Denominado como ilegal, el sindicato de la defensoría del pueblo también advierte que presencia de Alva en comisión de elección va en contra de la ley. Legisladora muestra rechazo al filtro de la Contraloría en este proceso.
El Congreso avanza con el proceso de elección para la Defensoría del Pueblo, en medio de cuestionamientos por la posible ilegalidad de la presencia de María Alva en la comisión especial, por la falta de un plan de trabajo y un cronograma, y por las pocas garantías en materia de idoneidad y transparencia.
La comisión presidida por Alva hasta ahora no ha presentado un plan claro. Tampoco un cronograma. Lo que sí quedó en evidencia ayer fue la falta de voluntad política de la parlamentaria para contar con todos los filtros necesarios que aseguren una buena elección.
Esto se hizo notorio cuando en la comisión plantearon la participación de la Contraloría General de la República.
María Alva primero cedió el uso de la palabra al secretario técnico Víctor Colina Vega. Este funcionario (militante de Acción Popular) improvisó algunos pretextos para evadir la participación de la Contraloría.
La misma María Alva se opuso a la participación del ente contralor bajo el único argumento de que esta elección debe ser ágil. Estimó que para junio ya se debería contar con un nuevo defensor.
Fue necesaria la intervención del personal de coordinación parlamentaria de la Contraloría para aclararles, en plena sesión, que ya existe una ley que contempla la participación de dicho órgano de control, en la elección del defensor.
La referencia era hacia la ley 31227, cuyo artículo 13 obliga a los candidatos para la Defensoría a presentar la declaración jurada de intereses ante la Contraloría, para su revisión.
Ilegalidad
Por otro lado, la presidenta del Congreso, María Alva, intentó pasar por alto una carta del Sindicato de la Defensoría del Pueblo. Fue necesaria la intervención de Ruth Luque para poner el tema sobre la mesa.