Terremoto en el Ministerio Público
Para dar luces sobre los hechos y ante el cruce de informaciones que remece las redacciones de medios de comunicación y redes sociales, pongamos en contexto los acontecimientos hasta el cierre de la presente edición de Voces
Unos chats revelan que sus cercanos se coordinaron con congresistas para remover a la Junta Nacional de Justicia, designar al Defensor del Pueblo e inhabilitar a la fiscal suprema Zoraida Ávalos.
El Equipo Especial contra la Corrupción del Poder en Perú intervino la madrugada de este lunes la sede del Ministerio Público en el marco de una investigación que alcanza a la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, la máxima autoridad de la institución, acusada de encabezar una organización criminal con un altísimo grado de influencia en el Parlamento, junto a sus tres asesores: los colegiados Alberto Hurtado Espinoza, Miguel Ángel Girado Isidro y Jaime Javier Villanueva Barreto.
La escena de la jornada corresponde a Villanueva Barreto, mano derecha de Benavides, y cuyos chats lo incriminan en una serie de maniobras al interior del aparato de justicia y el Congreso de la República. Villanueva Barreto se internó en la clínica San Pablo, en Lima, aduciendo una descompensación durante las primeras horas de este lunes. Fue allí, tumbado en la camilla, con la vía en la muñeca, que la Fiscalía le leyó sus derechos y el motivo de su detención por 10 días. Los médicos legales determinaron que su salud no corría peligro y le dieron de alta a media mañana. Villanueva Barreto caminó hasta la patrulla policial por sus propios medios. Su restablecimiento fue inmediato.
Según la tesis fiscal, Jaime Javier Villanueva Barreto es un hombre clave, pues realizaba coordinaciones a nombre de Patricia Benavides. En un chat de WhatsApp se exhibe no solo su postura respecto a la elección del Defensor del Pueblo, sino su injerencia política. “Estamos muy preocupados porque se vaya a caer la elección del Defensor. Tener un titular en esa institución es imprescindible pues lo que está en juego es algo mucho más importante que la misma Defensoría. Como se sabe, la Junta Nacional de Justicia está tomada por el vizcarrismo (en alusión al expresidente Martín Vizcarra) y como la fiscal de la Nación lo mencionó en su discurso existen muy fuertes y oscuros intereses en que ella deje su cargo y los caviares (la izquierda que obtiene gollerías bajo un discurso popular según la derecha) retornen a controlar el Ministerio Público”, escribe Villanueva Barreto. Lo más grave es lo que continúa: “Si la Junta Nacional de Justicia la suspende (Patricia Benavides), por antigüedad Zoraida Ávalos sería la nueva Fiscal de la Nación (…) En ese contexto, el Defensor del Pueblo es muy importante, pues él es quien preside la comisión que elegirá a la nueva Junta Nacional de Justicia”.
Las preocupaciones del principal asesor de Benavides no cayeron en saco roto. A mediados de mayo de 2023, Josué Gutiérrez Cóndor fue elegido por el Pleno del Congreso como el nuevo Defensor del Pueblo, con 88 votos a favor, veinticuatro en contra y nueve abstenciones. Lo cuestionable del asunto: Gutiérrez carecía de experiencia en derechos humanos, y no suponía una garantía en una institución que, como garante de derechos humanos, necesita independencia. Tras el destape del Equipo Especial contra la Corrupción del Poder, todo va cobrando sentido. Lo cierto es que Gutiérrez Cóndor viajó ayer domingo, un día antes del escándalo, a Panamá para participar de un evento del Banco de Desarrollo de América Latina y la Federación Iberoamericana de Ombudsperson (FIO).
En otra conversación por WhatsApp, Villanueva Barreto, reconoce haber coordinado con congresistas de las agrupaciones políticas Somos Perú, Fuerza Popular, y Avanza País para alinear los votos en favor de la inhabilitación de Zoraida Ávalos, exfiscal de la Nación. Hecho que finalmente se dio en junio pasado por una presunta infracción constitucional. “Esto no es casualidad, es parte de este copamiento de instituciones. Desgraciadamente en el Congreso la gran mayoría, todos votaron en mi contra. Hoy queda acreditado que fueron por estas comunicaciones que tenía Jaime Villanueva por orden de la doctora Patricia Benavides”, ha declarado Ávalos.
