Algo pasa en la Municipalidad de Moyobamba, no avanza la investigación por el caso de la intervención de volquetes
Las expectativas es que el alcalde de Moyobamba estuviera destacando en su capacidad gestión y conduciendo con liderazgo a una alicaída gestión municipal pasada que dejó serios vacíos. Sin embargo, el Ingeniero Ernesto Peña Robalino, ha brillado, pero por los múltiples problemas que ha tenido en estos casi seis meses de su gestión.
Puntualmente, uno de esos problemas ha sido la contratación de la ingeniera agroindustrial Marleny Taica Luliquis, hermana del abogado Alexander Taica Luliquis, fiscal de Medio Ambiente. Contratación que curiosamente se dio, apenas unos días después de que dicha Fiscalía interviniera a tres volquetes de propiedad de la Municipalidad Provincial de Moyobamba en extrañas circunstancias y con material agregado, que extrañamente luego, fueron liberados y sin que a la fecha se conozca avances de la investigación.
Es curioso también que la Fiscalía de Medio Ambiente no haya derivado dentro los plazos de ley, hacia la Fiscalía Anticorrupción los actuados acerca de la intervención de los tres volquetes, ya que al margen de los posibles delitos medioambientales en los que se habría estado cometiendo, existirían otros presuntos delitos como peculado y usurpación de funciones. Eso porque los tres camiones de propiedad de la municipalidad de Moyobamba salieron, del taller municipal, sin autorización hacia un distrito fuera de su jurisdicción, a una zona de extracción de material agregado.
Pese a ello, existe un hecho que al igual que la contratación de la hermana del fiscal, llama la atención. Al parecer, en la Municipalidad Provincial de Moyobamba es ya una costumbre la contratación de familiares de fiscales. Indicamos eso porque con orden de Servicio Nº 0003115 de diciembre del 2020 se confirma que la persona de Carol Rossello Alvarado Lobatón, hija del fiscal José Antonio Alvarado Puluche, fue contratada como fiscalizadora de la Municipalidad de Moyobamba, en la gestión del entonces alcalde Gastelo Huamán Chinchay.
A lo indicado, se suma otra Orden de Servicio Nº 000626, del 30 de marzo 2023, con la que se contrató a Marleny Taica Luliquis, en la actual gestión de Ernesto Peña, como especialista en ingeniera industrial; además, para cerrar el círculo retrocedemos al 2014, durante el periodo del exalcalde Mardonio Del Castillo se repite la modalidad, se contrató a Alicia Giovanna Bellido, vinculada a un fenecido fiscal.
La sucesión de hechos y pruebas llama la atención puesto que estos hechos ocurren, justo cuando en reiteradas ocasiones se ha puesto en evidencia casos contra de funcionarios regionales y municipales que se estancan en sus respectivas investigaciones.
Sobre estos hechos el alcalde Ernesto Peña Robalino, dijo no haber tenido conocimiento de la contratación de la ingeniera Marleny Taica Luliquis, que jamás la conoció, ni a ella ni a su hermano el fiscal medioambiental. “Sobre ese tema ya se ha solicitado información al área responsable, para saber cuál ha sido su procedimiento. En otro momento dijo, que todo sale de un grupo de regidores que solo buscan desestabilizar su gestión” explicó.
Una muestra en la gestión Gastelo:
¿cuál fue la determinación final de un hecho evidente?
El 17 de mayo del 2021 dimos cuenta que Fiscalía Ambiental abrió investigación preliminar por 60 días a la Municipalidad de Moyobamba, fueron intervenidos trabajadores con maquinaria municipal extrayendo material no metálico en zona no autorizada.
La Fiscalía Provincial Especializada en Materia Ambiental de Moyobamba, abrió investigación preliminar, por el plazo de 60 días, por el delito de minería ilegal en la modalidad de extracción, contra la Municipalidad Provincial de Moyobamba y quienes resulten responsables, tras intervenir a cinco trabajadores que hacían uso de maquinaria municipal para actividades de presunta minería ilegal, en el centro poblado Indañe jurisdicción de Moyobamba.
Los hechos ocurrieron el jueves, 13 de mayo del 2021 cuando personal de la Policía Ambiental del Puesto de Control Venceremos, en coordinación con la Fiscal Provincial, Hilda Rita Ferrer Benites, acudió hasta el sector Ochame, donde se verificó la presencia de los trabajadores del municipio moyobambino usando maquinaria pesada, para realizar actividades de extracción de material no metálico, sin contar con documentación que acredite la legalidad de estas actividades ni la autorización en la zona.
Tras la intervención a los trabajadores, la Fiscalía dispuso su libertad, pues se determinó que solo fueron contratados por la entidad municipal.
En tanto, los cinco vehículos de maquinaria pesada, un cargador frontal, tres volquetes y una excavadora, fueron trasladados a los almacenes de la municipalidad y puestos bajo custodia del encargado del Área de Maquinarias.
Se dijo que la Fiscalía Ambiental de Moyobamba, deberá solicitar a los entes nacionales competentes, información que acredite si la Municipalidad Provincial de Moyobamba, cuenta o no con autorización para extraer material no metálico en el sector afectado; asimismo, deberá recabar las declaraciones de los responsables de identificar y solicitar las autorizaciones para la afectación de canteras a favor del municipio, entre otras diligencias que permitan el esclarecimiento de este y otros hechos penales vinculantes.
Según se informó, la presente investigación también será puesta de conocimiento ante la Procuraduría Pública del Ministerio del Ambiente, con el fin de proceder conforme a sus atribuciones. Cabe señalar que el delito de minería ilegal se sanciona con una pena no menor de 4 ni mayor a 8 años de cárcel.
Dato: Esta reiterada modalidad se estaría dando en la las gestiones de los gobiernos regionales, si retrocedemos en el tiempo los cargos de asesores legales y ciertos procuradores habrían tenido extendido sus tentáculos al ministerio público. En los hechos de corrupción más sonados detectados en la región ¿Por qué han tenido que intervenir equipo de fiscales venidos desde Lima?