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sábado, mayo 17, 2025
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Estado está de espaldas a comunidades nativas al no aplicar ley de consulta previa

MIRVA ARANDA ESCALANTE CONSULTORA DE COMISIÓN ANDINA DE JURISTAS

MIRVA ARANDA
MIRVA ARANDA

La especialista en temas indígenas y consultora de la Comisión Andina de Juristas Mirva Aranda sostuvo que no obstante sucedió lo del “baguazo”, el Estado no ha aprendido la lección ya que hasta ahora todavía no cumple con la Ley de la Consulta previa, “están de espaldas a las comunidades nativas”, refiere, durante la presentación del Estudio cualitativo sobre mecanismos de participación de las comunidades campesinas y nativas en los gobiernos locales y regionales de Cusco y San Martín, que se realizó ayer 04 de noviembre, a las 9:00 am, en la ciudad de Tarapoto
La presente Ley N°26253, desarrolla el contenido, los principios y el procedimiento del derecho a la consulta previa a los pueblos indígenas u originarios respecto a las medidas legislativas o administrativas que les afecten directamente. Al respecto la especialista Mirva Aranda, indica que en nuestro país, no hay especialistas en temas indígenas, en el poder Judicial, en el gobierno nacional, regional, local y otras instancias, “si el pueblo también estuviera enterado sobre los derechos inalienables de las comunidades indígenas y campesinas, procedería a denunciar a todo aquel que no esté cumpliendo con la Ley de Consulta Previa. Hay una honrosa excepción en Loreto, un juez paralizó todo un proyecto, porque no se realizó la consulta previa a los actores afectados” expresa.
Sobre el conflicto social generado por comunidades campesinas posicionadas en el Bosque de Protección del Alto Mayo, la consultora Mirva Aranda, indica que la fiscal encargada del caso, desconoce sobre la legislación en temas indígenas, y por ello cree que las fuerzas armadas deben ingresar al área de protección. “Primero se debe determinar si son pueblos originarios, o migrantes, obviamente, ellos, los migrantes en sus lugares de origen, formaban parte de pueblos originarios, pero no acá, en la región San Martín, por lo que deben solicitar al gobierno que les resarcen con ubicarlos en otras tierras, donde no van a hacer daños irreversibles al medio ambiente, o llegar a un acuerdo o compromiso para realizar actividades acordes con la protección del medio”, recomienda. (Esther Chávez).

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