Ayer lunes mientras el Equipo Especial contra la Corrupción del Poder allanaba las oficinas de Patricia Benavides y su círculo más cercano, la Fiscal de la Nación firmó la salida de quien encabezaba el operativo en su contra, la fiscal Marita Barreto. Barreto pedirá una medida cautelar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por lo que considera un acto de persecución, hostigamiento, acoso y represalia. Otra decisión que ha merecido el rechazo de un gran sector de la población fue la reciente suspensión del fiscal Rafael Vela, coordinador del equipo especial Lava Jato. Vela también se ha pronunciado sobre este agitado inicio de semana: “Lo que ha venido sucediendo en el Ministerio Público es indignante, frustrante, y genera tristeza, porque, nuestra institución, a lo que nosotros nos debemos, pensaba que podría haber una esperanza, una expectativa, con la señora Benavides, pero ahora la vemos defraudada a estos niveles delictivos”.
Ayer en horas de la tarde, el curso de los acontecimientos dio un giro: en el momento más vulnerable de su gestión, la fiscal de la Nación, Patricia Benavides presentó una denuncia constitucional contra la presidenta Dina Boluarte y el primer ministro Alberto Otárola por las muertes de los manifestantes durante las protestas en contra del gobierno. La denuncia por presunta comisión del delito de homicidio calificado también incluye a los exministros del Interior, César Augusto Cervantes, Víctor Rojas Herrera y Vicente Romero.
En tanto, la congresista Ruth Luque denunció constitucionalmente a Benavides por presunta infracción a la Constitución y los supuestos delitos de organización criminal y tráfico de influencias. A su vez, ha trascendido que la Junta de Fiscales Supremos se ha reunido para pedirle su renuncia a la máxima autoridad del Ministerio Público. Benavides se ha defendido mediante un video, calificando de torpe el accionar de quienes la investigan. “El Ministerio Público ha sido objeto de ataques premeditados de quienes se oponen a la labor que la ley nos encarga: luchar contra la impunidad orquestada en las más altas esferas del poder (…) Este acto torpe pretende desestabilizar la independencia y autonomía del Ministerio Público, utilizando para tan deleznable propósito el mecanismo de utilizar a algunos fiscales, pero no voy a retroceder, tengo un compromiso firme con la labor que realizó (…) Hoy reafirmo mi compromiso como fiscal de la Nación frente a ustedes porque no temo a las represalias”, añadió. A poco más de una semana y media de cumplirse el primer año de gobierno de Dina Boluarte, el fuego parece avivarse otra vez, en medio de un laberinto de acusaciones.
DATO: La ‘Operación Valkiria’ es parte del caso denominado ‘La fiscal y su cúpula de poder’. De acuerdo con el Equipo Especial de la Policía Nacional del Perú en apoyo al Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder, esta presunta organización criminal se mueve en tres diferentes ejes:
Primero, se habría pretendido influir de manera ilícita en las decisiones de congresistas de la República para que destituyan a los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) a través de un procedimiento constitucional. Ello, debido a que la JNJ investiga a Patricia Benavides y podría, eventualmente, suspenderla. En contraprestación, la fiscal de la Nación archivaría una serie de denuncias de carácter penal por corrupción en favor de los mismos congresistas.
Segundo, habrían influido en la designación de Josué Gutiérrez como defensor del Pueblo, quien constitucionalmente presidiría una eventual comisión especial para seleccionar a nuevos miembros de la Junta Nacional de Justicia a fin de que Benavides pueda permanecer en lo más alto de la cúpula de la dirección administrativa del Ministerio Público.
Tercero, habrían promovido la inhabilitación de la ex fiscal de la Nación Zoraida Ávalos mediante un proceso constitucional en el Congreso. El apoyo con votos por parte de los parlamentarios sería pagado con un favorecimiento en las investigaciones que cuentan con resolución pendiente en la Fiscalía de la Nación.
