones tienen un presupuesto de S/9,3 por adolescente, pese a que el mínimo ideal debería ser S/55.
El estudio destaca que el embarazo adolescente tiene consecuencias negativas tanto para las adolescentes como para sus hijos e hijas, incluyendo mayores riesgos de mortalidad materna e infantil, así como mayores desafíos en términos de acceso a servicios de salud y educación. Se enfatiza la necesidad de abordar el problema del embarazo adolescente a través de políticas y programas que promuevan la educación sexual integral, la igualdad de género y el acceso a servicios de salud de calidad.
El 77.6 % de jóvenes sexualmente activas utilizan métodos anticonceptivos como prevención al embarazo
Los embarazos adolescentes, en su gran mayoría, no son planificados, por lo que repercuten en el aspecto individual y social de la persona, conllevando a situaciones de abandono, morbilidad y mortalidad de la adolescente y su bebé, dificultades de concluir con los estudios escolares, planes de vida y acceso a oportunidades de desarrollo.
El 77.6 % de adolescentes entre 15 a 19 años sexualmente activas tiene acceso a métodos anticonceptivos modernos, de acuerdo con la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar – Endes, durante el año 2022, mientras que, en el año 2018, solo se registró un 65 %. Entre los métodos anticonceptivos de mayor uso en este grupo es el condón masculino con un 36.7 %, y el 5.4 % se colocó el implante subdérmico.
Según Endes 2022, las regiones que presentan mayores tasas de embarazo adolescente son Ucayali y Loreto con 3 %, Amazonas con 2.7 %, Huancavelica con 2.6 %, Huánuco y Madre de Dios con 2.5 %. Siendo el promedio nacional 1.9 %.
Fuentes: Ministerio de Salud (Minsa) – Direcciones de Redes Integradas de Salud (Diris) Direcciones y gerencias regionales (Diresa/Geresa)