Congresista Lucinda Vásquez habla de traición de una profesora que la apoyó en tiempos de campaña y cuyo nombre está en el atestado policial, además niega conocer a hija del ministro Gallardo y haber vendido examen docente.
El abogado Napoleón Salas Velásquez, defensa legal de la congresista Lucinda Vásquez, señaló que la parlamentaria “no se ha opuesto a dicha medida, por el contrario esperamos que se realice pronto la audiencia”.
Además, adjuntó parte del escrito presentado ante el Juzgado de Investigación Preparatoria que así lo ratificaba.
“Que, al respecto debo manifestar que no tengo ninguna oposición a dicho requerimiento fiscal siempre que se realice respetando las garantías al debido proceso; y será de utilidad para el esclarecimiento de los hechos investigados”, se anotó en el escrito presentado por la congresista.
La Segunda Fiscalía Suprema solicitó ante el Poder Judicial (PJ) el levantamiento del secreto de las comunicaciones de la congresista Lucinda Vásquez (Bloque Magisterial) y otras siete personas investigadas por la presunta venta de pruebas para ascensos en la Carrera Magisterial, en noviembre del 2021.
El requerimiento también alcanza a Ynés Gallardo Calixto, hija del entonces ministro de Educación de Pedro Castillo, Carlos Gallardo, así como a María del Carmen Flores Ruiz, Olga Carmela Chávez Muñoz, María Angelina Tapia Leiva, Héctor Llamacponcca Rabelo, Jorge Fasanando Pezo y Manuel Luis Zafra Carrera.
Según una resolución obtenida por El Comercio, la fiscalía solicitó ante el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria que se dicte el levantamiento del secreto de las comunicaciones y se disponga que las empresas Telefónica del Perú (Movistar), América Móvil (Claro), Nextel (ahora Entel) y Bitel Perú informen los nombres y apellidos de los titulares de líneas telefónicas activas.
También, el registro histórico del tráfico de llamadas y mensajes de texto, y los números de las líneas telefónicas activas (titularidad) que precisa en su solicitud entre el 1 de agosto y el 30 de noviembre de 2021.
Según las pesquisas fiscales, la congresista Lucinda Vásquez habría acordado presuntamente con su co-investigada Gallardo Calixto (hija del Ministro de Educación de ese momento) para que esta ejerciera sus influencias sobre servidores del Ministerio de Educación, con acceso a la prueba única nacional del 13 de noviembre de 2021 para distribuirla a los postulantes de la región San Martín, previa venta a través de terceros.
El pedido fiscal había sido solicitado a mediados del 2022; sin embargo inicialmente fue rechazado por el juez supremo de Juan Carlos Checkley que pidió subsanar observaciones.
No obstante, la fiscalía apeló la decisión y recientemente la Sala Suprema Penal Permanente de la Corte Suprema decidió declarar fundado en parte el recurso.