Obras paralizadas: el círculo vicioso del concreto inconcluso
La obra pública no es solo fierro y cemento: confianza, son servicios básicos, es calidad de vida.
En el Perú, hablar de obras públicas es hablar de una historia que se repite sin final feliz: retrasos interminables, sobrecostos que nadie explica, proyectos abandonados y la frustración permanente de poblaciones que ven cómo las promesas se quedan en papeles y primeras piedras. No es una percepción, son cifras oficiales. A nivel nacional, el país arrastra más de 2,500 obras públicas paralizadas, con una inversión comprometida que supera los S/ 43,000 millones, un golpe directo al desarrollo, al empleo y, sobre todo, a la confianza ciudadana en el Estado.
El problema es estructural. Según el Inventario de Obras Públicas Paralizadas del Banco de Inversiones del MEF, bajo el marco de la Ley N.° 31589, el costo actualizado de inversión de estas obras asciende a S/ 17,879,349,773, de los cuales el Gobierno Local concentra el 71.6 % de las obras paralizadas (936 proyectos), seguido del Gobierno Regional con 214 obras (16.4 %) y el Gobierno Nacional con 157 obras (12 %). En términos de dinero, el Gobierno Nacional lidera el monto comprometido con S/ 8,225 millones (46 %), mientras que los gobiernos regionales concentran S/ 4,579 millones (25.6 %) y los gobiernos locales S/ 5,074 millones (28.4 %). El saldo de inversión pendiente supera los S/ 5,161 millones, recursos inmovilizados mientras las necesidades siguen creciendo.
Este escenario nacional tiene un reflejo directo y doloroso en las regiones. En San Martín, a pesar de los anuncios oficiales de avances y reactivación de proyectos en educación, salud y vías, la realidad sigue siendo compleja. La Contraloría General de la República, a través del Sistema de Información de Obras Públicas, advirtió en marzo de 2025 la existencia de 41 obras paralizadas en la región, con un valor acumulado de S/ 516 millones. Entre los proyectos críticos figuran obras de alto impacto social como el sistema de agua y alcantarillado de Moyobamba, el proyecto similar en Tocache, así como el Hospital de Rioja y el hospital de La Banda de Shilcayo, infraestructuras claves que deberían garantizar derechos básicos y que hoy simbolizan la ineficiencia del sistema.
El impacto social de esta parálisis es devastador. Cada obra detenida significa menos acceso a agua potable, hospitales inconclusos, escuelas a medio construir y carreteras que no conectan. Significa también empleos perdidos, economías locales frenadas y una creciente desconfianza en las autoridades, especialmente en los gobiernos subnacionales, donde se concentran las mayores fallas de planificación, gestión y control, muchas veces atravesadas por corrupción y decisiones técnicas deficientes.
Los megaproyectos deberían ser motores de desarrollo, pero mientras el país siga atrapado en la microgestión, en expedientes mal elaborados y en procesos obsoletos, el resultado será el mismo: concreto abandonado y millones desperdiciados.
El desafío no es menor y tampoco es nuevo. La diferencia está en la decisión política y técnica de gestionar distinto para construir distinto. Porque las obras públicas no son solo fierro y cemento; son confianza, son servicios básicos, son calidad de vida.
Si el Estado no coloca a la ciudadanía en el centro de la ecuación, seguirá inaugurando promesas en lugar de resultados. Y entonces, no será por falta de diagnósticos —que sobran—, sino por falta de voluntad para romper, de una vez por todas, el círculo vicioso de las obras paralizadas que tanto le cuesta al Perú y que, en regiones como San Martín, sigue postergando el desarrollo que la población reclama desde hace años. Fuente:Contraloría General de la República – MEF –
