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jueves, diciembre 5, 2024
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¿Es peligrosa para la democracia la decisión del Congreso de investigar a los miembros de la Junta Nacional de Justicia?

La decisión del Congreso de iniciar una investigación a los miembros de la Junta Nacional de Justicia con miras a una posible destitución ha encendido las alertas en el país y generado el rechazo de diversas instituciones. ¿A qué se debe esto? Expertos nos comentan qué implicancias tiene la más reciente medida adoptada por el Parlamento.

El jueves 7 de septiembre el Pleno del Congreso aprobó -con 84 votos a favor- delegar a su Comisión de Justicia el inicio de una investigación sumaria, por causa grave, contra los siete miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ). La medida, que surgió con moción impulsada por la legisladora de Avanza País Patricia Chirinos, ha sido criticada por diversos especialistas pues apuntaría a la destitución de los magistrados, dado que no existirían argumentos constitucionales que sustenten la pesquisa.

A la fecha, la decisión adoptada por el Parlamento continúa recibiendo el rechazo y la preocupación de diversas organizaciones nacionales y del extranjero, entre ellas, las Organización de las Naciones Unidas por un «aparente riesgo a los principios de separación y equilibrio de poderes», aspectos fundamentales para vivir en una democracia plena.

Diversos especialistas han coincidido en que el proceso iniciado por el Congreso no está reglamentado, por lo que no se tiene claro cuál es el procedimiento a seguir. Sobre este punto, Percy Medina, jefe de la Misión Perú de Idea Internacional, precisa que, si no hay un debido proceso, no se garantiza que quienes son procesados tengan un respeto adecuado de sus derechos constitucionales.

DATO

  • La Junta Nacional de Justicia se creó oficialmente en el 2019 en reemplazo del desaparecido Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), ente que fue desactivado por el Congreso por actos de corrupción vinculados al caso “Cuellos Blancos del Puerto”.
  • Actualmente la Junta se encarga, entre otros puntos, de nombrar, remover y sancionar a los jueces y fiscales del país, además de designar a los jefes de la Oficina Nacional de Procesos Electorales y del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil.

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