La municipalidad que más recursos destinó como subsidio fue Moyobamba, 2,267,397 soles y una ejecución de 2,087,153 soles. De este total, solo se recaudaron 313,421 soles, lo que obligó a subsidiar 1,773,732 soles. A diferencia con Bellavista (70,037 soles), supera los 2 millones de soles.
La ejecución presupuestal y el nivel de recaudación muestran marcadas diferencias entre provincias; planificación, comunicación y ejecución serán claves para mejorar la sostenibilidad del servicio.
La revisión de la ejecución presupuestal y la recaudación por el servicio de serenazgo en las municipalidades provinciales del departamento de San Martín, correspondiente al Año Fiscal 2025, evidencia profundas diferencias en la forma cómo cada comuna financia y sostiene este servicio clave para la seguridad ciudadana. Las cifras oficiales de Transparencia Económica del Ministerio de Economía y Finanzas, sistematizadas por el Diario Voces, revelan contrastes tanto en montos ejecutados como en niveles de subsidio.
En términos de Presupuesto Institucional Modificado (PIM), la provincia de San Martín encabeza la lista con 3,703,522 soles, de los cuales ejecutó 3,309,529 soles, mientras que la recaudación anual por serenazgo alcanzó 1,887,566 soles. Esto implica que el monto subsidiado fue de 1,421,963 soles, equivalente al 42.96% del gasto ejecutado, convirtiéndola en la comuna que menos subsidia proporcionalmente el servicio.
En el extremo opuesto, las municipalidades provinciales de Bellavista, Huallaga y Lamas no registraron recaudación alguna por el servicio, por lo que subsidiaron el 100.00% del costo ejecutado. En Bellavista, el PIM fue de 70,037 soles, ejecutándose el 100.00% del monto asignado; en Huallaga, se ejecutaron 108,881 soles; y en Lamas, 606,239 soles, todos cubiertos íntegramente con recursos municipales como FONCOMUN, recursos ordinarios o directamente recaudados.

En términos monetarios, la municipalidad que más recursos destinó como subsidio fue Moyobamba, con un PIM de 2,267,397 soles y una ejecución de 2,087,153 soles. De este total, solo se recaudaron 313,421 soles, lo que obligó a subsidiar 1,773,732 soles, el monto más alto entre todas las provincias evaluadas. La diferencia frente a la provincia con menor PIM, Bellavista (70,037 soles), supera los 2 millones de soles, lo que refleja una brecha significativa tanto en capacidad presupuestal como en estructura de financiamiento.
Otras provincias muestran escenarios intermedios. En Rioja, con un PIM de 867,374 soles y una ejecución de 821,254 soles, se recaudaron 103,695 soles, generando un subsidio de 717,559 soles. En Tocache, de 676,299 soles presupuestados y 601,777 soles ejecutados, la recaudación fue de 120,900 soles, obligando a subsidiar 480,877 soles. En Mariscal Cáceres, el gasto ejecutado alcanzó 1,181,828 soles, con una recaudación de apenas 24,800 soles, lo que implicó un subsidio de 1,157,028 soles.
Por su parte, El Dorado ejecutó 484,414 soles de un PIM de 485,818 soles, recaudando 12,875 soles y subsidiando 471,539 soles; mientras que Picota ejecutó 234,676 soles, con una recaudación simbólica de 280 soles, lo que generó un subsidio de 234,396 soles.
El análisis evidencia no solo disparidades presupuestales, sino también un problema estructural: resulta contradictorio que algunas municipalidades utilicen recursos públicos para brindar un servicio sin contar con los instrumentos normativos o administrativos que permitan recaudar por concepto de serenazgo, debilitando la sostenibilidad financiera del sistema.
La comparación entre la provincia con mayor subsidio monetario, Moyobamba (1,773,732 soles), y aquellas que no recaudan absolutamente nada, como Bellavista, Huallaga y Lamas, demuestra que la falta de recaudación traslada la carga íntegra al presupuesto municipal, limitando la posibilidad de invertir en equipamiento, personal y modernización del servicio.
En un contexto donde la seguridad ciudadana es una de las principales demandas de la población, los resultados del 2025 dejan una lección clara: sin planificación financiera adecuada, sin estrategias efectivas de comunicación para incentivar el pago del servicio y sin una ejecución eficiente respaldada por instrumentos legales sólidos, el serenazgo seguirá dependiendo en gran medida de subsidios que tensionan las finanzas municipales.
La sostenibilidad del servicio exige cerrar brechas, fortalecer la gestión tributaria y garantizar que los recursos se traduzcan en mayor cobertura y mejor calidad para los ciudadanos.



