¿Los precios volverán a normalidad ahora que se ha reparado el gasoducto de Camisea?
El jefe regional de Osinergmin, Edgardo Martín Lévano Félix, explicó que la región no enfrenta desabastecimiento de combustibles ni de GLP, pero que algunos establecimientos han restringido la venta para evitar escasez. También señaló que el alza de precios responde a factores logísticos y al mercado internacional.
Lévano Félix, informó que la institución ha intensificado las labores de supervisión en establecimientos de venta de combustibles y GLP en toda la región, tras la reciente crisis energética que generó preocupación entre la población.
Explicó que desde el inicio de la emergencia cada oficina regional de Osinergmin dispuso operativos para verificar los stocks de combustibles en grifos, estaciones de servicio y plantas envasadoras, con el objetivo de conocer la real situación del abastecimiento.
Como resultado de estas acciones, indicó que los establecimientos sí cuentan con combustible disponible, aunque en algunos casos se ha optado por limitar la venta a los clientes de acuerdo con su consumo histórico, a fin de evitar que se produzca un desabastecimiento.
“Si una empresa compraba normalmente 500 galones por semana, se le vende esa misma cantidad y no más, para garantizar que otros clientes también puedan acceder al combustible que necesitan para sus operaciones”, precisó.
En el caso del gas licuado de petróleo (GLP), el funcionario señaló que algunas plantas envasadoras también han adoptado medidas preventivas, como vender solo un balón por cliente, con el propósito de asegurar que más usuarios puedan acceder al producto.
Respecto al incremento de precios en algunos grifos de la región, Lévano explicó que este comportamiento responde a varios factores, entre ellos el aumento de la demanda y los mayores costos logísticos para el transporte del combustible.
Detalló que las plantas de abastecimiento, como la planta de fraccionamiento de Pluspetrol en Pisco, continúan despachando GLP, pero la situación se ha complicado debido a que muchos usuarios de gas natural vehicular (GNV), principalmente en Lima, han migrado al consumo de combustibles líquidos y GLP, lo que ha generado una mayor congestión en las plantas de despacho.
Esta situación ha provocado que los camiones que antes esperaban entre dos y tres días para cargar combustible ahora deban esperar entre ocho y doce días, lo que incrementa los costos de transporte y operación.
“Muchos establecimientos no tienen unidades propias y deben alquilar transporte. Además, los conductores permanecen más días en las plantas esperando despacho, lo que genera gastos adicionales que finalmente impactan en el precio”, explicó.
A ello se suma que el Perú forma parte de un mercado internacional de hidrocarburos, por lo que los precios también están sujetos a las fluctuaciones del barril de petróleo y a factores geopolíticos como conflictos en Medio Oriente.
En el caso de la región San Martín, señaló quelos costos logísticos se incrementan aún más debido a las largas distancias desde las plantas de despacho ubicadas en Lima, Pisco o Talara.
Pese a estas dificultades, el funcionario reiteró que las supervisiones de Osinergmin han confirmado que existe stock de combustibles en los establecimientos de la región, aunque con ciertas restricciones temporales en la venta.
Asimismo, recordó que el mercado de combustibles en el Perú es de libre competencia, por lo que Osinergmin no regula los precios, ya que estos se determinan en función de la oferta y la demanda.
No obstante, destacó que los ciudadanos pueden comparar precios utilizando el aplicativo “Facilito” de Osinergmin, una herramienta que permite ubicar, mediante GPS, los establecimientos cercanos y verificar cuánto cuesta el combustible o el balón de GLP en cada uno de ellos.
“El aplicativo muestra en verde los precios más económicos, en naranja los intermedios y en rojo los más altos. De esa manera, el ciudadano puede decidir dónde comprar”, indicó.
Finalmente, precisó que Osinergmin también verifica que el precio que aparece en el surtidor sea el mismo que se factura al usuario y el que está registrado en el sistema oficial, y que en caso de detectar irregularidades se inicia el correspondiente proceso sancionador.