El primero en hacer: Detienen a asesor de la fiscal de la Nación
El caso “La Fiscal y su Cúpula de Poder” involucra a la fiscal de la Nación en un caso de organización criminal que habría negociado votos de congresistas a cambio de archivar casos en su contra.
El Equipo de Fiscales Contra la Corrupción del Poder (EEFCCP), apoyado por un equipo policial liderado por el coronel de la Policía, Harvey Colchado, allanaron la sede de la Fiscalía de la Nación en el marco de la operación “Valkyria V”, investigando un caso de organización criminal que involucraría a la cabeza de la institución, Patricia Benavides.
También están investigando a los asesores de Benavides Vargas, Abel Hurtado Espinoza, Miguel Ángel Girao y Jaime Villanueva quienes habrían coordinado con congresistas ofreciéndoles archivar casos en su contra a cambio de votar a favor de la inhabilitación de la ex fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, de la remoción de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) y de la designación de Josué Gutiérrez como defensor del pueblo.
También se evidencian coordinaciones para designar al secretario de la comisión especial que elegirá a la nueva JNJ. El caso “La Fiscal y su Cúpula de Poder” fue investigado por la fiscal Marita Barreto, quien previamente, fue destituida de todos sus cargos por Patricia Benavides.
La diligencia también incluye la detención preliminar por 10 días, de Villanueva, asesor de la fiscal de la Nación, quien, según los chats difundidos, sería “el único autorizado para hablar en nombre” de la titular del MP.
Reacciones: Fiscales Supremos Pablo Sánchez y Juan Carlos Villena exigen la renuncia de Benavides
Los fiscales supremos Pablo Sánchez y Juan Carlos Villena consideran que las imputaciones a la fiscal de la Nación no se condicen con el desempeño debido de su cargo.
Los fiscales supremos Pablo Sánchez y Juan Carlos Villena, le exigieron la renuncia a la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, debido a los cuestionamientos que pesan sobre ella tras ser sindicada de encabezar una organización criminal que habría archivado denuncias contra congresistas a cambio de que voten a favor de sus intereses.
La carta que ambos miembros de la Junta de Fiscales Supremos enviaron a Benavides basa su pedido en la necesidad de que la titular del Ministerio Público no afecte la investigación que realiza la propia institución.
“La denuncia contra el ex asesor de la Fiscalía de la Nación, Jaime Villanueva Barreto, la involucra a usted en la realización de hechos graves sometidos a investigación penal, que no se condice con un desempeño debido de su cargo como máxima representante del MP”, dice la carta.
ADEMÁS
Los fiscales integrantes del Equipo Especial de Fiscales contra la corrupción del poder (Eficcop) expresaron este lunes su rechazo a la resolución de la Fiscal de la Nación, Patricia Benavides, que cesa a la fiscal Marita Barreto Rivero en sus funciones de coordinadora del Eficcop, en medio del destape de un caso de presunta corrupción en la alta dirección del Ministerio Público.
La respuesta de la Fiscal de la Nación: denuncia constitucionalmente a Dina Boluarte y Alberto Otárola por homicidio calificado
La denuncia se hizo luego de que Patricia Benavides fuese implicada en una organización criminal que archivaría denuncias contra congresistas a cambio de votos en favor de los intereses de la titular del MP.
La fiscal de la Nación, Patricia Benavides, presentó una denuncia constitucional en contra de la presidenta de la República, Dina Boluarte, el primer ministro, Alberto Otárola, y los exministros del Interior, Vicente Romero, César Cervantes y Víctor Rojas por la presunta comisión del delito de homicidio calificado en agravio de Víctor Santisteban durante las protestas antigubernamentales.
El anuncio fue dado por la titular del Ministerio Público cuando anunció, mediante un mensaje grabado, que no renunciaría al cargo luego de que la fiscal superior Marita Barreto la sindicara como la líder de una organización criminal que ofrecería archivar denuncias a congresistas a cambio de que voten a favor de sus intereses.
