“La criminalidad nos está sobrepasando y el Estado no responde”
Entrevista a la doctora Berenice Romero Ohama, coordinadora nacional de las Fiscalías Especializadas en Delitos de Trata de Personas.
Se intenta pasar por alto un grave atentado contra las mujeres de la selva peruana en la Política Nacional Frente a la Trata de Personas y sus Formas de Explotación al 2030, al no abordar de forma suficiente la cosificación sexual de las mujeres amazónicas, quienes, según las estadísticas oficiales, constituyen las principales víctimas de este delito. Perú es el tercer país con mayor tasa de víctimas de esclavitud moderna en América. Solo lo superan México y Colombia, y ocupa el puesto 18 de 167 países evaluados.
En los últimos años, diversos estudios y observaciones han advertido la urgente necesidad de fortalecer la intervención del Estado para prevenir la victimización de mujeres amazónicas. En este contexto, VOCES entrevistó a la doctora Berenice Romero Ohama, coordinadora nacional de las fiscalías contra la trata de personas.
Doctora, en los últimos años se ha incrementado la trata de personas en la región San Martín y la provincia de Alto Amazonas, en Loreto. ¿Ustedes tienen mapeado este problema en la región?
Sí. Aunque no contamos con una Fiscalía Especializada en Trata de Personas en San Martín, trabajamos los casos en coordinación con SECOR y con la Fiscalía Especializada de Crimen Organizado de San Martín. La trata de personas aparece como uno de los delitos más graves asociados a la minería ilegal.
En estos lugares, la minería ilegal genera demanda de mano de obra barata y de servicios sexuales. Hemos advertido que en los alrededores de los yacimientos mineros —donde el control estatal es mínimo o nulo— existen bares con presencia de adolescentes y mujeres jóvenes que, en muchos casos, son víctimas de explotación sexual.
Además, jóvenes varones también son explotados laboralmente en campamentos mineros. Es decir, la minería ilegal no solo daña el medio ambiente, sino que también vulnera gravemente los derechos humanos.
En Tocache, durante una intervención policial en la ribera del río Huallaga, no se advirtió presencia del Ministerio Público. ¿Eso dificulta el combate del delito?
Sí, claro. El peso presupuestal asignado a la institución es insuficiente, sobre todo en zonas con geografía agreste. Sin vehículos adecuados, no podemos desplazarnos, y eso limita nuestra presencia efectiva en el territorio.
Hemos solicitado una ampliación de partida presupuestal para cubrir necesidades básicas como personal, movilidad y equipos especializados.
Hoy por hoy, solo tenemos 14 despachos especializados a nivel nacional, y eso apenas cubre 16 distritos fiscales de los 34 existentes. No contamos con suficientes cámaras Gesell, salas de entrevista, personal fiscal ni administrativo. Esto merma nuestra capacidad de acción, aunque hacemos todo lo posible con lo que tenemos.
Desde la prensa, sentimos que el crimen organizado está desbordando al Estado. ¿Qué se puede hacer desde los medios?
Tiene razón. Todas las instituciones involucradas en enfrentar la trata de personas enfrentamos un déficit presupuestal crónico. Por ejemplo, el Ministerio de la Mujer no se da abasto para atender a las víctimas, sobre todo niños, niñas y adolescentes.
Solo existen seis centros de atención residencial a nivel nacional, lo cual es claramente insuficiente para la cantidad de departamentos que tiene el país. Entonces, por más políticas que tengamos al 2030, si carecemos de presupuesto, logística y personal, nuestras operaciones se ven restringidas.
El Ministerio Público ha solicitado reiteradamente una ampliación presupuestal al MEF, pero cada año nos recortan fondos, lo que impide implementar adecuadamente las fiscalías. Nuestra carga laboral exige fiscales provinciales, asistentes, administrativos, pero no se cuenta con presupuesto para contratarlos.
Por eso, los medios de comunicación cumplen un papel clave: visibilizar esta realidad ante el Ejecutivo, demostrar que no se trata de un pedido antojadizo, sino de una necesidad urgente ante una criminalidad cada vez más organizada y con mayor capacidad logística que el Estado.
Doctora, ¿cuál sería su invocación, desde este medio regional, al Ejecutivo?
Mi invocación es clara: que el Ejecutivo reconozca las carencias reales de las instituciones que combatimos la trata de personas. Y que sepa también que hay personal comprometido, que da todo su esfuerzo, pero que necesita herramientas reales para actuar eficazmente.
Desde la Coordinación Nacional, buscamos articular acciones con otras instituciones y reforzar el trabajo. La Fiscal de la Nación, Adelia Espinoza Valenzuela, ha iniciado convenios con organismos cooperantes extranjeros, los cuales nos apoyan con hospedaje, pasajes para repatriación y albergues para víctimas, gestionados por organizaciones de la sociedad civil y religiosas.
Doctora, a veces notamos que hay distancia entre el sistema judicial y los medios. ¿Cómo superar eso?
En el caso de las fiscalías de trata, sí sé que están trabajando también en el eje de prevención, pero quizás por las limitaciones logísticas no han podido llegar a todos los espacios.
Es verdad que algunos fiscales o jueces guardan distancia con la prensa, por prudencia o por temor a vulnerar la reserva de los casos. Sin embargo, como usted bien dice, la labor de los medios es clave para acercarnos a la población, sensibilizar y educar. A título personal, no tengo inconvenientes con ningún medio; creo que la transparencia fortalece a las instituciones.
A tomar en cuenta:
“La criminalidad nos está sobrepasando y el Estado no responde con los recursos necesarios”.
“Solo tenemos 14 fiscalías especializadas para 34 distritos fiscales del país”.
“La minería ilegal alimenta la trata de personas: mano de obra barata y explotación sexual”.
“El Ejecutivo debe asignar mayor presupuesto al Ministerio Público para combatir este delito”.
“La prensa tiene un rol clave en visibilizar la situación y presionar por una respuesta estatal”.
“Sin recursos, solo estamos conteniendo un problema que crece todos los días”
Las víctimas son. mujeres entre los 13 a 24 años y suponen el 61,25 % del total de las víctimas. De ellas, el 92,3 % (722) es de nacionalidad peruana y el 6,1 % de nacionalidad extranjera. Esto muestra un perfil bastante claro de las características de las víctimas: la mayoría de las víctimas de trata en el Perú son mujeres jóvenes de nacionalidad peruana. Según el IDEHPUCP.