Deslizamientos de tierra y suspensión prolongada de la obra amenazan la seguridad de más de 4 mil pobladores en el distrito de Pólvora, mientras crece la preocupación por el futuro de un proyecto valorizado en más de S/ 28 millones.

La ejecución del puente peatonal que unirá los sectores de Santa Rosa de Mishollo y Túpac Amaru, en el distrito de Pólvora, provincia de Tocache, enfrenta un escenario crítico que pone en riesgo tanto la infraestructura como la seguridad de la población beneficiaria. La alerta fue emitida por la Contraloría General de la República (CGR), tras detectar serias deficiencias derivadas de la prolongada paralización de la obra y de los recientes deslizamientos de tierra registrados en la zona.

El proyecto, impulsado por el Gobierno Regional de San Martín, contempla la construcción de un puente colgante peatonal, accesos y obras ambientales con una inversión superior a los S/ 28.6 millones, y tiene como finalidad mejorar la conectividad y las condiciones de tránsito de más de 4 mil habitantes de esta parte de la región. Sin embargo, lejos de avanzar, la obra permanece detenida y sin frentes de trabajo activos, situación constatada durante la inspección realizada los días 22 y 23 de abril de 2026 por la comisión de control, según detalla el Informe de Control Concurrente N.° 6358-2026-CG/GRSM-SCC.

Durante la visita técnica, los auditores verificaron que las intensas lluvias provocaron el deslizamiento de una gran masa de tierra en la margen derecha del río Mishollo, cubriendo parte de la base de la torre de concreto armado del puente. Este hecho representa un peligro considerable para la estabilidad estructural de la infraestructura, debido a que estaría soportando presiones y esfuerzos distintos a los previstos en el diseño original.

La situación no solo compromete el futuro de la obra, sino también la integridad de las familias que viven en las inmediaciones. La comisión de control advirtió que una vivienda cercana presenta la cimentación parcialmente suspendida en el vacío, lo que genera un riesgo inminente de colapso y una amenaza directa para sus ocupantes.

A ello se suma la preocupación por el deterioro progresivo de los materiales almacenados y de las estructuras ya ejecutadas, consecuencias que podrían incrementar significativamente los costos del proyecto mediante trabajos adicionales, modificaciones técnicas y ampliaciones de plazo.

El informe también revela una serie de desacuerdos técnicos entre la entidad y la empresa contratista. Según la Contraloría, el contratista presentó en tres oportunidades un expediente técnico con propuestas de estabilización del talud y rediseño del acceso al puente. No obstante, las dos primeras solicitudes fueron declaradas improcedentes por la entidad, mientras que la tercera aún permanece sin pronunciamiento oficial.

Frente a este panorama, la Contraloría General de la República recomendó al Gobierno Regional de San Martín adoptar medidas preventivas y correctivas urgentes que permitan garantizar la continuidad y viabilidad del proyecto, además de proteger la seguridad de la población beneficiaria.

La paralización de una obra concebida para integrar comunidades y reducir las dificultades de acceso en una zona vulnerable termina hoy reflejando un problema mayor: cuando las decisiones técnicas y administrativas se retrasan, las consecuencias no solo afectan al presupuesto público, sino también a la tranquilidad y seguridad de cientos de familias que esperan una solución largamente prometida.