“No se debe permitir la muerte de ningún peruano ni peruana, ni tampoco el abuso del poder. No se puede permitir que se trate de dañar la imagen de fiscales honestos”, dijo en el mensaje.
Benavides aseguró que no teme a las “represalias” que tomarán en su contra y señaló que buscarían amedrentar para que no continúe “con la lucha contra la impunidad”.
José Domingo Pérez pide que la Junta de Fiscales Provinciales respalde a Marita Barreto tras investigación a la fiscal de la Nación por caso de organización criminal.
Para el ex procurador Antonio Maldonado, permanencia de Patricia Benavides como Fiscal de la Nación es insostenible.
“Todo lo que se está revelando y se está conociendo es muy grotesco y grosero.
“Si la ciudadanía no reacciona y no muestra su protesta esta situación puede ser muy deteriorante para la sociedad. El pronóstico sería reservado”
El exprocurador Antonio Maldonado expresó que es insostenible la permanencia de Patricia Benavides como Fiscal de la Nación, por las acusaciones en su contra, que implicaría un complot contra el Estado. Calificó de estrategia torpe su decisión de cesar en su cargo a la fiscal que la investiga, Marita Barreto.
“Es claramente un complot contra el Estado de derecho y la señora Benavides es insostenible en el cargo y creo que la Junta de Fiscales Supremos debería tomar acciones y si no lo hace van a ser cómplices de esta situación y tendrán que asumir las consecuencias también de esa complicidad”, dijo.
Remarcó que en el Ministerio Público los hechos que se están investigando son de tanta gravedad, que hacen incompatible la continuación de la fiscal Benavides en el cargo. “Luego tendrán que ocurrir las acciones procesales conducentes a un buen desarrollo de la investigación. El Congreso debería adoptar las medidas apropiadas para facilitar la investigación penal, porque la fiscal de la Nación goza del antejuicio”, indicó.
Señaló que la fiscal de la Nación no solo habría incurrido en la comisión de varios delitos, entre ellos el de organizar una organización criminal dentro del Ministerio Público y liderarla. “Además de ello, habría incurrido en infracciones constitucionales como es el de prestarse a maniobras políticas que ha terminado lesionando la integridad y las funciones del Ministerio Público”, aseveró.
“Buscaban defenestrar a la fiscal suprema Zoraida Ávalos, nombrar al defensor del Pueblo y defenestrar a la Junta Nacional de Justicia. Estamos frente a un complot criminal, un complot contra el Estado derecho, que, según las premisas de la investigación, estaría liderada por el propio Ministerio Público, que es más bien la institución encargada de la defensa de la legalidad, de la sociedad, de las víctimas, el titular de la acción penal pública, etcétera”, expresó.
Enfatizó que hay datos forenses de una investigación criminal que se está llevando a cabo sobre hechos muy objetivos y concretos respecto de la actuación de una organización criminal aliada con oscuras fuerzas políticas del Congreso y ante la pasividad y complicidad también de la presidenta Dina Boluarte.
También dijo que la fiscal de la Nación no tiene competencia ni atribución alguna para destituir a la fiscal Marita Barreto, a cargo del cuerpo de fiscales que la va a investigar. “Esto además de ser una maniobra desesperada de parte de la fiscal de la Nación es una maniobra torpe, porque es una maniobra de impunidad y no debería prosperar”, observó.
Sostuvo que limpiar el Ministerio Público dependerá de la reacción de la ciudadanía. “Si la ciudadanía no reacciona, no muestra su protesta por estos graves hechos y formula el planteamiento que exijan al Congreso la reconducción de sus actividades o que sea disuelto de una vez, esta situación puede ser muy deteriorante para la institución y la sociedad peruana. El pronóstico sería reservado”, precisó.
“La ciudadanía debería estar preocupada en proteger en acompañar esa investigación del juez Chávez Tamariz para que no sea vulnerada y el Poder Judicial hoy más que nunca o por lo menos las fuerzas democráticas dentro del poder judicial deberían plantar una defensa muy clara respecto a la investigación que conduce el juez que he mencionado”, subrayó.