Por: Beto Cabrera Marina
En la imagen del Boletín Oficial de INGEMMET, en la cual se aprecia la publicación de una nueva concesión minera en la región San Martín, específicamente el proyecto «FORTALEZA UNO SHUNTE», a nombre de Inversiones y Servicios California EIRL, publicada el 21 de abril de 2025. Esta concesión se ubica en el distrito de Shunte, provincia de Tocache, frontera con la convulsa zona minera de Pataz (La Libertad).
A partir del análisis del documento y el contexto regional, en hemos desarrollado en VOCES amplia nota periodística, con un enfoque investigativo y social.
La sombra de Pataz sobre Tocache: nuevas concesiones mineras amenazan con extender el conflicto social en San Martín
La reciente concesión minera “FORTALEZA UNO SHUNTE”, otorgada a la empresa Inversiones y Servicios California EIRL, ha encendido las alertas entre autoridades, líderes comunales y organizaciones ambientales. Publicada el 21 de abril en el Boletín Oficial del INGEMMET, esta concesión se superpone al territorio rural del distrito de Shunte, a pocos kilómetros de la conflictiva zona minera de Pataz, en La Libertad.
Pese a que la concesión declara “no tener derechos por respetar”, no se realizó ningún proceso de consulta previa con las comunidades locales, una omisión que vulnera estándares internacionales y deja el camino abierto al conflicto social.
Testimonio desde el territorio:
“Aquí nunca vino nadie a decirnos qué pensaban hacer. Nos hemos enterado por una radio de Tocache y por el boletín que alguien nos mostró en el WhatsApp. Si empiezan a entrar con maquinaria, ¿quién nos va a proteger? Ya hay rumores de que quieren abrir trochas” señala Abel Carranza, agricultor de Alto Shunte
Abel cultiva papa y productos de panllevar, él su esposa sus dos pequeños hijos y su suegro viven de la agricultura, una agricultura de subsistencia. Su mayor preocupación es el acceso al agua, ya que sus chacras dependen de las quebradas que bajan del cerro donde se ubica parte de la concesión.
¿Consulta previa? Solo en el papel
Pese a estar vigente el Convenio 169 de la OIT, que obliga al Estado a consultar a los pueblos indígenas o rurales sobre proyectos extractivos que los afecten, en la práctica el INGEMMET otorga concesiones sin presencia real en el territorio. La notificación se reduce a una publicación técnica en su boletín digital.
“Este patrón se repite en todo el país: primero entregan la concesión, luego llega la empresa con su solicitud de servidumbre, y al final, si hay protesta, culpan a las comunidades de ser ‘antimineras’”, explica un abogado de la zona.
Efecto globo: la expansión desde Pataz
En Pataz, provincia vecina de La Libertad, operan bandas criminales que controlan territorios mineros ilegales con armas, explotación laboral y corrupción. Al intensificarse la presión estatal o militar, estas organizaciones tienden a desplazarse hacia zonas más débiles institucionalmente. Shunte es una de ellas.
“En Tocache no hay policía minera, la fiscalía ambiental no tiene capacidad de reacción rápida y el gobierno regional ha sido lento en actualizar su zonificación ecológica. Es terreno fértil para la expansión minera descontrolada”, comenta un exfuncionario del Minem bajo reserva.
Una advertencia con nombre propio
El caso FORTALEZA UNO SHUNTE debe entenderse como una advertencia clara: la frontera minera se está moviendo. Si no se refuerzan los mecanismos de prevención, participación y fiscalización, Tocache podría vivir en pocos años los mismos escenarios de violencia y degradación social que hoy se sufren en Pataz.