El caso involucra el presunto vertimiento continuo de aguas residuales al río. Corresponde ahora a la justicia actuar conforme a ley y esclarecer responsabilidades. Autoridad Nacional del Agua, concluye que la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales del distrito de Pongo de Caynarachi se encuentra inoperativa.

Una investigación del Diario Voces, sustentada en documentos oficiales y diversas fuentes institucionales, revela que el Ministerio Público ha decidido formalizar y continuar la investigación preparatoria por el presunto delito de contaminación del ambiente en el distrito de Caynarachi, provincia de Lamas, región San Martín. La disposición fiscal apunta como investigados al alcalde distrital, Cleyder Guerrero Calderón, y al gerente de Infraestructura, Juan Carlos Vela Fasanando, por presunta responsabilidad en el vertimiento de aguas residuales al río Caynarachi.

La investigación se tramita en la Carpeta Fiscal N.º 2806025200-2025-167, bajo la conducción del fiscal Mgtr. Carlos Alberto Díaz Terrones, de la Fiscalía Provincial Especializada en Materia Ambiental de Alto Amazonas, por el presunto delito de contaminación del ambiente, tipificado en el artículo 304° del Código Penal, en agravio del Estado peruano, representado por la Procuraduría Pública Especializada en Delitos Ambientales del Ministerio del Ambiente.

Según la disposición fiscal emitida el 2 de marzo de 2026, el proceso se inicia tras la denuncia presentada por el ciudadano Jair Huansi Iñapi y alrededor de 50 moradores del distrito de Caynarachi, quienes alertaron sobre un escenario persistente de contaminación hídrica generado por el mal funcionamiento del sistema de alcantarillado local.

Obra colapsada y vertimientos continuos

La cronología de los hechos descrita por el Ministerio Público indica que en el año 2022 se ejecutó la obra del sistema de alcantarillado del distrito de Caynarachi. Sin embargo, a pocos meses de su funcionamiento, en 2023, la infraestructura colapsó, registrándose rotura de tuberías y paralización de las bombas de impulsión.

Desde entonces, según la investigación fiscal, las aguas residuales domésticas se estarían vertiendo directamente al río Caynarachi, sin tratamiento alguno, generando olores nauseabundos, riesgo sanitario y afectación ambiental para la población.

Un elemento clave en la investigación es el Informe Técnico N.º 0117-2025-ANA, elaborado por la Autoridad Nacional del Agua (ANA), que concluye que la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) del distrito se encuentra totalmente inoperativa.

El documento precisa que el desagüe es conducido hasta una caseta de bombeo ubicada aproximadamente a 1 kilómetro de la PTAR, desde donde se descarga de manera directa hacia la quebrada Progreso, afluente del río Caynarachi. La descarga se realiza mediante dos tuberías de ocho pulgadas, con un caudal aproximado de 1.50 litros por segundo, lo que implica un vertimiento continuo de aguas servidas crudas.

Presunta responsabilidad de autoridades municipales

La disposición fiscal atribuye a Cleyder Guerrero Calderón, en su condición de alcalde de la Municipalidad Distrital de Caynarachi, la presunta omisión de su deber de gestión política y presupuestal, al no haber declarado emergencia ni priorizados recursos para resolver el colapso del sistema.

Del mismo modo, se señala a Juan Carlos Vela Fasanando, gerente de Infraestructura, por una presunta omisión técnica operativa, al permitir que el sistema continúe funcionando pese a encontrarse colapsado, sin adoptar medidas de contingencia.

El Ministerio Público sostiene que ambos funcionarios tenían posición de garante sobre la infraestructura de saneamiento, por lo que su inacción habría permitido la continuidad del vertimiento contaminante. La investigación considera que los hechos podrían configurarse incluso bajo la figura de “dolo eventual”, al haberse mantenido la situación pese al conocimiento del daño ambiental.

Evidencias y testimonios

Entre los elementos de convicción recogidos durante la investigación preliminar figuran declaraciones de vecinos, fotografías, memoriales ciudadanos e informes técnicos. Testigos como Jair Huansi Iñapi, Trinidad Amasifuen Ishuiza, Liliana Ruiz Dávila y Rigoberto Rioja Wuansi han señalado que el vertimiento de aguas servidas al río ocurre de manera continua desde fines de 2023, generando malos olores y afectaciones a la salud, incluyendo problemas dérmicos y molestias en la población.

Asimismo, se ha documentado que ciudadanos como Santos Amasifuen Acho presentaron solicitudes formales ante la Municipalidad Distrital de Caynarachi, advirtiendo sobre el problema sanitario y ambiental.

Investigación en marcha

La Fiscalía Especializada en Materia Ambiental ha fijado un plazo de 120 días naturales para el desarrollo de la investigación preparatoria, durante el cual se realizarán diversas diligencias, entre ellas inspecciones técnicas, toma de muestras de agua, informes de salud pública y declaraciones de los investigados.

Entre las medidas dispuestas figura una inspección técnica fiscal programada para el 20 de marzo de 2026, en coordinación con el Equipo Forense en Materia Ambiental (EFOMA), la Autoridad Nacional del Agua, la Red de Salud de San Martín y otras entidades competentes.

Falta de información oficial

En el marco de esta investigación periodística, Diario Voces intentó obtener la versión oficial tanto de la Fiscalía como de la Municipalidad Distrital de Caynarachi y autoridades del Pongo de Caynarachi; sin embargo, hasta el cierre de esta edición no fue posible acceder a información adicional ni a declaraciones oficiales sobre el avance del caso.

Mientras tanto, el proceso recién inicia su fase formal. Será el sistema de justicia el encargado de determinar las responsabilidades y establecer, conforme a ley, si existió o no delito ambiental en este caso que involucra la salud pública y la protección de los recursos hídricos de la región San Martín.