Proteger la transparencia de un proceso electoral no es solo tarea de las autoridades, sino el pilar fundamental para garantizar que la democracia refleje verdaderamente la voluntad de los ciudadanos.

Ante la necesidad de salvaguardar la transparencia y el normal desarrollo de los procesos democráticos, la Fiscalía Provincial de Prevención del Delito de Moyobamba, adscrita al Ministerio Público del Distrito Fiscal de San Martín, recordó a la ciudadanía las graves consecuencias legales de incurrir en delitos electorales. A través de una campaña informativa orientada bajo el lema «Elecciones Sin Delitos», el organismo fiscal detalló que prácticas ilícitas como la suplantación de votantes, la compra de votos y la coacción al elector son sancionadas con penas privativas de la libertad de hasta 4 años de prisión.

Asimismo, se advierte que realizar propaganda electoral – ya sea mediante volantes, altavoces, vehículos o carteles – durante el propio día de la votación o dentro de los locales de sufragio conlleva una pena de hasta 2 años de prisión. Las sanciones más severas recaen sobre la alteración o destrucción de material electoral, castigada conhasta 8 años de prisión, y laperturbación o impedimento del proceso electoral, cuyas condenas oscilan entre 3 y 10 años de prisión.

Adicionalmente, portar arma, con o sin licencia, durante el proceso electoral se sanciona con pena no menor de 1 mes ni mayor de 1 año. Con estas advertencias, las autoridades buscan disuadir cualquier conducta al margen de la ley y recordar que la denuncia oportuna es la mejor garantía para asegurar comicios limpios en la región.

En cada jornada electoral, el voto ciudadano es sagrado; respetarlo y defenderlo sin trampas ni coacciones es la única manera de fortalecer nuestra democracia.