Otra obra de agua potable bajo investigación

En San Martín, ¿Cuántos funcionarios ha sancionado el Poder Judicial en la última década?

¿Quién pone freno a estas prácticas? Otra obra de salubridad que debía mejorar la vida de miles de pobladores aparece manchada por presuntos actos de corrupción, mientras surgen preguntas incómodas: ¿Quién apertura los procesos a los involucrados?, ¿Los Órganos de Control Interno en las municipalidades cumplen realmente su función?

La Contraloría General de la República evidenció graves irregularidades en la Municipalidad Provincial de Picota, donde se otorgó conformidad y se pagó por trabajos incompletos y no realizados en la obra de ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable y alcantarillado, generando un perjuicio económico de S/ 2.4 millones al Estado. El hallazgo vuelve a poner en entredicho la gestión de proyectos de salubridad, claves para la calidad de vida de la población.

De acuerdo con el Informe de Auditoría de Cumplimiento n.º 034-2025-2-2981-AC, que evaluó el periodo comprendido entre el 16 de abril de 2018 y el 5 de agosto de 2024, la obra se inició en octubre de 2018 con un plazo contractual de 540 días. Sin embargo, estuvo marcada por retrasos, suspensiones y deficiencias, lo que derivó en la resolución del contrato en setiembre de 2022. A pesar de ello, la entidad pagó 24 valorizaciones al contratista.

Durante las inspecciones realizadas en setiembre de 2025, la comisión auditora constató que las conexiones domiciliarias de agua potable y desagüe, los módulos sanitarios y diversas estructuras hidráulicas se encontraban en cantidades menores a las pagadas. También se identificaron cámaras sin funcionamiento, conexiones inoperativas, accesorios a medio instalar y otros componentes deteriorados por el paso del tiempo, evidenciando trabajos inconclusos y abandonados.

Los trabajos no ejecutados, pertenecientes a partidas del sistema de agua potable y alcantarillado, fueron cancelados indebidamente en 17 valorizaciones. A ello se suma que en la valorización N.º 23 se pagó en exceso S/ 10 mil, sin sustento alguno, un hecho que no fue advertido ni observado por las gerencias de Infraestructura y Desarrollo Territorial, Administración y Finanzas, la Subgerencia de Obras y Liquidaciones, ni por las oficinas de Tesorería y Contabilidad de la entidad.

La obra, valorizada en S/ 48 millones, tenía como objetivo beneficiar a los pobladores de Pucacaca, Chincha Alta, Shimbillo, Nuevo Codo, Picota, Santa Rosillo, San Antonio, Nueva Unión, Winge, Caspisapa, Puerto Rico y San Hilarión, en la provincia de Picota, región San Martín. Hoy, ese propósito social queda opacado por las serias observaciones del ente de control.

Además, durante la auditoría se tomó conocimiento de que la municipalidad no inició acciones para ejecutar un laudo arbitral, lo que habría permitido recuperar adelantos directos y materiales no amortizados por un monto aproximado de S/ 13 millones, profundizando el daño económico al Estado.

Tras las irregularidades detectadas, la Contraloría General de la República identificó presunta responsabilidad civil en nueve servidores públicos. El caso deja abiertas preguntas urgentes: ¿quién impulsa los procesos sancionadores?, ¿quién fiscaliza a quienes debían controlar?, ¿hasta cuándo los Órganos de Control Interno permitirán que obras esenciales para la salud pública terminen envueltas en escándalos? La ciudadanía espera respuestas y, sobre todo, acciones concretas que pongan freno a la impunidad.