Proyecto de ley del Ejecutivo que afecta derecho a información y lucha contra la corrupción
“Nos quieren cerrar todas las fuentes”
Renzo Chávez Lescano Coordinador de comunicaciones en Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP) sobre proyecto del Gobierno que penaliza filtración fiscal: “Nos quieren cerrar todas las fuentes” señaló en Dialogo con VOCES que el Ejecutivo y el Congreso tienen una visión similar respecto del manejo de la información respecto de casos de corrupción. Añadió sobre el peligro que representa el proyecto del Gobierno para el derecho a la información de la ciudadanía.
Cuál es el punto de vista de la ANP
Anteriormente ya nos habíamos pronunciado, lo dijo de un primer momento del ministro Félix Chero de un punto de vista que dio en un medio de comunicación local y luego desde el anuncio que hizo el premier Aníbal Torres en una conferencia de prensa y bueno lamentablemente seguimos en la misma línea, hemos corroborado aquello que ya veníamos advirtiendo. A pesar que el ministro Chero, el ministro Torres dijeron que este proyecto, esta propuesta no va a afectar la actividad periodística, lo está aceptando directamente porque vemos que esta iniciativa plantea integrar un articulado al código penal para que se pueda penalizar, valga la redundancia, a las personas que difundan o den información sobre los procesos fiscales de colaboración eficaz y las penas van gradualmente en tres niveles, porque plantea primero una pena para las partes procesales que difunden información, es decir abogados de una de las partes que está investigada, luego viene un segundo nivel de sanción para jueces fiscales, policías, funcionarios del sistema de justicia que difunden la información y un tercer nivel de gravedad que es el más alto que va para quien es, cualquiera de los anteriormente mencionados, lo difunda a través de los medios de comunicación, entonces, están poniendo la máxima sanción a los medios de comunicación porque lo hace en forma directa o indirecta, estamos hablando de una afectación a la actividad informativa directamente.
¿Llama a la atención que a esto se dé es un contexto específico, la investigación preliminar que abrió la fiscalía de la nación contra el presidente Castillo sobre presuntos delitos de corrupción de funcionarios?
Bueno, la verdad no es muy difícil presumir cuáles son las intenciones, el nivel de secretismo que se está buscando promover lo vemos desde diferentes frentes.
En ese nivel de secretismo también al parecer existe una alianza o coincidencia entre el ejecutivo y el congreso, porque la actitud del Congreso tampoco no ha sido nada amigable con la prensa y los últimos meses.
Creo que la alianza entre el ejecutivo y el legislativo para atacar a la actividad periodística es notoria y ya tenemos como antecedente un dictamen que fue aprobado por unanimidad de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos que modificaba el código penal para que se penalicen a quienes faciliten información de los testigos protegidos colaboración eficaz, ahora el ejecutivo lo que está planteando va en el mismo sentido, pero estamos hablando de la difusión. El tema es que las fuerzas políticas están involucradas en procesos judiciales, el otro día leí algunos comentarios y decían: revisar la agenda de los procesos judiciales es una forma de repasar la historia reciente, es lamentable, o sea ¿tenemos que ver nuestra historia del poder judicial? Creo que eso es trágico, entonces, al saber eso y al ver que las fuerzas políticas en el congreso, en el ejecutivo están comprometidas en procesos de investigación fiscal o proceso judicial ya demuestra que están incómodos de la difusión de información, pero, aquí lo interesante, si me permites el análisis, no es solamente la difusión de la información, sino el efecto que esto genera, porque, recordemos esto reciente lo demuestra que cuando la ciudadanía está informada sobre estos procesos, sobre estas situaciones, toma una postura y asume acciones, yo por eso siempre sito que cuando intentaron remover los fiscales José Domingo Pérez y Rafael Vela, la ciudadanía salió a marchar de inmediato porque se entendía que había una fuerza política comprometida en esta remoción y ante la amenaza de perturbar o de interrumpir la lucha contra la corrupción, en este caso la investigación fiscal, la población no se quedó con los brazos cruzados, salió a las calles, marchó y logró que se retrocedieran esta decisión, pero toma justamente la ciudadanía puede tomar estas posturas porque está informada.