La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, solicitó formalmente a la Corte Suprema declarar ilegal al partido Fuerza Popular, que lidera Keiko Fujimori, y cancelar su inscripción como organización política, lo que significaría su exclusión de las próximas elecciones generales.
La fiscal sustenta su pedido en que la agrupación desarrollaría “actividades contrarias a los principios democráticos”, entre ellas la presunta vulneración sistemática de derechos fundamentales. El documento indica que Fuerza Popular promovería ataques contra magistrados, periodistas, opositores y medios independientes, además de fomentar la exclusión de congresistas disidentes y justificar la violencia como método político. Incluso se menciona que el partido habría exculpado atentados ocurridos durante el Conflicto Armado Interno (1990-2000).
La reacción de Keiko Fujimori no se hizo esperar. Calificó el pedido como “abiertamente antidemocrático” y un “atentado contra la democracia”. A través de sus redes sociales, afirmó: “Confiamos en que este pedido no prosperará. Alertamos a la comunidad internacional sobre este grave atentado que intenta perpetrar una fiscal politizada”.
La lideresa de Fuerza Popular también recordó que su partido fue investigado durante diez años “y no encontraron nada”. Ahora, la Corte Suprema deberá resolver este caso en un contexto político marcado por la cercanía de las elecciones generales de 2026.