En Moyobamba, Tarapoto, Rioja, Juanjui, Lamas, Bellavista, Tocache, Nueva Cajamarca siguen apareciendo lotizaciones y asentamientos sin servicios básicos, drenaje pluvial, equipamiento urbano como escuelas, postas médicas, independientemente de la forma que se ha adquirido el suelo resultan siendo una carga para el presupuesto público.
Para afrontar este problema, el 25 de julio del presente año, se emitio la ley de desarrollo urbano sostenible (Ley DUS) N.° 31313, la primera ley de este tipo que se ha promulgado en el Perú, a diferencia de otros países que cuentan con leyes similares.
POR: JAY VELA GONZÁLEZ
Consultor en Gestión
Inmobiliaria
La política nacional de vivienda y urbanismo (PNVU) recientemente aprobada, señala que las causas de las inadecuadas condiciones de habitabilidad de la población son: bajo impacto de la planificación urbana-territorial y limitado control de su cumplimiento; producción y ocupación ineficiente e insostenible del suelo; y acceso limitado e inequitativo a soluciones habitacionales adecuadas. Esto genera: desigualdad social y económica, desarticulación espacial, impacto negativo en el medio ambiente y aumento de la vulnerabilidad y riesgo; afectación a la salud integral de la población y falta de espacios de encuentro y construcción de comunidad. Para afrontar este problema, se emitió, el 25 de julio, la ley de desarrollo urbano sostenible (Ley DUS) N.° 31313, la primera ley de este tipo que se ha promulgado en el Perú, a diferencia de otros países que cuentan con leyes similares desde hace muchos años.
Según una investigación de GRADE (2020), el 90% de la expansión urbana de las últimas décadas es informal. Al ver las áreas de expansión de nuestras principales ciudades, como Moyobamba o Tarapoto, nos damos cuenta de que, efectivamente, desde hace muchos años existen asentamientos nuevos en la periferia y que no cuentan con servicios básicos, accesibilidad adecuada, drenaje pluvial, equipamiento urbano como escuelas, postas médicas o parques para poder desarrollarse adecuadamente, independientemente de la forma que se ha adquirido el suelo (ilegal o informal), resultan siendo una carga para el presupuesto público, en beneficio del privado, pues para vender un suelo sin habilitar solo basta fraccionarlo y publicar avisos, sin que la autoridad municipal haga algo al respecto, pero que en el futuro tendrá la obligación de implantar servicios y mejorar accesibilidad con el poco presupuesto que recauda, pues la mayoría de municipalidades dependen de transferencias del gobierno central para poder ejecutar obras.
Sin embargo, el problema va más allá de lo económico, pues también es social y ambiental, pues se deforesta todo lo que está al paso.
En los últimos 25 años, la única receta que se ha aplicado de forma masiva en el Perú, para el problema de la vivienda, ha sido la titulación del suelo, basándose en la teoría de Hernando De Soto, quien señala que, al legalizar las ocupaciones del suelo, las personas tendrán la oportunidad de tener un activo reconocido que les servirá para préstamos que financien la construcción de viviendas o emprendimientos. Han pasado 25 años y diferentes estudios como los Calderón, Clichevsky o Torres, han demostrado que la titulación del suelo no es la solución.
El presidente Castillo en su mensaje a la Nación del 28 de julio, señaló que el actual gobierno propone: “Cerrar la brecha de servicios de agua y saneamiento al 100%”…Se facilitará a la población el acceso al programa nacional Techo Propio… Promoveremos la formalización de predios rurales y urbanos (…) para ellos se simplificará la normativa sobre titulación de predios… y se firmarán convenios interinstitucionales para el levantamiento catastral en menos tiempo”. Es decir, más de lo mismo. Las mismas recetas neoliberales en un gobierno de izquierda.
Nos atrevemos a lanzar algunas propuestas: Catastro escalable, garantizando su sostenibilidad, actualización y mantenimiento adecuado, en lugar de priorizar solo el levantamiento. Planes de desarrollo urbano articulados, obligatoriamente, a la Programación Multianual de Inversiones; bajo un esquema de gobernanza participativa. Implementación de los instrumentos urbanos de la Ley DUS para el autofinanciamiento de las ciudades. Bonos habitacionales para vivienda nueva y reforzamiento estructural de viviendas para densificar donde hay suelo con servicios públicos ya instalados. Asistencia técnica en la autoconstrucción de viviendas. Titulación de suelo y edificaciones.