El fiscal José Domingo Pérez solicitó la suspensión del juicio oral contra la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán, con el fin de evaluar los efectos del reciente fallo del Tribunal Constitucional (TC) que benefició a Keiko Fujimori.
El TC determinó que los aportes de campaña de origen privado no constituyen delito de lavado de activos, decisión que motivó al representante del Ministerio Público a pedir la reprogramación de la audiencia prevista para el 21 de octubre. Pérez propuso que esta se realice el 26 de octubre, a fin de revisar si corresponde mantener la acusación contra Villarán bajo ese tipo penal.
La defensa de la exalcaldesa ha sostenido desde el inicio del proceso que los aportes recibidos para la campaña del “No a la revocatoria” no configuran lavado de activos, argumento que ahora recibe respaldo con el fallo del Tribunal Constitucional.
De confirmarse esta interpretación, el Ministerio Público podría modificar o retirar su acusación en ese extremo, lo que marcaría un nuevo giro en el caso que involucra a Villarán por presunto financiamiento ilícito de sus campañas políticas.
