En Moyobamba continúa relleno de barrancos
En una ciudad rodeada de barrancos y biodiversidad, es la población la que elige a personajes que solo buscan lucrar. Que la historia no se repita.
La destrucción progresiva de los barrancos en Moyobamba vuelve a encender las alarmas y deja al descubierto no solo vacíos legales, sino también graves debilidades en la gestión pública y en el respeto ciudadano por los ecosistemas urbanos. Esta vez, el foco del conflicto se sitúa en un terreno ubicado en las intersecciones del jirón Amazonas con la avenida Fernando Belaúnde Terry, donde se viene realizando el relleno de un barranco, pese a tratarse de un área considerada intangible y vinculada al antiguo cauce de la quebrada Chahuaryacu.
Desde la Gerencia de Planificación Territorial de la Municipalidad Provincial de Moyobamba, se ha reconocido públicamente una situación preocupante: no existe registro alguno de autorizaciones para el relleno de barrancos en esa zona. El gerente del área explicó que, si bien un administrador solicitó autorización para intervenir el terreno, el procedimiento administrativo apenas se encuentra en evaluación y fue derivado a la Gerencia de Gestión Ambiental, instancia responsable de la administración de estos espacios naturales. La inspección de campo reveló que el polígono en cuestión carece de delimitación técnica clara, obligando al uso de GPS diferencial para verificar coordenadas provenientes de Registros Públicos.
Lo más grave, según la propia autoridad técnica, es que se trate de un barranco, espacio que históricamente ha sido reconocido como bien municipal, generador de biodiversidad, microclimas y regulación térmica, elementos que hacen singular a Moyobamba. Aun así, se han producido inmatriculaciones privadas sobre estas áreas, una situación que resulta, en palabras del funcionario, “curiosa y alarmante”. Para la gerencia, más allá de la legalidad formal, existe una responsabilidad ética y ciudadana: nadie debería pretender titular ni rellenar un barranco sabiendo su valor ambiental y su carácter intangible.
La tensión escaló cuando funcionarios de la Municipalidad Provincial de Moyobamba, encabezados por el Gerente de Gestión Ambiental, Ing. José Ricardo Daza Saldaña, se apersonaron al lugar para constatar los hechos. Allí apareció el exalcalde Gastelo Huamán Chinchay, quien afirmó ser propietario del terreno y responsable del relleno del barranco. Su versión fue respaldada por su abogado, Marcial Fustamante Saavedra, quien además ostenta la condición de abogado nombrado en la propia municipalidad, lo que agrava el conflicto por un evidente potencial conflicto de intereses.
Sin embargo, la autoridad ambiental fue categórica: no existe autorización alguna para el relleno del barranco, ni documentación válida que acredite legalmente la intervención. La situación resulta aún más delicada si se considera que Gastelo Huamán Chinchay pretende volver a gobernar Moyobamba como candidato por Renovación Popular, mientras enfrenta cuestionamientos por intervenir un ecosistema protegido sin permisos.
Existen leyes y reglamentos vigentes en el país que amparan la protección de estos espacios, especialmente en el marco del Acondicionamiento Territorial y el Desarrollo Urbano. No obstante, el caso evidencia una gestión deficiente, marcada por la falta de control, la contaminación progresiva y la ausencia de una planificación urbana coherente. Desde la Gerencia de Planificación Territorial, se ha reiterado que se adoptarán las acciones administrativas correspondientes y se dialogará sobre la titularidad irregular de estos predios, pero el daño ambiental ya está en curso.
La pregunta es inevitable: ¿dónde está la Procuraduría Municipal? ¿Por qué el Órgano de Control Interno no se pronuncia? Mientras los barrancos desaparecen bajo rellenos y la biodiversidad urbana se degrada, el silencio institucional amenaza con volverse cómplice. En Moyobamba, la defensa del territorio no es solo un asunto técnico o legal, sino un acto de conciencia colectiva. La ciudadanía tiene hoy la responsabilidad de no repetir la historia y de no volver a entregar el destino de la ciudad a quienes ven en el patrimonio natural una oportunidad de lucro y no un legado que proteger.
