El hallazgo de docentes nombrados al margen de la ley reabre el debate sobre la urgente necesidad de blindar la meritocracia e idoneidad en el sistema educativo regional para proteger el futuro de miles de estudiantes.

En un hecho que vulnera los principios de legalidad y meritocracia en la educación, la Contraloría General de la República reveló que cinco docentes accedieron a plazas de nombramiento en la Carrera Pública Magisterial a pesar de contar con sentencias por delito doloso, incumpliendo de forma flagrante un requisito indispensable para el ejercicio de la función docente.

Las irregularidades se detectaron durante el proceso correspondiente al Concurso Público de Ingreso 2022, desarrollado en las jurisdicciones de las UGEL San Martín, UGEL Picota y UGEL El Dorado, entidades dependientes de la Dirección Regional de Educación San Martín. De acuerdo con el Informe de Auditoría de Cumplimiento n.°011-2026-2-0744-AC, elaborado tras evaluar el periodo comprendido entre el 10 de enero de 2023 y el 31 de diciembre de 2025, la comisión auditora constató mediante documentación judicial que los implicados firmaron declaraciones juradas falsas para continuar en el proceso. La fiscalización determinó además que otros dos postulantes ganadores presentaron títulos profesionales con inconsistencias formales y sustanciales para acreditar su formación académica, agravando el cuadro de anomalías.

El informe remarcó la falta de control en las unidades ejecutoras, advirtiendo que las tres UGEL involucradas no contaban con documentación que acredite la realización de la fiscalización posterior de los expedientes, omisión que impidió identificar los casos a tiempo y aplicar las sanciones correspondientes.

Ante este preocupante panorama, el órgano de control recomendó a las autoridades educativas implementar mecanismos rigurosos de supervisión y monitoreo previo a la incorporación de personal al magisterio, así como iniciar las acciones legales correspondientes contra quienes resulten responsables de estos actos.

Garantizar que las aulas estén a cargo de profesionales con solvencia moral y profesional no es solo un trámite administrativo, sino una obligación ética ineludible con la niñez y la juventud sanmartinense.