En San Martín: mientras el marco legal se discute, la situación plantea preguntas urgentes
¿Cuántos metros cúbicos de material se extraen en la cuenca de los ríos Cumbaza, Tonchima, Mayo, Huallaga, Yuracyacu o Río Negro —el más evidente y riesgoso—? ¿Existen registros?
La extracción de arena, grava y otros materiales de los cauces de los ríos —conocida como material de acarreo— se ha convertido en una actividad económica clave para la construcción en diversas regiones del país, incluida San Martín. Sin embargo, detrás del negocio hay un vacío normativo y una débil fiscalización que facilitan impactos socioambientales y, en algunos casos, encubren operaciones de minería ilegal.
Actualmente, las municipalidades distritales y provinciales están facultadas para autorizar la extracción y cobrar derechos por el uso de estos recursos. No obstante, la autorización debe articularse con el permiso de la Autoridad Nacional del Agua (ANA), única entidad competente para evaluar las zonas de extracción dentro de los cauces y garantizar el uso sostenible de los recursos hídricos.
Vacíos legales y competencias dispersas
Según expertos, la normativa vigente —la Ley de Derechos de Extracción de Materiales de los Álveos— prioriza el aspecto tributario, dejando de lado la protección ambiental.
“Es una norma netamente tributaria (…) y no contempla aspectos ambientales”, sostuvo Jaramillo Arce (2017).
Otros especialistas advierten que esta regulación otorga a las municipalidades funciones mineras sin instrumentos ambientales adecuados, lo que incluso podría simular actividades de minería ilegal en riberas y ríos (López Aguilera, 2017).
La falta de claridad normativa genera rutas improvisadas, destrucción de vegetación, contaminación por combustibles y sedimentos, afectación a la fauna acuática y erosión agrícola, tal como documenta Haberer (2012) en su guía de manejo ambiental para minería no metálica.
El Estado fragmentado: quién hace qué
Las funciones de la Autoridad Nacional del Agua (ANA) son gestionar, administrar, conservar y proteger los recursos hídricos. Entre sus responsabilidades están otorgar derechos de uso de agua, autorizar obras en fuentes hídricas, supervisar la calidad del agua y promover su uso sostenible.
Mientras tanto, el OEFA fiscaliza la gran y mediana minería; la ANA supervisa el uso y protección del recurso hídrico; los gobiernos regionales certifican estudios de impacto ambiental y fiscalizan la pequeña minería y minería artesanal.
Las municipalidades, en cambio, sólo otorgan permisos y cobran derechos, sin funciones ambientales directas.
El consenso técnico es claro: la normativa debe modificarse para definir la naturaleza minera de estas actividades, exigir instrumentos de gestión ambiental y ordenar la fiscalización entre gobiernos regionales y ANA, garantizando que la extracción no comprometa el derecho constitucional a un ambiente sano.
En San Martín: los ríos pierden su cauce y el control estatal se diluye
Extracción descontrolada y “descolmatación” como pretexto
Hace mes y medio, salieron a la luz denuncias sobre la extracción descontrolada de material agregado en los ríos Negro, Yurayacu, Naranjillo y Tonchima. Lo que se presenta como “descolmatación” de cauces, en realidad encubre negocios con fines comerciales.
“Las municipalidades otorgan autorizaciones con la supuesta finalidad de descolmatar los ríos, pero en la práctica se extrae material para uso comercial y obras públicas, destruyendo nacientes y cauces naturales”, advierte Segundo Vicente Calle.
La actividad —avalada por opiniones técnicas favorables del ALA— está causando un daño ambiental grave en las franjas marginales de los ríos Negro, Tónchima, Yurayacu, Mayo, Huallaga y Naranjillo.
“Canteras sin control ponen en riesgo fuentes de agua del Alto Mayo”
El dirigente Walter Huancas Huancas, en conversación con Visión Noticias, alertó sobre el impacto ambiental y social de la extracción informal y descontrolada de agregados en Nueva Cajamarca, Elías Soplin Vargas y las nacientes del río Negro.
“Las canteras son sobreexplotadas y afectan nuestro recurso hídrico. Se ha conversado con las autoridades, pero nunca le han dado importancia”, denuncia.
Huancas sostiene que las autorizaciones deberían provenir del ALA Alto Mayo, pero existen acuerdos irregulares con alcaldes.
“He visto volquetes salir todos los días. Para mí, el alcalde está en convenio con los extractores; no es posible que saquen material en sus narices y no digan nada”.
Impacto directo en el agua y la agricultura
“En Rioja, la cantera en la ciudad del río Negro nos ha dejado aguas turbias. Antes el agua era limpia; ahora llega sucia”, dice Huancas.
La extracción altera la estructura del cauce, elimina la capa orgánica natural del río y provoca desbordes, sedimentos y daños a los cultivos, principalmente de arroz, base de la economía local.
Además, acopiadores venden los materiales a empresas constructoras que ejecutan obras públicas y privadas sin control alguno.
“Sí, también existen acopiadores. Hay un centro por la zona de Ucrania. En Nueva Cajamarca nadie pone freno”, confirma.
“El alcalde sabía”: testimonios desde el Río Negro
Un poblador de Elías Soplin Vargas, que pidió mantener su identidad en reserva por temor a represalias, relató cómo autoridades municipales participaron en la extracción irregular:
“Cuando la municipalidad asumió la zona, comenzaron a trabajar sin permiso. Metieron máquinas y excavadoras directamente. El alcalde me dijo que los señores Carranza estaban dejando S/ 90 por volquetada. Sacaban entre 80 y 100 volquetes diarios, incluso los domingos”.
El denunciante afirma que nunca hubo fiscalización del ALA, ARA ni Fiscalía Ambiental.
“Llamé varias veces, pero nadie vino. Aquí la autoridad es la plata. No hay autoridad. Yo tengo miedo”.
La versión oficial: ALA Alto Mayo niega haber autorizado extracción
El 04 de septiembre, el ingeniero Alfio Leyva, jefe del ALA Alto Mayo, declaró a Visión Noticias que no existe ninguna autorización ni opinión técnica para la extracción de material ni encauzamiento en el río Negro.
“Nosotros como autoridad local del agua no hemos emitido ninguna autorización a nadie. Si trabajáramos coordinadamente, las fuentes estarían protegidas y con vegetación”, señaló.
Leyva advirtió sobre el rápido crecimiento urbano desde Nueva Cajamarca hasta Rioja, y reconoció las limitaciones operativas de su institución:
“Solo contamos con dos técnicos para atender desde Pardo Miguel hasta Moyobamba. No podemos estar en todos los lugares al mismo tiempo. La responsabilidad directa recae en las municipalidades”.
Asimismo, informó que junto a la Municipalidad Provincial de Rioja se evalúa una ordenanza que prohíba la extracción de materiales en zonas sensibles.
“Que quede claro que desde que llegué al Alto Mayo no se ha otorgado ninguna opinión para trabajos en nacientes, ni la otorgaré. Si seguimos interviniendo cabeceras, el impacto será irreversible”.
Silencio municipal
Nota de redacción: Desde VOCES intentamos comunicarnos con el alcalde de Rioja, sin éxito. La ingeniera Mily, responsable de Medio Ambiente, respondió inicialmente, pero al identificarnos como medio, cortó la comunicación y no volvió a responder.
Nuestra consulta sigue abierta:
¿En qué medida ha avanzado el plan estratégico para reforestar las cabeceras de los ríos en el Alto Mayo?
Si alguna autoridad desea brindar una respuesta, este medio mantiene sus puertas abiertas.
